La nueva tasa de residuos elevará en 150 millones la carga fiscal anual para las empresas madrileñas, según un informe
La nueva tasa de residuos supondrá 150 millones más al año para empresas en Madrid y una recaudación total de 539 millones
La implantación obligatoria de la nueva tasa de gestión de residuos en los municipios de la Comunidad de Madrid supondrá una carga fiscal adicional de unos 150 millones de euros anuales para las empresas, según un informe elaborado por la consultora Global de Asesoramiento para la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM).
El estudio analiza el impacto de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obligaba a los ayuntamientos a establecer antes de abril de 2025 un sistema de financiación que cubra íntegramente los costes de recogida, transporte y tratamiento de residuos.
Una recaudación total de 539 millones entre empresas y ciudadanos
Según las estimaciones del informe, la aplicación de esta nueva tasa generará una recaudación anual de aproximadamente 539 millones de euros, que deberán asumir tanto empresas como particulares.
El impacto económico recaerá especialmente en sectores intensivos en superficie, como el comercio, la hostelería y la industria. En muchos casos, el estudio señala que no existe una relación directa entre la cuota exigida y la cantidad real de residuos generados, lo que incrementa la presión fiscal sobre determinados negocios.
No era una exigencia directa de la Unión Europea
El análisis subraya que la normativa europea establece el principio de “quien contamina paga” y exige cubrir los costes del servicio, pero no imponía de forma expresa la creación de una tasa específica como la aprobada en España.
Además, el informe critica que la legislación estatal ha trasladado a los ayuntamientos el diseño del tributo sin concretar criterios de cálculo, metodologías de imputación de costes ni mecanismos claros de vinculación al volumen real de residuos.
Desigualdad entre municipios e inseguridad jurídica
Una de las principales conclusiones del estudio es la aplicación heterogénea del tributo entre municipios, lo que genera desigualdades entre contribuyentes y un escenario de inseguridad jurídica.
En numerosos casos, la tasa se calcula en función de la superficie del local o la titularidad del inmueble, en lugar de la generación efectiva de residuos, lo que, según los autores, desvirtúa el carácter ambiental del impuesto y lo aleja de los sistemas de pago por generación utilizados en otros países europeos.
Asimismo, desde el punto de vista económico-financiero, el informe considera que la situación presupuestaria de los ayuntamientos no justificaría, de forma generalizada, la creación de una nueva figura tributaria.
Comparación europea y propuestas de mejora
El documento compara el modelo español con los sistemas de financiación de residuos de Alemania, Francia, Italia o Irlanda, donde predominan mecanismos más homogéneos y vinculados al uso real del servicio.
Entre las recomendaciones, el estudio propone:
- Revisar el marco normativo estatal para dotarlo de mayor claridad.
- Establecer sistemas más equitativos basados en la generación real de residuos.
- Mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión municipal.
- Facilitar herramientas a las empresas para reducir el impacto económico.
El informe pretende servir como guía práctica para el tejido empresarial madrileño, ofreciendo un análisis del nuevo escenario fiscal y posibles vías para afrontarlo.