Luis Tarbay: “Los venezolanos solo queremos elecciones libres y que se respeten los resultados”

La crisis política de Venezuela se ha convertido en uno de los procesos más prolongados y complejos de la historia reciente de América Latina. Más de dos décadas después de la llegada del chavismo al poder, el país continúa dividido entre un régimen que controla las instituciones y una oposición que denuncia la ausencia de garantías democráticas y la represión sistemática contra la disidencia.

Luis Tarbay, miembro de Vente Venezuela, expreso político del régimen de Nicolás Maduro y actualmente coordinador del movimiento de la diáspora del partido liderado por María Corina Machado, ha vivido ese proceso en primera persona. Desde sus inicios como activista universitario en la isla de Margarita hasta su paso por la cárcel y su actual trabajo político, Tarbay ofrece en esta entrevista con i una visión directa de la situación de los derechos humanos en Venezuela, del papel de la comunidad internacional y de las expectativas de cambio que mantienen millones de venezolanos dentro y fuera del país.

Usted comenzó su trayectoria política en la universidad, en el estado Nueva Esparta. ¿Qué le llevó a implicarse en la vida pública?

Mi participación política comenzó siendo estudiante en la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta. Estudiaba Derecho y estaba vinculado al movimiento de derechos humanos. Aquellos años coincidieron con el proceso constituyente impulsado por Hugo Chávez en 1999.

Para quienes estábamos implicados en la defensa de los derechos humanos, la nueva Constitución representaba, en teoría, un avance importante. Tenía un catálogo amplio de derechos y buscaba evitar que se repitieran episodios graves del pasado, como las violaciones ocurridas durante el Caracazo.

Incluso establecía que los tratados internacionales de derechos humanos podían tener aplicación preferente en Venezuela si ofrecían mayores garantías para las personas. Aquello convertía al sistema internacional de protección de derechos humanos en una herramienta clave para los ciudadanos.

Por eso, para muchos de nosotros esa Constitución simbolizaba una esperanza. El problema es que, con el paso del tiempo, el país fue recorriendo el camino contrario.

¿Cuándo comienza ese retroceso del que habla?

El retroceso ha sido progresivo. Hoy Venezuela ha denunciado el Pacto de San José y abandonado el sistema interamericano de derechos humanos. Además, el régimen ha desconocido decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso cuando aún estaba bajo su jurisdicción.

Lo que se ha instalado en Venezuela es un sistema que restringe las libertades políticas y elimina cualquier posibilidad de alternancia democrática. No existe una verdadera separación de poderes ni un Estado de derecho funcional.

¿Cómo consigue mantenerse un sistema así durante tantos años?

El sistema se sostiene fundamentalmente por la represión y el miedo.

Esto lo pude comprobar personalmente durante mi encarcelamiento. En prisión vimos cómo la represión no está dirigida solo contra los políticos. Es algo mucho más amplio.

Había detenidos de todos los sectores sociales: empresarios, sindicalistas, trabajadores, estudiantes, funcionarios públicos e incluso ciudadanos que no tenían ninguna relación con la política. Era como un experimento social.

La represión se dirige a toda la sociedad porque el objetivo es silenciar a todos: partidos políticos, universidades, gremios profesionales, empresas y ciudadanos.

¿Cómo describiría hoy la situación institucional del país?

En Venezuela el acceso a la justicia es prácticamente inexistente cuando se trata de abusos del poder público.

Los jueces no son independientes, el fiscal tampoco lo es y la Defensoría del Pueblo se ha convertido en un actor político más en lugar de cumplir su función de protección de los ciudadanos.

Cuando un venezolano intenta acudir a esas instituciones para denunciar una violación de derechos humanos, las posibilidades reales de obtener justicia son prácticamente nulas.

Por eso muchos casos han terminado siendo denunciados ante instancias internacionales, incluida la Corte Penal Internacional.

A pesar de estas denuncias, aún hay sectores que consideran que Venezuela sigue siendo una democracia. ¿Qué les diría?

Les diría que analicen la situación desde una perspectiva objetiva, sin sesgos ideológicos.

Basta con mirar las cifras de presos políticos, los informes de organismos internacionales, los indicadores sobre el Estado de derecho o el acceso a la justicia. Cuando uno evalúa esos datos de forma cuantitativa, el panorama es muy claro.

Incluso si alguien quiere analizarlo desde el punto de vista de los derechos económicos y sociales, también encontrará una situación muy grave. Hay que observar el acceso real de los venezolanos a servicios públicos, a la educación, al agua o a salarios dignos.

¿Cómo valora el papel que ha tenido la comunidad internacional durante estos años?

En Venezuela hemos aprendido que las relaciones internacionales también tienen consecuencias directas para los ciudadanos.

Durante años hemos visto cómo algunos actores internacionales se beneficiaban de la relación con el régimen venezolano sin tener en cuenta la situación de los derechos humanos en el país.

Eso ha generado una enorme frustración entre los venezolanos, porque mientras dentro del país no existe acceso a la justicia, muchos actores externos han preferido mirar hacia otro lado.

En España ha generado polémica el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la crisis venezolana. ¿Cómo se percibe su actuación desde su país?

Es una figura muy cuestionada en Venezuela. Es cierto que algunas gestiones concretas pudieron tener efectos positivos, como la liberación de determinados presos políticos. Pero al mismo tiempo muchos venezolanos consideran que ciertas actuaciones contribuyeron a otorgar legitimidad internacional a un régimen que se sostiene por la represión.

Al final el problema de fondo no es la legitimidad externa que algunos actores puedan otorgarle. El régimen se mantiene porque controla el poder interno y utiliza la represión como mecanismo de supervivencia.

A pesar de la situación que describe, muchos venezolanos siguen hablando de esperanza. ¿Dónde se encuentra hoy esa expectativa de cambio?

Creo que el punto de inflexión más reciente fue el 28 de julio de 2024. Ese día el país se unificó de una manera que no habíamos visto antes. A pesar de todas las limitaciones —persecución política, falta de recursos y criminalización de la participación— cerca del 90 % de los venezolanos participó en el proceso electoral apoyando el proyecto liderado por María Corina Machado.

Aquella movilización fue el resultado de un proceso que venía gestándose desde las primarias del 22 de octubre de 2023, donde se consolidó una expectativa de cambio político alrededor de un programa de gobierno llamado Tierra de Gracia.

¿Qué significado tuvo ese proceso para la oposición?

Fue mucho más que una campaña electoral. Fue un gran movimiento cívico nacional.

Miles de ciudadanos participaron como voluntarios, como testigos electorales o como organizadores del proceso. Y lo hicieron sin recursos y asumiendo riesgos personales muy serios.

Después de las elecciones muchos de esos testigos fueron perseguidos o encarcelados, y otros tuvieron que abandonar el país.

Pero ese movimiento sigue vivo en la conciencia de los venezolanos. La expectativa de cambio sigue ahí.

¿Cómo imagina el futuro de Venezuela?

Los venezolanos queremos algo muy simple: elecciones libres, justas y que se respeten los resultados.

No queremos violencia ni confrontación. Queremos una transición democrática que permita reconstruir las instituciones del país.

Eso implica restablecer la independencia de los poderes públicos, recuperar el Estado de derecho y crear las condiciones para que millones de venezolanos que hoy viven en el exterior puedan regresar.

Mientras tanto seguiremos trabajando cada día por el cese de la represión y por la libertad de todos los presos políticos. Porque la paz solo será posible cuando haya justicia y democracia en Venezuela.