Amalio de Marichalar: “España vive la fase de consumación de un golpe de Estado por hitos”

La ley de amnistía, la actuación del Gobierno ante las instituciones europeas y el papel del Tribunal Constitucional se han convertido en el eje de una intensa movilización de la sociedad civil española en los últimos meses. Entre quienes lideran esa iniciativa se encuentra Amalio de Marichalar, impulsor de diversas plataformas cívicas en defensa de la Constitución e integrante de movimientos como Españoles por la Constitución y Sociedad Civil Española.

Desde finales de 2024, estas organizaciones han remitido numerosas cartas e informes a las principales instituciones de la Unión Europea —la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo— alertando de lo que consideran una deriva institucional en España. Según explica Marichalar en esta conversación con El Diario de Madrid, el detonante fue la comparecencia de balance anual del presidente del Gobierno el pasado 15 de diciembre, en la que defendió públicamente la legitimidad de la ley de amnistía y afirmó contar con el respaldo de diversas instancias europeas.

A partir de ese momento, asegura, se puso en marcha una estrategia de denuncia ante Bruselas y Luxemburgo para advertir de lo que considera un intento de “forzar el relato jurídico” en torno a la amnistía y de debilitar los fundamentos del Estado de derecho.

En esta entrevista, Marichalar expone con dureza su visión sobre la situación política española, critica el funcionamiento de varios organismos institucionales y advierte de que, a su juicio, la democracia española atraviesa un momento “extraordinariamente grave”. También analiza el papel de las instituciones europeas, la reacción —o la falta de ella— de la sociedad española y el proceso de movilización que distintas organizaciones cívicas están impulsando en todo el país.

¿Cuál es el origen de la campaña de denuncias que han iniciado ante las instituciones europeas?

El punto de inflexión fue la comparecencia de balance anual del presidente del Gobierno el pasado 15 de diciembre. En ese acto, concretamente en el minuto 40:01, el presidente afirmó que la ley de amnistía era legítima, que era plenamente constitucional y que además contaba con el respaldo de instituciones europeas como la Comisión Europea o la Comisión de Venecia.

Aquella intervención nos puso en alerta absoluta. Porque se estaba trasladando públicamente la idea de que Europa avalaba la amnistía, cuando nuestra lectura de los informes europeos es radicalmente distinta. En nuestra opinión, lo que se desprende de esos documentos es precisamente una advertencia sobre los riesgos que esa ley supone para el Estado de derecho.

Además, el presidente añadió que incluso el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea había avalado el argumento de que la amnistía se hacía para lograr la reconciliación en Cataluña. Desde nuestro punto de vista, ese planteamiento reproduce un relato político, no un razonamiento jurídico.

Usted sostiene que aquella intervención no fue solo una defensa política de la amnistía.

Exactamente. Lo que vimos fue algo mucho más grave. Se estaba intentando condicionar públicamente el sentido de una decisión judicial sobre una ley de enorme trascendencia.

No solo se defendía la amnistía. Se adelantaba cuál debía ser el resultado del debate jurídico. Es decir, se trataba de establecer un marco narrativo según el cual cualquier decisión contraria a esa ley iría contra Europa, contra la reconciliación o contra la normalidad institucional.

Desde nuestro punto de vista, eso constituye una presión pública sobre el sistema judicial que resulta profundamente preocupante en una democracia.

¿Cómo reaccionaron tras esa comparecencia?

Tres días después, el 18 de diciembre, elaboramos un informe detallado de siete páginas que remitimos a diversas instituciones europeas. En ese documento exponíamos lo que consideramos los fundamentos de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía.

Recuperamos además numerosos informes jurídicos elaborados en España en los últimos años por juristas, asociaciones profesionales y especialistas en derecho constitucional que ya habían advertido sobre los problemas que plantea esta norma.

Hay una cuestión muy reveladora: el propio presidente del Gobierno había declarado antes de las elecciones de julio de 2023 que la amnistía no cabía en la Constitución. Lo dijo públicamente en varias ocasiones. Sin embargo, tras las elecciones cambió completamente de posición.

