Madrid pide auditar las autorizaciones de macroplantas fotovoltaicas por posibles irregularidades
La iniciativa responde a la preocupación del Ejecutivo autonómico por posibles irregularidades en la tramitación de estos proyectos.
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha trasladado esta petición mediante una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la que reclama verificar que las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) se han otorgado con el rigor técnico exigido.
Sospechas sobre la tramitación de 53 proyectos fotovoltaicos
En la Comunidad de Madrid se han aprobado hasta ahora 53 proyectos de grandes plantas solares que ocupan más de 10.000 hectáreas. Según el Ejecutivo regional, existen “graves sospechas” sobre la forma en que se han concedido algunas de estas autorizaciones.
La petición de auditoría busca esclarecer si los procedimientos se han ajustado a la normativa y si se han respetado los criterios ambientales establecidos por la Unión Europea. Además, el Gobierno autonómico advierte de posibles deficiencias en la tramitación que podrían afectar tanto al entorno natural como a la seguridad jurídica de las inversiones.
Equilibrio entre transición energética y protección del territorio
Desde la Comunidad de Madrid insisten en que el impulso de las energías renovables es necesario, pero debe desarrollarse de forma ordenada y compatible con la protección del medio ambiente y la actividad agrícola.
En este sentido, el Ejecutivo regional alerta del impacto que estas infraestructuras pueden tener sobre suelos de alto valor productivo, especialmente en cultivos como el olivar y el viñedo, considerados estratégicos desde el punto de vista económico y cultural.
También cuestiona que, en algunos casos, las declaraciones de impacto ambiental se hayan aprobado antes de una adecuada planificación territorial, lo que podría derivar en una ocupación desordenada del suelo.
Madrid pide más competencias para las autonomías
Entre las propuestas planteadas, el Gobierno madrileño reclama reforzar el papel de las comunidades autónomas en la evaluación de estos proyectos. En concreto, solicita que los informes territoriales autonómicos sean vinculantes, incluso en aquellas instalaciones cuya autorización corresponde al Estado.
Asimismo, plantea revisar el actual marco competencial para que las regiones puedan asumir la evaluación ambiental de todas las plantas fotovoltaicas, incluidas las de más de 50 megavatios, que son las de mayor impacto.
Un plan regional para limitar el impacto de las plantas solares
Como medida preventiva, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un Plan de Protección del Paisaje que limita al 4% del territorio regional las áreas destinadas a instalaciones fotovoltaicas.
Este plan incluye un mapa de zonificación que identifica los espacios aptos y excluye aquellos con alto valor ambiental, agrícola o cultural. Además, prioriza el uso de infraestructuras ya existentes, como cubiertas de edificios o terrenos de baja productividad, frente a la ocupación de suelo agrícola.
Según datos del Ejecutivo autonómico, el número de instalaciones en este tipo de espacios ha crecido de forma significativa en los últimos años, pasando de unas pocas centenas en 2018 a más de 100.000 en la actualidad.