Alcalá de Henares aprueba prohibir el acceso con niqab y burka a edificios municipales
El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado este 17 de febrero una moción para regular el acceso a las dependencias municipales cuando exista ocultación integral del rostro, incluyendo prendas como el niqab o el burka. La medida, respaldada por el Gobierno municipal que preside Judith Piquet, se fundamenta en criterios de identificación y seguridad en la prestación de los servicios públicos.
La iniciativa, presentada por el Grupo Municipal VOX y aprobada en sesión ordinaria, establece como condición funcional para acceder a instalaciones municipales la posibilidad de identificación visual del rostro cuando esta resulte necesaria para la verificación de identidad, la prevención de suplantaciones, la protección de datos personales o la seguridad de usuarios y empleados públicos.
El acuerdo señala que la regulación no hace referencia a ninguna confesión religiosa concreta ni se apoya en consideraciones ideológicas o culturales, sino en un criterio objetivo vinculado a la ocultación integral o sustancial del rostro, con independencia del significado o procedencia de la prenda utilizada.
La norma prevé excepciones en supuestos debidamente acreditados por razones médicas, de salud pública o por exigencias de seguridad laboral. Asimismo, se limita exclusivamente al ámbito de las dependencias municipales y no se extiende a la vía pública, donde el Ayuntamiento carece de competencias para imponer restricciones generales sobre la vestimenta.
Desde el Ejecutivo local se recuerda que la medida se ampara en los artículos 10.1, 14 y 103.1 de la Constitución Española, así como en los artículos 25.2 y 84 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que atribuyen a los ayuntamientos potestades en materia de autoorganización, seguridad y gestión de instalaciones públicas.
El texto aprobado deberá desarrollarse mediante un reglamento o norma interna cuya redacción se encomendará a los servicios jurídicos municipales, con el objetivo de garantizar su claridad y correcta aplicación. Además, se prevé que la regulación sea objeto de publicidad en los accesos a las dependencias municipales.
El Gobierno municipal defiende que la medida busca garantizar el normal funcionamiento de los servicios, la igualdad en el acceso a la administración local y la seguridad jurídica en los trámites presenciales. La decisión ha abierto ya el debate político sobre el alcance de las competencias municipales y el equilibrio entre seguridad administrativa y derechos fundamentales.