Los sindicatos llevarán a los tribunales la jornada partida en los colegios públicos madrileños

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad de Madrid —CC.OO., UGT, CSIF y ANPE— preparan acciones judiciales contra el decreto que regula la implantación de la jornada partida en los colegios públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial. Las organizaciones consideran que la norma “coarta la democracia interna” de los centros, puede perjudicar el rendimiento del alumnado y supone un empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado.

CSIF ha sido el primero en dar el paso al anunciar la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). CC.OO. y ANPE ya han decidido sumarse a la vía judicial, mientras que UGT continúa analizando su estrategia legal con sus servicios jurídicos.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Aída San Millán, ha insistido en que el conflicto no es “jornada continua frente a jornada partida”, sino una cuestión de autonomía y participación real de los centros. Según ha subrayado, existen estudios que apuntan a que la atención del alumnado disminuye tras la comida, y ha advertido de que “no se puede decidir desde un despacho sin tener en cuenta las realidades de cada barrio”.

San Millán ha criticado especialmente que, en el procedimiento de cambio de jornada, “la última palabra” recaiga en la Dirección de Área Territorial, lo que a su juicio vacía de contenido las votaciones del claustro, el consejo escolar y las familias. “Están quitando el derecho a decidir”, ha sentenciado.

Por su parte, el secretario de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, Javier Becerra, ha denunciado que el decreto afecta directamente a las condiciones laborales del profesorado sin una negociación previa con los sindicatos. A su entender, la norma debilita el consenso de la comunidad educativa y abre la puerta a que la Administración imponga el modelo “en contra de la voluntad global del centro”, generando un clima de convivencia cada vez más tenso.

Becerra ha añadido que el texto no aclara si habrá recursos económicos, materiales y de personal suficientes, ni quién asumirá el posible sobrecoste que podría trasladarse a las familias.

El presidente de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González, ha ido más allá al acusar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de aprobar el decreto “con el mayor sigilo posible”, coincidiendo con las vacaciones de Navidad del profesorado. A su juicio, esta estrategia buscaba minimizar la reacción social, sindical y mediática ante una medida de “enorme impacto”.

González ha criticado que la Comunidad vincule la jornada partida con mejoras en rendimiento, conciliación y libertad de elección “sin aportar estudios ni datos objetivos”, y ha censurado lo que considera una práctica habitual del Gobierno regional: aprobar normativa educativa relevante en periodos no lectivos y sin diálogo real con los docentes.

Desde ANPE, su vicepresidenta Carolina Fernández ha alertado de los efectos sociales de la medida. “Hay niños de colectivos vulnerables que, si se van a casa a comer, no vuelven”, ha advertido, recordando además que España ya está por encima de la media europea en horas lectivas en Primaria y Secundaria.

Fernández ha defendido que los docentes conocen mejor que nadie la realidad de sus alumnos y ha pedido abordar cambios de esta envergadura “con calma”. También ha lamentado lo que considera un “desprecio” al profesorado, subrayando que los maestros “no son cuidadores” y que cada profesión debe tener su espacio.

Qué establece el decreto

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 23 de diciembre el decreto que fija, con carácter general, la jornada lectiva partida en dos sesiones —mañana y tarde— separadas por un intervalo de dos horas, manteniendo la jornada continua solo en septiembre y junio.

Los centros que quieran cambiar su horario deberán iniciar el procedimiento con el apoyo de al menos un tercio del Consejo Escolar, realizar consultas al claustro y a las familias y celebrar una votación presencial o telemática. Si el resultado es favorable, el expediente pasará a la Dirección de Área Territorial, que deberá autorizar el cambio previo informe de la Inspección Educativa y atendiendo a criterios organizativos, pedagógicos y de conciliación. Todo el proceso deberá completarse antes del 15 de marzo de cada año.