La República Dominicana guarda silencio sobre la nacionalidad de Begoña Gómez y reabre el debate sobre la transparencia institucional
El Gobierno dominicano evita confirmar o desmentir si Begoña Gómez posee su nacionalidad, alegando privacidad, lo que aviva la polémica.
En los últimos días ha cobrado fuerza una controversia en torno a la posible nacionalidad dominicana de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El detonante ha sido la respuesta de las autoridades de la República Dominicana, que han rechazado confirmar o desmentir cualquier extremo, amparándose en el derecho a la intimidad y en la protección constitucional de los datos personales.
La cuestión no sería especialmente relevante si no fuera porque la negativa institucional se produce cuando el debate ya está instalado en la esfera pública, y porque España y República Dominicana mantienen desde 1969 un convenio de doble nacionalidad plenamente vigente, que permite conservar ambas nacionalidades siempre que se cumplan determinados requisitos.
El marco legal que hace posible la doble nacionalidad
El citado convenio, firmado durante el franquismo, establece que los ciudadanos de ambos países pueden adquirir la nacionalidad del otro sin perder la de origen. Esto sitúa la discusión en un plano jurídico real y no meramente especulativo, ya que la doble nacionalidad no es una excepción, sino una figura prevista en la ley.
Según diversas informaciones periodísticas, colectivos como Manos Limpias solicitaron que se investigara este extremo en el marco de la causa judicial que afecta a Gómez, pero la petición no prosperó. La investigación principal sigue su curso por otros hechos, mientras que este aspecto permanece fuera del procedimiento.
Privacidad frente a interés público
El argumento utilizado por el Ejecutivo dominicano para no responder ha sido el de la protección de la intimidad y los datos personales, señalando que solo instancias como Interior o la Policía podrían confirmar este tipo de información.
Sin embargo, esta postura ha generado un efecto contrario al buscado: la opacidad ha incrementado la sospecha. Como ha señalado el economista José Ramón Riera, “cuando las instituciones se esconden detrás de tecnicismos para no responder a algo sencillo, el problema ya no es la persona, es la credibilidad del sistema”.
Dos escenarios posibles
A día de hoy no existe confirmación oficial de que Begoña Gómez posea la nacionalidad dominicana. Por ello, el debate se mueve entre dos hipótesis:
Estamos ante una información falsa o exagerada que no se desmiente de forma clara, alimentando el ruido político.
Existe una opacidad institucional difícil de justificar, que impide despejar una cuestión que, una vez en la esfera pública, afecta a la confianza ciudadana.
En palabras de Riera, “la transparencia no es una opción estética, es una obligación democrática; cuando falla, todo lo demás empieza a resquebrajarse”.
Transparencia como requisito democrático
Más allá de nombres propios, el caso ha abierto un debate de fondo: qué ocurre cuando los gobiernos optan por no aclarar asuntos sensibles alegando únicamente privacidad, incluso cuando el tema ya se discute abiertamente en medios y redes.
La consecuencia es un deterioro de la confianza institucional. Porque cuando la información se oculta, no solo se protege a una persona, también se genera un vacío que otros llenan con conjeturas. Y en democracia, la opacidad casi nunca es neutral.