El Gobierno defiende que sus contactos con Venezuela se han realizado “siempre por cauces diplomáticos oficiales” en el caso Delcygate

El Gobierno ha reiterado que todas sus relaciones con Venezuela se han llevado a cabo “a través de cauces diplomáticos oficiales”, en respuesta a las nuevas informaciones y diligencias judiciales vinculadas al denominado caso Delcygate.

La afirmación figura en una respuesta por escrito remitida al Senado, en la que el Ejecutivo contesta a una pregunta del senador del Partido Popular José Antonio Monago, quien solicitó aclaraciones sobre posibles contactos con la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y otros altos cargos del régimen chavista.

Defensa de la actuación exterior del Gobierno

En su respuesta, el Ejecutivo subraya que la política exterior española se rige por “el pleno respeto al derecho internacional, los usos diplomáticos y la Constitución”, así como por los principios de promoción de la paz, la democracia y los derechos humanos.

Asimismo, recalca que la acción exterior en Iberoamérica mantiene una línea “coherente, transparente y alineada” con las posiciones de la Unión Europea y las resoluciones de Naciones Unidas, defendiendo que esta actuación es reconocida por socios internacionales.

El Gobierno insiste en que “cualquier comunicación con terceros Estados se enmarca en los instrumentos oficiales de política exterior”, con la participación de los servicios diplomáticos competentes.

Contexto judicial y nuevas revelaciones

La respuesta coincide con el avance de la investigación judicial del caso, tras la entrega al juez Ismael Moreno de documentación por parte del comisionista Víctor de Aldama, quien asegura haber recibido dicho material de Delcy Rodríguez.

Según su versión, esos documentos podrían apuntar a una presunta financiación irregular vinculada al PSOE y a la Internacional Socialista, una acusación que forma parte de las diligencias en curso.

El origen del caso Delcygate

El conocido como Delcygate se remonta al 20 de enero de 2020, cuando la dirigente venezolana intentó entrar en España a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, pese a tener prohibido el acceso al espacio Schengen por sanciones de la Unión Europea.

Desde entonces, el caso ha generado un intenso debate político y judicial sobre los contactos mantenidos por miembros del Gobierno o su entorno con representantes del régimen venezolano.

Petición de explicaciones desde la oposición

En su iniciativa parlamentaria, Monago cuestionaba qué información tenía el Gobierno sobre posibles contactos directos o indirectos con Delcy Rodríguez, así como qué ministerios habrían tenido conocimiento de los mismos.

El senador popular también aludía a la aparición de nuevos elementos en sede judicial que, a su juicio, vuelven a situar bajo escrutinio público la gestión del caso.

Posición oficial: legalidad y diplomacia

Frente a estas acusaciones, el Ejecutivo mantiene su postura y recalca que todas las relaciones internacionales se han desarrollado conforme a la legalidad y los procedimientos diplomáticos habituales, sin excepciones en el caso venezolano.