Nexo vuelve a impulsar su proclamación en el COAM tras la paralización judicial de la toma de posesión
La crisis institucional que atraviesa el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha sumado un nuevo capítulo. La candidatura Nexo COAM, encabezada por Jesús San Vicente, ha anunciado su intención de retomar el proceso para asumir el gobierno de la institución y celebrar próximamente la toma de posesión de su Junta de Gobierno, una iniciativa que llega apenas unos días después de que la Justicia paralizara cautelarmente una investidura prevista para el pasado 16 de junio.
El anuncio reabre además una de las principales incógnitas jurídicas del conflicto: si una candidatura que no obtuvo la mayoría de los votos en las urnas puede ser proclamada para dirigir el Colegio antes de que exista una resolución judicial firme sobre las consecuencias definitivas del proceso electoral.
La formación ha difundido un comunicado en el que interpreta los últimos pronunciamientos judiciales como un respaldo suficiente para proceder a su proclamación definitiva y considera despejados los obstáculos que habían impedido hasta ahora el relevo en la dirección del Colegio.
La interpretación realizada por Nexo COAM no ha sido asumida institucionalmente por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y se produce en un contexto en el que continúa existiendo controversia jurídica sobre el desenlace definitivo del proceso electoral.
Sin embargo, ninguna resolución judicial firme ha establecido hasta la fecha que la candidatura encabezada por Jesús San Vicente deba asumir el gobierno del COAM ni ha resuelto qué consecuencias tendría una eventual invalidez de la candidatura que resultó vencedora en las elecciones.
La candidatura sostiene que las resoluciones judiciales más recientes confirman la inadmisibilidad del recurso promovido por Sigfrido Herráez y que ello supone el decaimiento de las medidas cautelares que permitieron a Todos COAM concurrir a las elecciones.
Sobre esa interpretación, Nexo COAM considera que no existen ya impedimentos para que la Mesa Electoral formalice la proclamación de Jesús San Vicente y de su Junta de Gobierno. Por ese motivo, ha anunciado que la próxima semana podría convocarse el acto público de toma de posesión.
La iniciativa constituye, en la práctica, un nuevo intento de activar la investidura de San Vicente después de que una anterior toma de posesión quedara suspendida por decisión judicial hace apenas unos días.
Una disputa que se prolonga desde las elecciones de 2025
El origen del conflicto se encuentra en las elecciones colegiales celebradas en 2025.
La candidatura encabezada por el entonces decano, Sigfrido Herráez, fue cuestionada por diversos colegiados al entender que podía incumplir las limitaciones estatutarias relativas al número máximo de mandatos consecutivos.
La Mesa Electoral acordó finalmente excluir dicha candidatura del proceso. No obstante, distintas medidas cautelares permitieron posteriormente que Herráez y su equipo concurrieran provisionalmente a las elecciones mientras se resolvía la controversia en los tribunales.
Aquellos comicios concluyeron con la victoria de Todos COAM, la candidatura liderada por Herráez, que obtuvo el respaldo mayoritario de los arquitectos madrileños que participaron en las votaciones.
Ese dato continúa siendo uno de los elementos centrales de la controversia. Aunque la discusión judicial gira en torno a la elegibilidad de aquella candidatura, los tribunales todavía no han determinado si una eventual invalidez de la lista más votada implicaría la proclamación de otra candidatura o la necesidad de convocar nuevamente a los colegiados a las urnas.
Desde entonces, la situación institucional del Colegio ha quedado marcada por una compleja batalla jurídica destinada a determinar si aquella candidatura cumplía o no los requisitos exigidos para concurrir a las elecciones.
La toma de posesión suspendida por el juzgado
Uno de los episodios más significativos de esta semana se produjo el pasado 15 de junio.
Ese día, la Sección de lo Contencioso-Administrativo número 18 del Tribunal de Instancia de Madrid acordó suspender cautelarísimamente la toma de posesión prevista para el día siguiente de una nueva Junta de Gobierno del COAM.
La resolución judicial respondía a la petición formulada por la representación procesal de Sigfrido Herráez y tenía por objeto preservar la tutela judicial efectiva mientras el juzgado resolvía diversas cuestiones procesales relacionadas con la vigencia de medidas cautelares anteriores.
En su auto, el magistrado José María Abad Liceras argumentaba que todavía existían trámites pendientes de resolución y consideraba necesario garantizar la seguridad jurídica antes de permitir que se produjeran actuaciones que pudieran tener consecuencias institucionales relevantes.
La medida tuvo como efecto inmediato la paralización de la toma de posesión prevista para el 16 de junio.
Un nuevo intento de proclamación
Apenas unos días después de aquella suspensión judicial, Nexo COAM ha vuelto a situar sobre la mesa la posibilidad de asumir el control de la institución.
