José Luis Rodríguez (COIM): "Proteger un bosque no es dejarlo desatendido; la burocracia traba la prevención"

Cada verano, la reactivación de los grandes incendios forestales devuelve a la primera línea mediática el estado de nuestras masas arboladas y la eficacia de los dispositivos de emergencia. Sin embargo, detrás de la imagen de las llamas y los medios de extinción, los expertos coinciden en que la batalla contra el fuego no se decide en pleno julio, sino durante todo el año mediante una planificación estructural que evite la acumulación desmedida de combustible.

José Luis Rodríguez Gamo, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid, atiende a El Diario de Madrid para desgranar los problemas que asfixian la gestión forestal: desde la burocracia excesiva que paraliza el aprovechamiento privado hasta el abandono progresivo del sector primario. Con una mirada pragmática y alejada de posicionamientos ideológicos, reivindica la necesidad urgente de dotar de presupuestos continuados a la prevención para proteger tanto la biodiversidad como las zonas habitadas.

Arantxa Pérez Oleaga, vicedecana del Colegio de Ingenieros de Montes, señaló recientemente en televisión que el cambio climático no se puede utilizar como un comodín para justificar los incendios. ¿Se está usando como excusa para eludir responsabilidades?

Absolutamente. Es importante contextualizar cuando en los medios usamos la palabra "comodín": no se trata de negar el cambio climático, sino de evitar que se utilice para simplificar las causas de un problema extremadamente complejo.

El cambio climático existe y exacerba el escenario con episodios meteorológicos cada vez más adversos, sequías prolongadas y olas de calor extremas. En regiones como Madrid lo vemos claramente: primaveras con lluvias atípicas que provocan un crecimiento brutal de la vegetación. La gente lo ve como algo positivo, pero cuando esa masa vegetal se seca de forma drástica en verano, se convierte en toneladas de combustible perfectamente dispuesto para arder.

Por tanto, el clima agrava la situación, pero no puede ser la causa que utilicemos para tapar la raíz del problema. El verdadero foco donde hay que actuar —y el único sobre el que tenemos control— está en la falta de gestión forestal continuada y en el abandono sistemático del medio rural.

¿Cuáles son los puntos geográficos más vulnerables a sufrir un gran incendio dentro de la Comunidad de Madrid?

Existen dos áreas críticas. La primera es la Sierra Suroeste, que lamentablemente ya ha sufrido fuego este año. La segunda es la Sierra Norte, especialmente el triángulo de Somosierra, Rascafría y el Parque Nacional. Son masas continuas de pinares muy densos con una altísima carga de combustible donde es urgente intensificar los tratamientos selvícolas preventivos.

Radiografía del riesgo: El mapa forestal de Madrid

Casi el 55 % del territorio madrileño es superficie forestal y el 40 % cuenta con figuras de protección ambiental (Parques Nacionales, Regionales o Zonas ZEPA). Según el Colegio de Ingenieros de Montes, las zonas de máximo riesgo técnico son el triángulo del norte (Somosierra y Rascafría) por su alta densidad de pinar continuo, y la Sierra Suroeste por su compleja interfaz entre masa forestal y urbanizaciones habitadas.

Para un ciudadano que cree que un bosque protegido es aquel que no debe tocarse, ¿cómo se le explica que dejar la naturaleza desatendida es una bomba de relojería?

Es muy sencillo de entender y duro de asumir. El fuego forma parte del ecosistema mediterráneo desde la prehistoria; hay que aprender a convivir con él. En el triángulo del fuego (oxígeno, calor y combustible), el único factor sobre el que el ser humano puede actuar es la vegetación.

Si abandonamos los montes y dejamos de hacer clareos o desbroces, se crean masas continuas de vegetación que permiten al fuego saltar del matorral a las copas de los árboles, convirtiendo una masa arbolada en el equivalente a un depósito de gasolina. En la Comunidad de Madrid, más del 50% del territorio es superficie forestal y más de la mitad cuenta con alguna figura de protección ambiental. Paradójicamente, si no se actúa en esas zonas protegidas, es donde más combustible se acumula. Proteger no es abandonar; es vital buscar un equilibrio entre la conservación y la gestión activa y sostenible de los recursos.

