Las denuncias ecologistas impulsan las obras para frenar los vertidos de Ciudalcampo al río Guadalix
El Canal de Isabel II ejecuta un colector de 4 kilómetros y 6,5 millones de euros para conectar la urbanización con una depuradora y acabar con décadas de contaminación
Las denuncias presentadas por colectivos ecologistas han forzado el inicio de las obras para poner fin a los vertidos de aguas residuales sin depurar procedentes de la urbanización Ciudalcampo, en San Sebastián de los Reyes, que durante años han afectado al río Guadalix, un espacio protegido integrado en la Red Natura 2000.
El Canal de Isabel II ha comenzado la construcción de un colector de cuatro kilómetros que permitirá conducir las aguas residuales hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Arroyo Quiñones, una actuación con un presupuesto de 6,5 millones de euros financiados íntegramente con fondos públicos.
Décadas de vertidos en un espacio protegido
La urbanización Ciudalcampo, que cuenta con alrededor de 1.200 viviendas de alto nivel adquisitivo, ha vertido durante décadas aguas fecales al río Guadalix. Estos vertidos han deteriorado la calidad del agua y han tenido impacto también en el río Jarama, en un tramo catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
Según las denuncias ecologistas, la zona disponía de una instalación de depuración sin capacidad real de tratamiento, lo que ha provocado afecciones ambientales prolongadas y molestias para vecinos de áreas cercanas, especialmente en la urbanización de Santo Domingo, que han soportado malos olores, proliferación de insectos y posibles riesgos sanitarios.
Las denuncias activan la intervención administrativa
Desde 2019, la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, integrada en la Plataforma Ecologista Madrileña, alertó sobre la situación ante distintas administraciones. Ante la falta de respuestas efectivas, en 2020 se presentó una denuncia ante la Fiscalía y el SEPRONA.
Estas actuaciones derivaron en la revocación de la autorización de vertido y en la puesta en marcha del proyecto actual, que permitirá trasladar los residuos al sistema de depuración regional y eliminar los vertidos directos al cauce.
Los colectivos ecologistas destacan que el caso demuestra que la presión social y las acciones legales pueden impulsar la actuación institucional en la protección del medio ambiente.
Financiación pública y debate sobre los costes
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es su financiación. La normativa urbanística y el Plan Director de Saneamiento de 1998 establecían que los propietarios de la urbanización debían asumir parte del coste de las infraestructuras de saneamiento.
Estudios técnicos previos estimaban una contribución inicial superior a 1,1 millones de euros, actualizable en función del coste final. Sin embargo, el proyecto actual establece que la inversión será asumida por el Canal de Isabel II mediante convenios con los ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Algete.
Las organizaciones ecologistas han criticado que el coste recaiga finalmente en fondos públicos, al considerar que se trasladan a los contribuyentes obligaciones que correspondían a los propietarios.