La represión post electoral en Venezuela y el resurgir de la Sippenhaft
El 28 de julio de 2024, la oposición venezolana obtuvo una victoria histórica que no fue reconocida por el régimen de Nicolás Maduro. A partir de entonces se desató una ola de represión que la Misión Internacional Independiente de la ONU documentó entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. El informe concluye que la violencia ejercida por el Estado no fue accidental, sino parte de un plan sistemático de aniquilamiento contra opositores y personas percibidas como tales.
Principales hallazgos
Detenciones arbitrarias y terrorismo de Estado
Tras las protestas de julio de 2024, más de 2.220 personas fueron detenidas, muchas sin orden judicial ni garantías mínimas. En 2025 se han documentado al menos 200 nuevas detenciones, confirmando que la represión sigue activa.
Las detenciones no se limitan a los militantes políticos: ciudadanos extranjeros —84 de 29 países, entre ellos europeos— fueron arrestados y usados como fichas de negociación política.
Violaciones al debido proceso
La misión constató un patrón de violaciones al debido proceso: negación de acceso a abogados, manipulación de pruebas, y audiencias realizadas en condiciones de coacción.
Represalias contra familiares: la Sippenhaft
El régimen ha adoptado la práctica conocida como Sippenhaft, de origen nazi, que consiste en castigar a los familiares de opositores cuando no logran capturar al objetivo.
Entre los casos más graves se encuentran el secuestro de un familiar directo del presidente electo, ejecutado frente a menores de edad; la detención del padre de un dirigente opositor; y la aprehensión de cuatro familiares de otro opositor, entre ellos una abuela de 72 años y un niño de apenas 2 años. Estos hechos confirman la extensión de la represión más allá de los militantes, alcanzando a sus círculos más vulnerables.
Desapariciones forzadas y condiciones carcelarias
Alrededor de 100 personas permanecen en desaparición forzada. Muchas son mantenidas en aislamiento total durante meses, incrementando la incertidumbre de sus familias.
Las cárceles presentan condiciones deplorables: escasez de agua potable y alimentos en buen estado, falta de atención médica y hacinamiento. Testimonios recogidos por la misión describen celdas de castigo de apenas un metro cuadrado, sin ventilación ni acceso a baños.
Incomunicación y tortura prolongada
La represión incluye la incomunicación prolongada. En 2025 se documentaron al menos 19 casos de presos políticos mantenidos incomunicados durante semanas, meses e incluso más de un año. El aislamiento en lugares como El Helicoide ha sido descrito como una forma de tortura psicológica y física.
Aunque en agosto de 2025 fueron liberados 13 de estos prisioneros, incluyendo dirigentes opositores de relevancia, la práctica continúa aplicándose.
Privaciones arbitrarias de la vida
La misión registró 30 muertes en el periodo cubierto: 25 en el marco de protestas y 5 bajo custodia del Estado. En algunos casos, las autoridades alegaron suicidios por ahorcamiento, pero familiares y testigos refutaron estas versiones. También se documentaron muertes por negación deliberada de atención médica a personas con enfermedades preexistentes.
Torturas y violencia sexual
El informe confirma el uso sistemático de tortura: descargas eléctricas en genitales, asfixia con bolsas, golpizas y aislamientos prolongados.
La violencia sexual se emplea como mecanismo de castigo: sexo transaccional coercitivo, esclavitud sexual, desnudez forzada y abusos contra mujeres, adolescentes, hombres y personas LGBT. La impunidad es total: ningún caso ha sido investigado.
Niños y adolescentes detenidos
Se documentaron más de 220 adolescentes detenidos en el contexto de protestas; al menos cuatro permanecen en prisión. Algunos fueron víctimas de malos tratos y violencia sexual, lo que refleja la ausencia de límites en la represión.
Contexto internacional
La represión en Venezuela no es un asunto aislado. Diversos parlamentos nacionales y organismos internacionales han alertado sobre la vinculación del régimen con redes de narcotráfico y crimen organizado. El Parlamento Europeo y congresos de países latinoamericanos han instado a reconocer al denominado “Cartel de los Soles” como grupo terrorista.
Estados Unidos, junto a otros gobiernos de la región, considera la situación venezolana una amenaza a la seguridad hemisférica. La Corte Penal Internacional mantiene abierto un proceso por crímenes de lesa humanidad.
Llamado urgente a la comunidad internacional
El informe de la Misión de la ONU y los testimonios recogidos evidencian que en Venezuela opera un aparato de terrorismo de Estado, que utiliza el miedo, la violencia y la represión para perpetuarse en el poder.
La práctica de la Sippenhaft, la incomunicación prolongada, las desapariciones forzadas y la violencia sexual son violaciones flagrantes de los derechos humanos que no pueden quedar impunes.
Las organizaciones democráticas insisten en que nadie, ni dentro ni fuera de Venezuela, puede inclinar el futuro del país en una dirección distinta a la que trazó el mandato popular emitido el 28 de julio de 2024. De ahí la demanda a la comunidad internacional para que respete y respalde ese mandato, al mismo tiempo que se exige el desmantelamiento del aparato criminal de Nicolás Maduro y la acción de la justicia internacional contra quienes transgreden la ley y violan los derechos humanos.