Más del 60% de la superficie forestal en Madrid —y más del 70 % en España— está en manos privadas, una gran cantidad en pequeños propietarios. ¿Supone esto un obstáculo para la prevención?

No es un problema de titularidad, sino de rentabilidad y burocracia. Un pequeño propietario con 10 hectáreas en una zona protegida se encuentra con tantas trabas legislativas que no puede aprovechar ni la leña ni la madera, pero sigue pagando sus impuestos. Si no puede sacar rendimiento a su activo ni hacer arrendamientos tradicionales de miel, setas, pastos o madera para biomasa, acaba abandonándolo. En otros países europeos la extracción sostenible de madera gestiona el monte y genera energía limpia; aquí, por falta de incentivos, esa masa vegetal se pudre en el suelo actuando como combustible

Los montes privados generan externalidades positivas para toda la sociedad —captura de carbono, producción de oxígeno, regulación de la erosión o biodiversidad— que no reciben ninguna compensación. Es como si en tu casa tuvieras un hospital público gratis y el Estado no te compensara nada. Hay que incentivar la gestión privada reduciendo la fiscalidad y facilitando los aprovechamientos sostenibles.

Alcaldes y vecinos del medio rural denuncian con frecuencia que la hiperregulación y la multiplicación de administraciones retrasan la actuación en los ríos y montes. ¿Existe un problema burocrático grave?

Cuando en un mismo tramo de río o en un monte colindante intervienen el ayuntamiento, la consejería autonómica y la confederación hidrográfica correspondiente, la tramitación se complica. La lentitud en la concesión de los permisos acaba paralizando a los propietarios y vecinos.

No es raro que una solicitud para retirar vegetación muerta o hacer un desbroce de protección tarde entre 8 meses y un año en autorizarse. El problema es que los ciclos de la naturaleza no entienden de plazos administrativos: si una autorización tarda 10 meses, pierdes la posibilidad de actuación del otoño y el invierno, y el monte llega al verano exactamente igual de desatendido. Proteger especies o ecosistemas es imprescindible, pero la administración debe unificar criterios y agilizar los trámites para evitar que la inacción burocrática acabe provocando males mayores, como riadas devastadoras o grandes incendios.

La ganadería extensiva ha sido históricamente una aliada en el mantenimiento de los montes. ¿Por qué ha perdido peso en el territorio?

Falta relevo generacional y sobran trabas. La ganadería extensiva actúa como un desbrozador natural insustituible que mantiene limpios los cortafuegos y el sotobosque a coste cero para las arcas públicas. Sin embargo, dedicarse a ello es un trabajo enormemente exigente, de 24 horas los 365 días del año, que requiere incentivos reales para atraer a los jóvenes.

Si además se dificulta el pastoreo mediante burocracia compleja o se tarda casi un año en indemnizar al ganadero por los ataques de fauna silvestre, como el lobo o perros asilvestrados, la actividad se vuelve insostenible. Si la sociedad decide proteger a grandes depredadores, la administración debe asumir el coste económico real y compensar al ganadero de forma rápida y justa.

El Plan Madrid Forestal prevé invertir cerca de 160 millones de euros entre 2026 y 2030, lo que supone un incremento presupuestario de en torno a un 40% respecto a los cuatro años anteriores. ¿Es suficiente esta cifra?

Es una iniciativa magnífica y modélica por parte de la Consejería de Medioambiente de la Comunidad de Madrid, pero no es suficiente. Sabemos que los presupuestos públicos son limitados y deben atender también otras prioridades como la sanidad, la educación o la vivienda. Sin embargo, a nivel nacional, desde el Colegio de Ingenieros de Montes reclamamos una inversión a partir de 3.000 millones de euros anuales para la gestión del territorio. Si se compara con las cuantías destinadas a otras infraestructuras, es una cifra perfectamente asumible para proteger más del 50% de nuestro país.