La candidatura interpreta que los últimos movimientos judiciales permiten reactivar el proceso para acceder al gobierno colegial. Sin embargo, la legitimidad de esa eventual proclamación continúa siendo uno de los aspectos centrales de la controversia.
La iniciativa constituye, en la práctica, un nuevo intento de activar la investidura de San Vicente después de que una anterior toma de posesión quedara suspendida por decisión judicial hace apenas unos días.
La iniciativa parte de la interpretación realizada por la propia candidatura sobre los últimos movimientos judiciales y no de una resolución firme que haya ordenado expresamente la toma de posesión de Jesús San Vicente ni de un acuerdo institucional adoptado por los órganos de gobierno del Colegio.
La legitimidad de esa eventual proclamación sigue siendo precisamente uno de los puntos no resueltos del conflicto, ya que ninguna resolución firme ha establecido todavía que la candidatura que no obtuvo la mayoría de los votos deba asumir el gobierno de la corporación.
La pretensión de asumir el gobierno colegial continúa siendo objeto de controversia porque los tribunales no han establecido todavía si la eventual invalidez de la candidatura vencedora conduciría automáticamente a la proclamación de otra candidatura o si sería necesario someter nuevamente la cuestión al voto de los colegiados.
Lo que todavía no han resuelto los tribunales
Más allá de las distintas resoluciones dictadas hasta la fecha, el núcleo de la controversia sigue sin haber sido resuelto mediante una sentencia firme sobre el fondo del asunto.
La cuestión esencial continúa siendo determinar si la candidatura encabezada por Sigfrido Herráez reunía o no los requisitos necesarios para concurrir al proceso electoral.
Esa pregunta resulta determinante porque de su respuesta dependerán las consecuencias jurídicas del conjunto del proceso.
Los últimos autos conocidos han abordado cuestiones procesales y cautelares, pero no han establecido de manera definitiva cuál debe ser la solución final del conflicto electoral.
Además, continúa existiendo actividad judicial relacionada con este proceso.
Esta misma semana el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid ha admitido a trámite una demanda promovida por varios integrantes de la candidatura de Herráez contra una resolución del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid de mayo de 2025 y ha abierto el correspondiente trámite para estudiar la solicitud de medidas cautelares planteada por los demandantes.
La admisión a trámite no supone una resolución sobre el fondo ni implica pronunciamiento alguno sobre quién debe gobernar la institución, pero evidencia que la controversia judicial sigue abierta.
Del mismo modo, ninguna de las resoluciones conocidas hasta la fecha establece expresamente que deba producirse la proclamación de la candidatura encabezada por Jesús San Vicente ni fija un calendario para un eventual relevo en el gobierno colegial.
La cuestión de fondo: qué ocurre si una candidatura resulta no elegible
Más allá de las posiciones enfrentadas de las distintas candidaturas, existe una cuestión que sigue sin respuesta judicial definitiva.
Si finalmente los tribunales concluyeran que la candidatura encabezada por Sigfrido Herráez no podía concurrir a las elecciones, quedaría por determinar cuál debe ser la consecuencia jurídica de esa decisión.
La tesis defendida por Nexo COAM parte de que esa eventual invalidez abriría la puerta a la proclamación de su candidatura.
Sin embargo, distintos precedentes en procesos electorales de corporaciones de derecho público y colegios profesionales muestran que, en determinadas circunstancias, la anulación de candidaturas o de procesos electorales puede desembocar en la repetición de las elecciones o en la retroacción de actuaciones para garantizar plenamente los derechos de participación de los electores.
De hecho, una de las cuestiones que sigue pendiente de aclaración judicial es si la eventual invalidez de la candidatura vencedora conduciría automáticamente a la proclamación de otra lista o si, por el contrario, exigiría la repetición del proceso electoral para garantizar que los colegiados puedan pronunciarse entre candidaturas consideradas válidas.
Esa cuestión no ha sido todavía resuelta en el caso del COAM.
Por ello, aunque Nexo COAM considera que los últimos autos despejan definitivamente su llegada al gobierno colegial, la realidad es que el conflicto electoral más importante vivido por la institución en las últimas décadas continúa pendiente de una resolución firme que determine no solo la validez de las candidaturas, sino también las consecuencias que deben derivarse de dicha decisión.
Mientras esa cuestión permanezca sin respuesta judicial definitiva, la posibilidad de una proclamación de la candidatura que no obtuvo la mayoría de los votos seguirá formando parte del debate jurídico e institucional que rodea al COAM. Por el momento, la eventual toma de posesión anunciada por Nexo COAM responde a la interpretación que la propia candidatura realiza de los últimos pronunciamientos judiciales, una posición que no cuenta a día de hoy con una sentencia firme que la respalde ni con un acuerdo institucional expreso del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.