CEIM acusa al Gobierno de “intromisión intolerable” en la empresa privada por la obligación de atender en catalán
Los empresarios madrileños critican que la medida se imponga sin consenso, advierten del sobrecoste que generaría y denuncian que responde a intereses políticos
La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) ha rechazado de manera rotunda la propuesta incluida en el proyecto de Ley de Atención al Cliente, fruto de un acuerdo entre el PSOE y Junts, que obligaría a todas las empresas con más de 250 empleados o una facturación superior a 50 millones de euros, con independencia de su domicilio social, a ofrecer atención en catalán a quienes lo soliciten.
Desde la patronal madrileña califican la medida como una “intromisión intolerable en la libertad empresarial”, al considerar que “se introducen imposiciones políticas que dañan la competitividad de las compañías”.
Un sobrecoste en plena presión fiscal
CEIM advierte de que la obligación afectaría a sectores estratégicos de interés general, que se verían forzados a implementar servicios específicos en catalán. Ello, según los empresarios, implicaría nuevos costes operativos, justo en un momento de creciente presión fiscal y aumento de los costes sociales.
“Es inaceptable que el Gobierno acepte intervenir en la libertad de empresa solo para contentar a los nacionalistas y mantenerse en el poder”, subraya la organización.
Críticas al método: decisiones políticas sin consenso
Los empresarios reprochan que la medida se haya adoptado sin consultar a las propias compañías afectadas:
“Se toman las decisiones en el ámbito político y se aplican al privado sin medir las consecuencias”, recalca CEIM.
Asimismo, recuerdan que muchas empresas con actividad en Cataluña ya ofrecen atención en catalán de forma voluntaria, como parte de su estrategia de negocio, sin necesidad de que medie una obligación legal.
“Una empresa privada no es una empresa pública”
CEIM insiste en que el margen de autonomía en la gestión es inherente a cualquier empresa privada. “Si se eliminara, estaríamos hablando de una empresa pública”, advierte la patronal, que denuncia que el Ejecutivo “está introduciendo burocracia, costes y disfunciones en el tejido productivo por razones meramente políticas”.
Un conflicto político con impacto económico
Aunque reconocen que la medida responde a las exigencias nacionalistas de Junts, los empresarios madrileños se muestran sorprendidos de que el Gobierno central “renuncie a defender el interés general para imponer una obligación que recae incluso sobre empresas radicadas fuera de Cataluña”.
Para CEIM, el resultado será un nuevo golpe a la productividad en un momento de alta incertidumbre económica:
“La productividad parece ser la última preocupación del Gobierno”, concluyen.