Eso demuestra que no estamos ante un debate estrictamente jurídico, sino ante una decisión política vinculada a la necesidad de reunir apoyos parlamentarios.

¿A quién han dirigido exactamente esas denuncias?

Hemos enviado cartas a las principales autoridades europeas: a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En esas comunicaciones hemos incluido informes jurídicos, referencias documentales y también el vídeo de la comparecencia del presidente del Gobierno.

Nuestro objetivo es que las instituciones europeas conozcan con exactitud lo que está ocurriendo y comprendan la gravedad institucional que, a nuestro juicio, representa esta situación.

También ha criticado duramente al Tribunal Constitucional.

Sí. Consideramos que el Tribunal Constitucional aprobó una ley que, desde nuestro punto de vista, vulnera la Constitución.

Además, creemos que no se valoraron adecuadamente determinados informes europeos que advertían de los riesgos de esta norma. Eso plantea un problema de credibilidad institucional muy serio.

Cuando un tribunal constitucional toma una decisión de esta magnitud, debe hacerlo analizando todos los elementos relevantes y garantizando la máxima independencia.

Usted compareció el pasado año en el Parlamento Europeo.

Sí. El 25 de septiembre comparecí ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para explicar la situación que, desde nuestro punto de vista, se está produciendo en España.

Allí solicitamos que las instituciones europeas adoptaran una posición clara en defensa del Estado de derecho y de la independencia judicial.

Nuestra posición es que las instituciones europeas existen precisamente para garantizar esos principios en todos los Estados miembros.

Recientemente también han enviado nuevas cartas.

Sí. El detonante más reciente fue conocer el viaje del presidente del Tribunal Constitucional español al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Desde Sociedad Civil Española se envió una carta al presidente del TJUE para advertir de lo que consideramos una situación institucional extraordinaria. También se enviaron comunicaciones a las principales instituciones europeas para pedirles que se pronuncien públicamente.

Nuestra petición es muy clara: que las instituciones europeas defiendan el Estado de derecho cuando consideren que está en riesgo.

¿Han recibido respuesta?

No hemos recibido respuesta formal. Pero tampoco nadie nos ha dicho que nuestras denuncias sean incorrectas.

Las instituciones europeas tienen toda la documentación. Tienen informes, cartas, pruebas, declaraciones públicas… Todo está a su disposición desde hace meses.

Por eso creemos que ha llegado el momento de que adopten una posición clara.

Muchos observadores se preguntan por qué la sociedad española no reacciona con mayor intensidad.

Esa es una pregunta muy importante. Y es verdad que sorprende que no haya una reacción más amplia.

Sin embargo, también es cierto que la sociedad civil sí se está movilizando. Durante los últimos años se han convocado manifestaciones multitudinarias en distintas ciudades españolas.

Además, este año se ha puesto en marcha una iniciativa que pretende recorrer toda España con movilizaciones periódicas en defensa de la Constitución y del Estado de derecho.

Usted ha llegado a hablar de “quiebra de la democracia”.

Es una expresión muy dura, pero refleja mi preocupación.

Cuando las instituciones pierden su independencia, cuando los contrapesos del sistema se debilitan y cuando el debate político se convierte en un enfrentamiento permanente con las reglas del Estado de derecho, la democracia entra en una situación muy delicada.

Por eso creemos que es fundamental que tanto las instituciones españolas como las europeas actúen con responsabilidad para preservar el marco democrático.

¿Qué espera que ocurra ahora?

Esperamos que las instituciones europeas analicen la situación con seriedad y que, si lo consideran necesario, se pronuncien en defensa del Estado de derecho.

Y esperamos también que la sociedad española continúe defendiendo los principios constitucionales desde el respeto institucional y el compromiso democrático.

Porque la democracia no es un sistema que funcione automáticamente. Requiere vigilancia, participación y responsabilidad por parte de todos.