Majadahonda planta cara a la tasa de basuras impuesta por el Gobierno

A veces, una ley puede ser mucho más que un artículo en el Boletín Oficial. Puede ser una piedra en el zapato para quienes están en primera línea de la administración pública, gestionando lo inmediato: los impuestos, los servicios, las quejas y las soluciones. La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a todos los municipios de más de 5.000 habitantes a repercutir el coste real de la gestión de basuras en los contribuyentes, ha sido, para muchos ayuntamientos, esa piedra.

Pero en Majadahonda, una ciudad que presume de tener la segunda presión fiscal más baja de España —solo por detrás de Pozuelo de Alarcón—, no han querido quedarse en la queja. Su alcaldesa, Lola Moreno, ha sido clara: “Esta tasa de basuras es un ataque en toda regla a la autonomía fiscal de los ayuntamientos”. Lo dijo en una entrevista concedida a la agencia Servimedia, pero lo ha repetido en cada foro público donde se le ha preguntado por esta cuestión. El mensaje es directo: el Gobierno ha obligado a todos los consistorios, sin excepción, a crear un nuevo impuesto, sin proporcionar ni criterios comunes ni herramientas para su aplicación equitativa.

“Nos han dejado al albur de nuestra capacidad técnica y jurídica. No se trata de una ley tributaria, sino medioambiental. No hay parámetros comunes, como sí ocurre con el IBI. Cada municipio ha tenido que improvisar una ordenanza sin referencias claras”, lamenta Moreno.

La ley, que entró en vigor en 2022 pero da de plazo hasta abril de 2025 para su implementación efectiva, impone una tasa diferenciada y específica que debe reflejar el coste exacto del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Es decir, cada vecino debe pagar exactamente lo que le cuesta al Ayuntamiento gestionar su basura. La intención es clara: incentivar la separación, reducir el volumen de residuos y acercarse a los objetivos europeos de reciclaje. Pero la forma ha dejado grietas.

Una tasa obligatoria, pero no homogénea

“Obligatoria” es la palabra clave. Aunque el tributo ha sido presentado como una forma de avanzar hacia una economía circular, su carácter imperativo ha provocado tensiones. Muchos consistorios, independientemente de su color político, se han mostrado críticos por la imposición sin herramientas. En Logroño, por ejemplo, se han visto forzados a modificar el sistema de cálculo tras las primeras protestas vecinales. En Reocín (Cantabria), el alcalde tachó la medida de “injusta” e “inviable para municipios pequeños”. Y Majadahonda ha decidido actuar por su cuenta, pero con sensibilidad.

“En Majadahonda no podíamos asumir una tasa sin pensar en los ciudadanos. Aquí el IBI está en el mínimo legal permitido, el 0,4 %. La presión fiscal ya es mínima. Así que hemos trabajado en establecer un sistema de bonificaciones que proteja a quienes más lo necesitan”, explicó la alcaldesa.

Bonificaciones por justicia social y ambiental

La nueva ordenanza, que ya ha sido aprobada, contempla bonificaciones tanto socioeconómicas como medioambientales. En palabras de Moreno, no se trata solo de cumplir con la ley, sino de hacerlo con sentido común y justicia distributiva.

Así, quienes perciben el Ingreso Mínimo Vital podrán acogerse a una bonificación del 65% sobre la nueva tasa. Los jubilados o personas con discapacidad cuya pensión sea igual o inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tendrán un descuento del 40%. Además, se ha querido premiar el compromiso ciudadano: quien acuda al Punto Limpio al menos cinco veces al año verá reducida su tasa un 10%.

Todas estas bonificaciones son “rogadas”, lo que significa que deben ser solicitadas expresamente por los vecinos. Pero el Ayuntamiento está preparando una campaña informativa para facilitar los trámites, especialmente entre la población más vulnerable o con dificultades tecnológicas.

Nuevas medidas para 2026: familias numerosas, monoparentales y domiciliación

La mirada de Majadahonda no se detiene en 2025. El Consistorio ha previsto nuevas bonificaciones para el ejercicio siguiente. Las familias numerosas y las familias monoparentales, muchas veces invisibilizadas en las políticas fiscales, contarán con una bonificación del 10%. Esta última medida es pionera en la región, y solo se ha aplicado hasta ahora, de forma muy limitada, en algunos municipios de Castellón y Álava.

También habrá un 5% de bonificación para quienes domicilien el recibo, una medida que pretende fomentar la planificación del gasto doméstico y reducir la carga administrativa del Ayuntamiento.

“Queremos que la aplicación de esta tasa sea un ejercicio de pedagogía fiscal, pero también de empatía. Sabemos que a nadie le gusta pagar más, pero si al menos entienden para qué sirve y ven que se aplica con justicia, el rechazo se reduce”, concluye Moreno.

¿Qué hará Majadahonda con lo recaudado?

El Ayuntamiento ha sido claro en su destino: la mayor parte de lo recaudado se reinvertirá directamente en el propio servicio de gestión de residuos. Esto incluye mejoras en la flota de vehículos, sustitución de contenedores y programas de educación ambiental. También se contempla reforzar la limpieza en zonas sensibles, como áreas escolares o parques públicos.

La tasa, cuya cuantía media anual rondará los 75 euros por vivienda, podrá quedar por debajo de los 30 euros en los casos con bonificaciones máximas. El impacto, por tanto, dependerá del nivel de renta, la composición familiar y la implicación del vecino en el reciclaje. Se trata, en definitiva, de un nuevo escenario fiscal que penaliza la pasividad y premia la colaboración.

Entre el control estatal y la libertad local

La polémica por la tasa de basuras trasciende a Majadahonda. Ha abierto un debate profundo sobre el papel del Estado en la gestión de lo local. La autonomía fiscal de los ayuntamientos, consagrada en la Constitución Española, se ha visto comprometida, según muchos alcaldes, por una ley que impone sin acompañar.

En un momento donde la agenda medioambiental es más urgente que nunca, y la financiación municipal sigue siendo un terreno resbaladizo, la pregunta no es solo si hay que pagar por generar residuos, sino cómo se fija ese precio, quién lo decide y en qué condiciones.

Majadahonda ha decidido dar respuesta a esa pregunta con medidas concretas, con sensibilidad social y con transparencia. Ahora, serán los vecinos quienes, con sus decisiones y su implicación, conviertan esa respuesta en una oportunidad o en una carga.