El Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada ha advertido de que la decisión del Gobierno de Chile de suspender adjudicaciones de concesiones compromete una cartera superior a los 8.000 millones de dólares, pone en riesgo alrededor de 95.000 empleos y supone un precedente que, a su juicio, afecta a la seguridad jurídica del modelo concesional chileno.
Así lo recoge el informe especial 'Chile quiebra la seguridad del modelo concesional más exitoso de América Latina', en el que analiza las consecuencias de la suspensión de varios proyectos de infraestructuras y su posible impacto sobre el sistema de colaboración público-privada desarrollado durante las últimas tres décadas.
La suspensión afecta a proyectos ya aprobados
El documento recuerda que el Ministerio de Obras Públicas del Gobierno chileno comunicó la suspensión de la adjudicación provisional de los corredores de transporte público de las Rutas 150 y 160 y de la Autopista Concepción-Talcahuano, en la Región del Biobío.
Estos proyectos, con una inversión superior a los 400 millones de dólares, ya contaban con la aprobación de los organismos técnicos competentes.
Según el informe, el Ministerio de Hacienda justificó la decisión por las actuales restricciones presupuestarias.
El Instituto advierte del precedente que se genera
Para el Instituto Coordenadas, el principal problema no reside únicamente en los 400 millones de dólares afectados por esta suspensión, sino en el precedente que se abre para el conjunto del sistema concesional.
El informe señala que existe un stock de más de veinte iniciativas ya adjudicadas por encima de los 10.000 millones de dólares que todavía no han iniciado las obras, además de una cartera prevista para licitación durante 2026 y 2027 formada por 22 procesos valorados en 8.016 millones de dólares.
Más de tres décadas de modelo concesional
El estudio recuerda que desde la adjudicación del Túnel El Melón en 1993 se han licitado en Chile 108 contratos de concesión, de los que 74 continúan vigentes, con una inversión comprometida superior a los 27.000 millones de dólares.
Asimismo, destaca que multinacionales de catorce países operan actualmente bajo este sistema y que la industria ha incrementado el patrimonio público en 23.418 millones de dólares.
El Instituto considera que el éxito del modelo ha descansado en su continuidad institucional, ya que, según expone, ocho gobiernos de diferente signo político han mantenido su funcionamiento sin alterar sus principios esenciales.
Riesgo para la seguridad jurídica
El informe incorpora las declaraciones del presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura y exministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, quien considera que la decisión supone "una señal gravísima" al introducir un factor de discrecionalidad que, según afirma, no se había producido hasta ahora en el sector concesional.
A juicio del Instituto, la concesión permite movilizar inversión privada y aliviar la presión sobre las cuentas públicas, por lo que sustituir este sistema por financiación directa del Estado incrementaría el esfuerzo presupuestario, aunque reconoce que las restricciones fiscales del país son reales.
El impacto sobre el empleo
El documento también señala que el Ejecutivo chileno había anunciado un plan nacional de infraestructuras destinado a generar más de 246.000 empleos, incluyendo 1.200 millones de dólares de inversión para la Región del Biobío con el objetivo de crear 22.000 puestos de trabajo, precisamente la zona afectada por las suspensiones.
Aplicando las ratios oficiales del Ministerio y el multiplicador estimado por la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto Coordenadas calcula que la paralización de la cartera podría dejar en suspenso alrededor de 95.000 empleos y cerca de 12.000 millones de dólares de actividad económica.
Llamamiento para recuperar la confianza de los inversores
El vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lámbas, sostiene que la fortaleza de Chile reside en su previsibilidad y seguridad jurídica, y advierte de que la reputación institucional construida durante más de treinta años puede verse comprometida por este precedente.
En este sentido, reclama restablecer las adjudicaciones suspendidas, publicar el calendario de ejecución de la cartera comprometida y blindar normativamente el principio de que los contratos adjudicados deben ejecutarse en un plazo máximo de doce meses.
Finalmente, recuerda que Chile afronta una brecha de infraestructuras cifrada en 250.000 millones de dólares, cuya cobertura, según el informe, requerirá mantener la confianza del capital privado mediante un marco estable y previsible.
