Los mutualistas llaman a una gran marcha el 27S en Madrid: “Exigimos una pasarela real al RETA y pensiones dignas”
La Plataforma Pasarela al RETA, con la abogada María José Almodóvar como portavoz, convoca junto a otras organizaciones profesionales una manifestación el 27 de septiembre en Madrid para reclamar al Gobierno y al Parlamento una integración justa en el régimen de autónomos. La protesta arrancará a las 12:00 horas desde Plaza de España, tras una concentración previa a las 11:30, y recorrerá Gran Vía, Alcalá, Cibeles, Prado y Neptuno hasta el Congreso de los Diputados. “No somos ciudadanos de segunda: no aceptaremos una pasarela que deje fuera a nuestros jubilados”, advierte Almodóvar en declaraciones a El Diario de Madrid.
Esta manifestación está respaldada por todas las plataformas. ¿Cuáles son los puntos que tienen en común con las demás plataformas y en cuales difieren?
En realidad, Plataforma como tal sólo hay una, “Plataforma pasarela al RETA”, en la que estoy integrada. Tanto nosotros como el resto de las organizaciones de afectados pretendemos el reconocimiento de una pasarela que nos dote de una vida laboral en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos acorde al tiempo y las aportaciones efectuadas a nuestras mutualidades profesionales.. Se trata de acabar con una anomalía legal por la que no se resolvió en el momento en el que se legisló la posibilidad de elegir entre uno y otro sistema el reconocimiento en el régimen público de la situación previa como mutualista. Esto nos condena a morir en el sistema mutual o resignarnos a no alcanzar una vida laboral completa.
¿Qué puntos de la Proposición de Ley consideran inaceptables y por qué?
Es inaceptable que la pasarela que se propone no alcance a todos los afectados. Los filtros que se marcan no tienen otra justificación que el beneficiar a las Mutualidades impidiendo el traslado de parte de sus mutualistas al RETA. En especial es inaceptable que se excluya a los pasivos. Cualquier mutualista que hoy esté jubilado y haya dedicado su vida profesional a su profesión, necesariamente se dio de alta cuando legalmente no se nos permitía incorporarnos al régimen de autónomos. Cuando se modificó la ley para permitirlo, no se reguló el reconocimiento del tiempo y las aportaciones previas, lo que nos dejó atrapados en el modelo. En los años siguientes, a través de nuevos giros legales, las mutualidades debieron adoptar el sistema de capitalización individual, lo que supuso para los mutualistas la pérdida de parte de lo aportado y además de las prestaciones definidas que reconocía el sistema anterior. Todo ello se hizo en la más absoluta opacidad. El resultado fue que quienes hoy están jubilados han visto como a lo largo de su vida profesional se ha ido modificando el marco legal condenándolos a pensiones que no merecen ese nombre, por ser inferiores a los mínimos que la Constitución Española garantiza a todos los ciudadanos de este país. No podemos aceptar una pasarela que excluya a nuestros pasivos.
Tampoco podemos aceptar el modelo de compra de cotizaciones que recoge el proyecto de Proposición de Ley. Se nos trata como a un colectivo que fuera ajeno al sistema de seguridad social, que nunca hubiera pagado su previsión y que ahora necesite entrar en el sistema mediante un convenio de compra. No es nuestro caso, como no lo fue el del resto de mutualistas pertenecientes a las mutualidades integradas en el sistema público desde los años 80. No somos diferentes a quienes nos precedieron, no se nos puede tratar peor que a ellos. El proyecto parte además de los fondos que nos reconoce individualmente cada mutualidad, lo que en muchos casos se aleja enormemente de lo aportado. Si no tienes fondos reconocidos o estos han mermado por diversos motivos, no puedes comprar tiempo de alta. Pongo ejemplos: Quienes se marcharon de sus mutualidades a otros regímenes de Seguridad Social antes de que su mutualidad adoptara el sistema de capitalización individual, perdieron la condición de mutualistas y los fondos comunes en los que participaban, por lo tanto no podrían comprar tiempo de alta; dos mutualistas de distintas mutualidades que hayan abonado exactamente lo mismo en los mismos períodos tienen fondos distintos, dependen del éxito de la gestión de su mutualidad, del año en el que se pasó al sistema de capitalización individual, de los acuerdo sociales relativos al reparto de rentabilidad, o al percentaje destinado a la cobertura de jubilación, etc. En definitiva, el modelo propuesto es inaceptable.
¿Cuál es la medida mínima que tendría que aprobarse para que se sintieran escuchados?
