Los sindicatos de la enseñanza concertada logran que el Gobierno reactive los grupos de trabajo sobre condiciones laborales y coste del puesto escolar

Las principales organizaciones sindicales de la enseñanza concertada —FSIE, USO, UGT Servicios Públicos y CCOO— se reunieron el pasado viernes con el Secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa Díaz, para exigir avances en la mejora de las condiciones laborales del profesorado y del personal de los centros sostenidos con fondos públicos.
Tras meses de espera, y después de que la reunión fuese solicitada formalmente en julio, los sindicatos lograron un compromiso firme del Gobierno: la convocatoria de grupos de trabajo para el estudio del coste del puesto escolar y la mejora de las condiciones laborales del sector.

Un sector clave que denuncia discriminación

Durante el encuentro, las organizaciones sindicales trasladaron al Ministerio su “profundo malestar” por la falta de diálogo institucional y por la ausencia de avances que equiparen al profesorado de la concertada con el de la red pública.
Los representantes sindicales recordaron que los profesionales de los centros concertados imparten el mismo currículo y atienden a la misma diversidad del alumnado, por lo que resulta “injustificable” que existan diferencias retributivas y de reconocimiento institucional.

En los últimos meses, el malestar se ha intensificado tras los anuncios del Gobierno sobre la reducción de ratios y horas lectivas en la enseñanza pública. Los sindicatos advierten de que, si estas medidas no se aplican también en la concertada, supondrían una nueva discriminación hacia los docentes que trabajan en centros sostenidos con fondos públicos.

La reactivación de los grupos de trabajo: un paso necesario

El compromiso alcanzado implica que el Ministerio convocará próximamente, a través del subsecretario competente, los grupos de trabajo sectoriales donde participarán las organizaciones representativas del sector.
Entre sus objetivos destacan dos líneas de actuación prioritarias:

• El análisis técnico del coste real del puesto escolar en los centros concertados, con el fin de adecuar la financiación pública al servicio que prestan.
• El estudio de las condiciones laborales y retributivas del profesorado, buscando avanzar hacia una equiparación progresiva con la enseñanza pública.

Desde FSIE, USO, UGT y CCOO valoran positivamente el paso dado por el Ministerio, aunque subrayan que el compromiso debe concretarse “en fechas y contenidos claros” para que el diálogo no vuelva a quedar bloqueado.

“Valoramos el compromiso, pero necesitamos hechos, no solo intenciones”, señalaron las organizaciones en su comunicado conjunto. “El profesorado de la concertada forma parte del sistema público y merece las mismas condiciones y reconocimiento”.

Una cuestión de equidad educativa

La enseñanza concertada atiende a más de dos millones de alumnos en toda España y constituye, junto con la red pública, una de las dos columnas vertebrales del sistema educativo.
Los sindicatos recuerdan que esta dualidad no debe traducirse en desigualdad. Si se mantienen diferencias en salarios, ratios o condiciones laborales, “se estaría vulnerando el principio de equidad que la propia ley educativa proclama como base del sistema”.

Analizar el coste del puesto escolar —una demanda histórica del sector— permitirá establecer una referencia objetiva sobre la financiación necesaria para mantener la calidad educativa en los centros concertados y garantizar una planificación equitativa del sistema.

Un diálogo que busca normalizar relaciones

La reunión con el Secretario de Estado supone un paso relevante para normalizar las relaciones entre el Ministerio de Educación y los representantes de la enseñanza concertada, que llevaban meses reclamando su inclusión en las mesas de trabajo paralizadas desde 2023.
Con la convocatoria de los grupos de estudio, el Gobierno abre una vía de colaboración que podría contribuir a restablecer la confianza institucional y avanzar hacia un modelo educativo más coherente y equilibrado.

Perspectiva de futuro

A la espera de la convocatoria formal de los grupos, los sindicatos han reiterado su disposición a participar activamente en la definición de políticas que aseguren la igualdad de condiciones y oportunidades para todos los docentes, con independencia de la red en la que presten servicio.

El reto ahora será transformar este compromiso en una hoja de ruta efectiva que combine rigor presupuestario, equidad laboral y visión de futuro.
Solo así, coinciden los sindicatos, podrá garantizarse una educación verdaderamente pública en sentido amplio, donde todas las redes que la integran trabajen bajo principios de justicia, cohesión y calidad.