Creer en la justicia o no creer en ella

Por esa razón me sorprende tanto que algunos políticos españoles que incluso han sido ministros en un gobierno democrático crean que en España solamente hay justicia cuando las instituciones judiciales – en este caso el Tribunal Supremo – dictan sentencias de su agrado. Y es que la democracia no rinde pleitesía o, al menos, no se la debería rendir a nadie, porque la grandeza del sistema que nos habíamos dado los españoles es que la separación de poderes fuese la garantía de un sistema que depende de todos. Ione Belarra ya ha salido a toda prisa para decir públicamente que la derecha judicial y mediática ha asesinado civilmente al fiscal general del Estado. Es patético y tristísimo que cincuenta años después de acabada la dictadura andemos como andamos: dando palos de ciego a diestra y a siniestra, y nunca mejor dicho. Los que conforman el gobierno de España seguramente creían que los jueces dictarían una sentencia acorde a sus deseos, pero la realidad ha puesto los puntos sobre las íes, y de acuerdo con las leyes ha sido juzgado un individuo que siendo fiscal general del Estado tuvo la osadía de revelar secretos que no podía revelar. Un individuo que sabía perfectamente que en el hecho de revelarlos constituirían un delito como los que él mismo debería perseguir... Y el tribunal que lo juzgaba ha actuado en consecuencia otorgando una sentencia condenatoria. Esto que acaba de suceder es un ejemplo para todos los que sabemos que todos los españoles estamos sometidos a la ley, que hemos de cumplirla. Seamos o no seamos fiscales generales del Estado.

Y precisamente todo lo que acaba de suceder representa un ejemplo vivo en el que debemos creer para entender qué hemos de cumplir fielmente lo que en nuestra democracia – ya cincuentona – habíamos acordado.

Ione Belarra ha demostrado con sus declaraciones que no es una demócrata, porque no cree en las instituciones que los españoles nos hemos dado a lo largo de todos estos años de democracia. Belarra es, en cambio, alguien que cree que las cosas habrían de hacerse como ella misma piensa que deberían de hacerse, pero somos millones los españoles que opinamos todo lo contrario a lo que ella opina y aquí, en este caso concreto, estamos defendiendo la igualdad y con la igualdad la libertad, el pluralismo y la tolerancia también de pensamiento, incluso los que sabemos que ella, sin ser demócrata y habiendo demostrado que no cree en nuestras instituciones, ha desempeñado, entre otros, el cargo de ministra en un gobierno que nos habíamos dado los españoles a través de las urnas.

El fiscal general del Estado ahora tendrá que reflexionar y saber que es culpable para que sea capaz de entender que el que la hace la paga. Incluso aunque a alguno de sus amiguetes se le ocurra que a través de una amnistía podría redimirse. A partir de ahora tenemos más pelotas en el tejado, más juicios pendientes de sentencia y los jueces habrán de determinar la culpa – si la hubiera.