Somos profesionales cuya previsión social básica está regulada en la Ley General de la Seguridad Social de forma que hoy por hoy podemos optar entre tenerla cubierta a través del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o de la mutualidad correspondiente a nuestra profesión. Este sistema es legal y como tal requiere del control del Estado respecto de que las prestaciones que genera son suficientes. Esto no se ha hecho, por lo que se ha permitido por el Estado que quedemos totalmente desprotegidos a pesar de haber pagados nuestras cuotas como cualquiera, haber disfrutado de menos coberturas que un autónomo, empezando por la sanidad pública hasta 2012, y pagando nuestros impuestos, con los que además se complementan a mínimo las pensiones públicas, beneficio del que estamos excluidos. Esto es una sistema legal que ha resultado fallido. Cualquier medida que no contemple el tiempo durante el que hemos sido mutualistas como tiempo de alta en el Régimen de Autónomos y las aportaciones realizadas al mismo a los efectos de cálculo de las bases de cotización correspondientes a esos períodos, no es admisible, porque supondría una discriminación respecto del resto de trabajadores de este país y también en comparación con el resto de integraciones de mutualidades que se han realizado antes que las de las profesionales, las cuales siempre han operado en base a este criterio.
¿Tienen estimaciones de cuánto perderán o dejarán de cobrar los mutualistas si la Proposición de Ley se aprueba tal y como está redactada?
Ningún autónomo que haya cotizado por el mínimo los años exigidos en cada momento cobra por debajo de la pensión de jubilación mínima contributiva. Nosotros nunca hemos podido aportar a nuestras mutualidades menos del mínimo establecido por estas. Es más, hasta que no entró en vigor el sistema de capitalización individual (2005 para abogados, 2012 para procuradores…), no podíamos aportar más en nuestro plan alternativo. La vida profesional habitual supera los 40 años. Las pensiones que se están devengando en las mutualidades rondan la pensión no contributiva, que en estos momentos se establece en 574,70 €/mes en 14 pagas, o incluso está por debajo en posiblemente más del 50% de los casos. La pensión mínima contributiva del sistema público está actualmente en 1.127,60 € con cónyuge a cargo, 874,40 € sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) y 830,00 € con cónyuge no a cargo. Las pensiones públicas se abonan en 14 pagas y se actualizan anualmente. Las rentas vitalicias que abonan las mutualidades cuya cuantía estamos comparando, se abonan en 12 pagas y no se actualizan NUNCA. La pérdida de capacidad adquisitiva año a año es brutal. No podemos fijar cifras concretas, pero es fácil deducir el desequilibrio abismal entre unas y otras a igual contribución.
Los pasivos estarán muy presentes en esta protesta. ¿Qué mensaje concreto tienen para ellos?
Que no están solos. No vamos a dejar de luchar para que tengan una pensión digna, como el resto de los españoles, no somos ciudadanos de segunda. A lo largo de carreras profesionales que además han sido tradicionalmente muy largas, no sólo han contribuido religiosamente al sistema de previsión que tenían asignado legalmente, sino que han ayudado a construir este país que ahora los abandona. El día 27 de septiembre los esperamos a todos, tendrán un lugar destacado en la manifestación que se celebrará en Madrid a partir de las 11:30 h en que nos concentraremos en Plaza de España para arrancar a las 12 en Gran Vía hasta el Congreso de los Diputados.
¿A quién hacen directamente responsable de que esta situación se haya enquistado: al Gobierno, a los partidos o a las mutualidades?
Todos tienen parte de responsabilidad. Las mutualidades han actuado de manera absolutamente irresponsable. El objeto social de las mutualidades es claro, proveer de previsión social a sus mutualistas. Este objeto no era posible cumplirlo conforme al mandato contenido en la Disposición Adicional 19ª.1 de la Ley General de la Seguridad Social, con los mínimos de suficiencia establecidos en nuestra Constitución, y no tuvieron la decencia y la valentía de solicitar la integración de los mutualistas en el Régimen de Seguridad Social correspondiente, como hicieron el resto de mutualidades que nos precedieron. Por el contrario, decidieron implantar el sistema de capitalización individual que nos hacía perder las prestaciones definidas a los mutualistas, es decir, las que nos garantizaban nuestras mutualidades y nos daban certidumbre a efectos de planificar nuestra jubilación, condenándonos irremisiblemente a la indigencia en nuestra vejez. Esto no lo pudieron hacer solas, necesitaron de la colaboración de los colegios profesionales, que tienen el control de las mismas. Estos colegios profesionales de las ocho profesiones afectadas, sabiendo lo que pasaría, decidieron no informar a sus colegiados de las consecuencias que para los mutualistas tendría estar adscrito a uno y otro sistema, llevándonos a una transformación automática si no se decía lo contrario. No sólo acordaron la implantación de la capitalización individual en vez de optar por la integración en el sistema público, sino que animaron a los nuevos mutualistas a integrarse en el mismo. En cuanto a los Poderes Públicos, su foco ha estado siempre puesto sobre las empresas, las mutualidades, no sobre sus mutualistas. Las modificaciones legislativas que nos han traído aquí sólo pretendían garantizar la subsistencia económica de estas empresas, con absoluto desprecio de las consecuencias que tales cambios reportarían a los mutualistas. Es hora de revertir todos estos errores históricos de unos y otros.