Estos días hemos visto la movilización de numerosos recursos para extinguir el fuego, añadido a los recursos que se destinarán a la reparación de daños. ¿Por qué se destina tanto presupuesto a apagar incendios y no tanto a prevenirlos?

Porque la extinción es una medida de emergencia visible.  Nadie discute que hay que dotar a los bomberos forestales de mejores condiciones, pero es clave desestacionalizar su trabajo: los propios profesionales deben dedicarse durante el otoño e invierno a tareas de selvicultura preventiva para tener empleo estable todo el año.

Además, la prevención no es solo desbrozar el monte; exige mantener una red eficaz de pistas forestales y balsas de agua operativas para que los helicópteros no pierdan minutos críticos buscando recarga lejos del fuego. Cuando un incendio supera la capacidad de extinción de los medios técnicos por la elevada carga de combustible, el agua no basta.

Gastar millones en restaurar el terreno quemado tras el desastre es la prueba de que habría sido mucho más rentable invertir previamente en prevención selvícola.

Frente al estancamiento de otros estudios, la titulación en Ingeniería de Montes registra una gran empleabilidad. ¿Hay suficientes profesionales para afrontar este reto?

Actualmente la tasa de desempleo en la profesión es próxima al 0%. Hay una demanda altísima de profesionales en el sector forestal, el ámbito ambiental, la gestión de la biodiversidad y el bosque urbano.

Es una carrera vocacional con base en matemáticas y física, pero garantizamos que cualquier estudiante que finalice la titulación tiene trabajo asegurado antes de graduarse. Sorprende que en escuelas de referencia como la Universidad Politécnica de Madrid la nota de corte siga siendo muy accesible. Animamos activamente a los jóvenes a apostar por esta profesión.

¿Se ha moderado la postura de los colectivos ecologistas respecto a las intervenciones técnicas en el monte?

Las grandes organizaciones internacionales como Greenpeace o WWF cuentan con ingenieros y técnicos forestales en sus equipos y suscriben diagnósticos prácticamente idénticos a los nuestros. Existe un consenso técnico amplio. Las posturas más extremas e ideológicas suelen darse en planos muy locales o en debates de redes sociales. 

Desde el Colegio de Ingenieros de Montes también defendemos el hábitat de especies protegidas como la nutria, el lobo o el águila imperial, pero hay que tener una visión holística: el entorno tiene que coexistir con las personas que viven en él. Si por proteger a ultranza una masa vegetal para estas especies viene una riada o un gran incendio y destruye un pueblo de 10.000 habitantes, fallamos todos. Si los pueblos se vacían y el campo se abandona, perdemos tanto la actividad humana como la biodiversidad.

En varias ocasiones se ha reclamado un gran acuerdo político sobre el medio ambiente. Hace escasos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué características debería tener este compromiso?

Más que un pacto genérico por el clima, lo que necesitamos urgentemente es un Pacto de Estado por el Sector Forestal. La gestión de los árboles requiere horizontes temporales de 30, 40 o 50 años, algo incompatible con los ciclos electorales de cuatro años. Un ejemplo claro es el Anillo Verde de Vitoria, un proyecto modélico a nivel mundial que lleva más de 25 años en marcha con partidas presupuestarias garantizadas. Durante este tiempo han gobernado partidos de distinto signo —PNV, PP y PSOE— que alcanzaron un pacto, y todos han continuado el plan técnico.

Eso es lo que necesitamos a nivel nacional: un acuerdo de mínimos con dotación presupuestaria entre las principales fuerzas políticas que permita ejecutar una planificación a décadas, en lugar de improvisar grandes parques para la foto de una sola legislatura mientras abandonamos los bosques que ya tenemos.

Si pudieras trasladar una única petición prioritaria a las administraciones públicas, ¿cuál sería?

Que se cumpla la ley. Tanto la Ley de Montes estatal como la legislación autonómica y el Plan Forestal Español recogen de forma precisa todas las medidas técnicas que deben ejecutarse: ordenación de terrenos, tratamientos selvícolas, apertura de pistas y mantenimiento de puntos de agua. No hace falta inventar nuevos documentos ni estrategias; basta con dotar de presupuesto los planes que los técnicos ya han redactado.