La justicia avala el crematorio de la M-40 y los vecinos reactivan protestas en el sur de Madrid

Los vecinos de los distritos madrileños de Usera y Villaverde han decidido retomar las movilizaciones contra el polémico crematorio proyectado en el Tanatorio de la M-40, gestionado por la empresa Parcesa, tras la reciente resolución judicial que respalda su legalidad desde el punto de vista técnico y urbanístico.

El pasado mes de marzo, el Tribunal de Instancia de Madrid desestimó el último recurso presentado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), concluyendo que la instalación cumple con los requisitos técnicos exigibles y no vulnera la normativa vigente. La sentencia también establece que el proyecto no requiere evaluación ambiental obligatoria, avalando así el criterio del Ayuntamiento de Madrid.

Este fallo supone, en la práctica, un respaldo al Gobierno municipal liderado por José Luis Martínez-Almeida, aunque no definitivo, ya que aún cabe recurso. Sin embargo, lejos de desmovilizar a los vecinos, la decisión judicial ha provocado el efecto contrario: una intensificación de la protesta ciudadana.

Movilizaciones vecinales y nueva hoja de ruta

Las protestas han arrancado este domingo 19 de abril con una concentración y asamblea ciudadana en el parque frente al Tanatorio de la M-40. El objetivo es definir nuevas acciones para frenar la puesta en marcha de una infraestructura que califican de “ilegal, injusta e insalubre”.

Las asociaciones vecinales, especialmente desde el barrio de San Fermín y el entorno de Butarque, han dejado claro que su estrategia pasa por recurrir la sentencia, esperar el desarrollo de la denuncia paralela contra el informe ambiental de la Comunidad de Madrid y tratar de paralizar la licencia de funcionamiento hasta que se resuelvan todos los procedimientos judiciales.

Denuncian discriminación territorial en el sur de Madrid

Uno de los argumentos centrales del movimiento vecinal es la supuesta discriminación histórica que sufren los barrios del sur de la capital. Según denuncian, infraestructuras potencialmente molestas o contaminantes se concentran sistemáticamente en estas zonas.

“Siempre hay una sentencia que permite instalar cosas nocivas en el sur de Madrid”, lamentan, señalando que mientras en el norte y el centro este tipo de proyectos encuentran mayores resistencias, en sus barrios “todo vale”.

Los vecinos enumeran otras instalaciones cercanas como incineradoras, depuradoras o focos de malos olores, que contribuyen, aseguran, a un entorno degradado y a una peor calidad de vida.

Preocupación por la salud y proximidad a viviendas

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la cercanía del crematorio a zonas residenciales. Según las asociaciones, la chimenea se situaría a menos de 250 metros de viviendas, lo que ha generado preocupación por posibles efectos en la salud.

La sentencia indica que corresponde a la Comunidad de Madrid determinar si deben aplicarse restricciones adicionales cuando la distancia sea inferior a 500 metros. Este aspecto será clave en los próximos litigios.

Los vecinos insisten en que, más allá de los informes técnicos, existe una “situación de injusticia evidente” que afecta directamente a su bienestar y salud.

Apoyo político y críticas al Ayuntamiento

El movimiento vecinal cuenta con el respaldo de diversas formaciones políticas y sociales, entre ellas Más Madrid, PSOE y Podemos, que han criticado la actuación del Ayuntamiento.

Desde el PSOE, su representante Enrique Rico ha subrayado que el proyecto supone un riesgo por su proximidad a viviendas y centros escolares, además de denunciar que el Gobierno municipal “gobierna de espaldas a los vecinos”.

Por su parte, desde el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento se mantiene el silencio, mientras que la Comunidad de Madrid defiende que ha cumplido con todas sus obligaciones legales en materia de calidad del aire y protección ambiental.

Un conflicto abierto en los tribunales y en la calle

El futuro del crematorio de la M-40 sigue siendo incierto. Con procedimientos judiciales aún en marcha y una movilización vecinal que promete mantenerse activa, el conflicto se sitúa tanto en los tribunales como en las calles.

Los vecinos lo tienen claro: continuarán luchando hasta lograr la paralización del proyecto, convencidos de que su causa es justa y de que aún quedan vías legales por explorar.