¿Hay algún partido que esté claramente de su lado? ¿Temen convertirse en una bandera política para unos y un problema para otros?
El temor de ser meros instrumentos de las disputas entre partidos está siempre ahí. Soy abogada y entre los políticos con los que nos entrevistamos constantemente nos encontramos con muchos compañeros de profesión. Notamos la sensibilidad personal ante el problema de los colectivos profesionales por aquellos que son parte de estos colectivos, porque saben que nos encontramos desprotegidos a pesar de haber cumplido con nuestras obligaciones, que es necesaria una solución y que ésta ha de ser conforme a lo que demandamos. Esto me atrevo a decir que es transversal a todos los partidos políticos. Otra cosa es la postura de éstos. Hasta el momento hay varios que se han comprometido a presentar en el plazo de enmiendas al articulado actualmente abierto la consensuada entre Plataforma y parte del movimiento J2, que representamos a la mayor parte de los afectados y refleja el 1x1 que explicaba anteriormente, cosa que les agradecemos enormemente.
Muchos mutualistas aseguran sentirse engañados, pero otros defienden la mutualidad y no quieren pasarse al RETA. ¿Qué tienen de diferente unos y otros para vivir la misma situación de forma tan opuesta?
El sistema mutual como garante de la previsión social básica de los ciudadanos es infinitamente peor para el mutualista que el sistema público. A iguales aportaciones, la protección que brinda el sistema público es mucho más completa en número de coberturas (38 frente a cuatro) y en cuantía de las prestaciones, la diferencia como se ha explicado es abismal. Esto, como decía, es un dato objetivo. Quienes defienden este modelo frente al público lo hacen bien por una cuestión ideológica; bien por intereses de las propias mutualidades, singularmente la Mutualidad de la Abogacía, quien aparentemente patrocina una asociación creada ad hoc para ello; bien porque el mutualista tiene cubierta esa previsión social básica por su adscripción al sistema público por otra actividad y dándose de alta en la mutualidad profesional correspondiente en vez de en el Régimen de Autónomos para desarrollar esta segunda actividad, evita el tope máximo de las pensiones públicas.
Muchos mutualistas también dudan de que una manifestación pueda cambiar la ley. ¿Qué les responderían?
Estamos en la recta final de la tramitación parlamentaria de la Ley que va a regular la integración de los mutualistas alternativos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Llegar aquí ha sido posible gracias a la visibilización del problema. Ahora mismo los distintos partidos políticos que tienen que decir el texto definitivo de la Ley están fijando sus posturas, debemos enviarles un mensaje alto y claro, no nos vale cualquier pasarela, no nos vale que queden fuera parte de los afectados, no nos vale que nuestros pasivos queden desprotegidos. Queremos el reconocimiento de lo que por Derecho nos corresponde: del tiempo de trabajo y unas bases de cotización correspondientes al esfuerzo económico realizado y a las coberturas que hemos tenido. Esto debemos gritarlo alto y claro el día 27 de septiembre, necesitamos que se escuche en el Congreso, y para ello hemos de mostrar suficiente fuerza en la calle. Está en nuestra mano conseguirlo.
Si el 27 de septiembre no surte efecto, ¿qué pasos darán después?
Cualquier solución que no recoja nuestras reclamaciones básicas nos llevará a los Tribunales. Somos más de 100.000 afectados que nos jugamos la posibilidad de jubilarnos dignamente. Es un derecho fundamental reconocido en la Constitución. No vamos a renunciar a él.
¿Qué debería entender cualquier ciudadano que no es mutualista sobre lo que está ocurriendo con sus pensiones?
Que cualquier ciudadano tiene unos derechos básicos que en nuestro caso no se están respetando. No queremos privilegios, queremos exactamente el mismo trato que el resto de los trabajadores autónomos de este país. Como dice mi compañero y amigo Jaume García Vicente en una frase que ya se ha hecho lema: “No somos de peor condición, trátanos igual”.