La investigación de la Ciudad Deportiva sacude al PSOE en Alcalá: el concejal Alberto Blázquez, citado por la Justicia

La política local de Alcalá de Henares se ve sacudida por una investigación judicial que amenaza con abrir un nuevo frente al PSOE madrileño. El concejal socialista Alberto Blázquez, figura de confianza del exalcalde Javier Rodríguez Palacios, ha sido citado a declarar como investigado el próximo 14 de octubre por el Juzgado de Instrucción número 6. La causa analiza presuntas irregularidades en la gestión del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, bajo sospecha de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

La investigación, iniciada en 2024 tras una denuncia presentada por Víctor Acosta, concejal de Vox y actual presidente del organismo, fue asumida por la Fiscalía, que apreció indicios de delito y trasladó el caso a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Desde entonces, los agentes han recopilado abundante documentación e informes que han llevado al juzgado a prorrogar la instrucción hasta marzo de 2026.

¿Qué se investiga en la Ciudad Deportiva?

La Ciudad Deportiva Municipal, encargada de la gestión de instalaciones y servicios deportivos en Alcalá de Henares, habría sido escenario de supuestas irregularidades en la contratación de servicios y en la gestión económica durante gobiernos socialistas.

El auto judicial identifica a varios responsables:

• Alberto Blázquez (PSOE), concejal y entonces vicepresidente y posteriormente presidente de la Ciudad Deportiva.
• Dos técnicos municipales: el jefe administrativo de Personal, Contratación y Compras, y el coordinador de Instalaciones Deportivas.
• Bajo la lupa también se encuentra la etapa de Javier Rodríguez Palacios, exalcalde socialista, que presidió el organismo en gran parte del periodo investigado.

La respuesta política: reproches de “doble vara de medir”

El caso ha generado un terremoto político en Alcalá. La portavoz adjunta del Grupo Municipal Popular, Orlena de Miguel, acusó al PSOE de incoherencia y “doble vara de medir”.

“Hace apenas unos días exigían apartar a un funcionario por aparecer citado en prensa sin causa judicial. Hoy, en cambio, apoyan sin fisuras a un concejal que sí está siendo investigado por un juzgado”, denunció De Miguel en una nota difundida este lunes.

Los populares reclaman que Blázquez sea apartado de sus responsabilidades municipales mientras se esclarecen los hechos. “Lo que pedimos es que no apliquen siempre la ley del embudo: lo ancho para ellos y lo estrecho para los demás”, recalcó la edil.

Además, De Miguel señaló directamente a Rodríguez Palacios, hoy diputado autonómico y miembro del Comité de Ética del PSOE:
“Es muy llamativo que quien presidía la Ciudad Deportiva cuando se produjeron los hechos investigados sea precisamente miembro del comité de ética del PSOE. Aunque, bien pensado, es bastante coherente con la tradición socialista de poner al zorro a cuidar del gallinero”.

El PSOE defiende la cautela y denuncia “cortinas de humo”

Desde las filas socialistas, la respuesta ha sido más contenida. Dirigentes del PSOE en Alcalá han calificado las denuncias como un intento de “cortina de humo” y han acusado a la oposición de señalar a trabajadores municipales sin que existan aún pruebas concluyentes. La línea oficial es clara: presunción de inocencia y confianza en que la investigación aclare los hechos.

El propio Rodríguez Palacios, en intervenciones previas, ha defendido la legalidad de la gestión durante sus mandatos y ha advertido contra lo que considera una utilización política de la Justicia.

Más allá de Alcalá: un caso con eco en el PSOE madrileño

La investigación no es un asunto meramente local. Blázquez y Rodríguez Palacios mantienen una vinculación directa con la dirección del PSOE de Madrid y con el círculo de confianza de Óscar López, actual jefe de gabinete de la Presidencia del Gobierno. La coincidencia temporal con la investigación a otros miembros de su entorno añade presión política y mediática.

El caso pone a prueba el código ético del PSOE, que exige ejemplaridad a sus cargos cuando se ven afectados por procedimientos judiciales. La pregunta es si se aplicará ese criterio con Blázquez o si el partido optará por aguantar el desgaste hasta que la Justicia se pronuncie.

Impacto local: la gestión deportiva en entredicho

En Alcalá, el proceso genera inquietud entre vecinos y usuarios de las instalaciones deportivas. La Ciudad Deportiva es uno de los principales servicios públicos del municipio y su gestión ha sido históricamente objeto de debate político.

Si la investigación confirma irregularidades, el impacto económico y reputacional para el Ayuntamiento podría ser significativo. No se trata solo de la posible responsabilidad penal de los implicados, sino también de la confianza de los ciudadanos en la gestión pública.

Cronología del caso

• 2024: Vox denuncia presuntas irregularidades en la Ciudad Deportiva.
• Finales de 2024: La Fiscalía aprecia indicios de delito y deriva el caso a la Policía Nacional.
• 2025: La UDEF incauta documentación y traslada sus informes al juzgado.
• Septiembre 2025: El Juzgado de Instrucción número 6 cita a declarar como investigados a Blázquez y a varios técnicos.
• 14 de octubre de 2025: Fecha fijada para la comparecencia judicial.
• Marzo de 2026: Nueva fecha límite de la instrucción tras la prórroga acordada por el juez.

Entre la presunción de inocencia y la responsabilidad política

El caso de la Ciudad Deportiva coloca al PSOE en una situación delicada: equilibrar la defensa de la presunción de inocencia con la exigencia de responsabilidades políticas.

Mientras la oposición pide la dimisión o apartamiento de Blázquez, los socialistas se aferran a la prudencia. En juego está no solo el futuro político del concejal y el papel de Rodríguez Palacios, sino también la credibilidad del PSOE como fuerza que reclama ejemplaridad en otros ámbitos.

La próxima cita en el calendario, el 14 de octubre, marcará un hito: será el momento en que los investigados den su versión ante el juez y en el que la presión política sobre el PSOE pueda aumentar todavía más.

La versión del PSOE: “Una denuncia interesada de Vox”

Tras conocerse la citación, el PSOE de Alcalá de Henares difundió un comunicado en el que muestra su “apoyo total” al concejal Alberto Blázquez y a los trabajadores municipales implicados.

El partido subraya que en el auto judicial se habla de “delitos sin especificar” y que no se concretan los hechos denunciados. Según el texto, Blázquez ejerció sus responsabilidades “de forma honesta, honrada y rigurosa, siguiendo siempre la normativa vigente y las indicaciones de los técnicos municipales”.

 

El PSOE acusa a Vox y a su portavoz, Víctor Acosta, de haber promovido una “denuncia interesada” que supone además una “persecución injustificada” contra empleados de la Ciudad Deportiva, “que llevan décadas trabajando bajo gobiernos de distinto signo político”.

Los socialistas recuerdan que en legislaturas pasadas ya se presentaron denuncias similares que acabaron sobreseídas y confían en que este procedimiento tenga el mismo desenlace.

Por último, denuncian lo que califican de “caza de brujas” de Vox contra cargos públicos del PSOE en distintos municipios y administraciones, y reafirman su apoyo a Blázquez, que “colaborará con la Justicia para esclarecer los hechos”.