FSIE denuncia que el nuevo decreto universitario limita la libertad académica y reduce la pluralidad del sistema
El sindicato advierte que el Real Decreto 905/2025 eleva el control del Estado sobre las universidades, impone trabas a la iniciativa privada y se ha aprobado sin consenso con el sector.
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha expresado su rechazo al Real Decreto 905/2025, que modifica la actual normativa sobre creación y reconocimiento de universidades (RD 640/2021), al considerar que la reforma introduce un modelo más intervencionista y restrictivo, con efectos negativos sobre la libertad académica, la diversidad educativa y el empleo en el sector universitario.
Según la organización sindical, el nuevo texto —presentado por el Gobierno como una mejora en los estándares de calidad universitaria— refuerza la supervisión estatal sobre las instituciones de educación superior y establece requisitos económicos y administrativos más severos que podrían frenar la aparición de nuevos proyectos educativos y concentrar la oferta existente en pocas manos.
“Esta reforma se esconde tras el discurso de la calidad, pero lo que realmente pretende es dificultar la iniciativa privada y limitar el pluralismo del sistema”, denuncia Enrique Ríos, secretario general de FSIE. “Las nuevas barreras administrativas y económicas no favorecen ni la diversidad educativa ni el empleo en el sector”.
Falta de diálogo y exceso de burocracia
FSIE critica que el Real Decreto se haya aprobado sin un proceso de diálogo real con los principales actores del sistema universitario, entre ellos profesorado, estudiantes y representantes institucionales. A su juicio, una norma con efectos tan profundos sobre la organización, la financiación y el empleo universitario debería haberse elaborado con participación y transparencia.
“La educación superior no puede regularse de espaldas a quienes la sostienen cada día”, subraya Ríos, que reprocha al Ejecutivo haber actuado “desde una lógica de control y desconfianza hacia las universidades privadas”, sin aportar datos que justifiquen una intervención tan intensa.
Nuevos requisitos que podrían expulsar proyectos y elevar costes
Entre las principales novedades del Real Decreto figuran la exigencia de una masa crítica mínima de estudiantes y docentes, avales económicos ante posibles cierres e informes vinculantes para la autorización o renovación de universidades.
FSIE considera que estas condiciones podrían expulsar del sistema a proyectos locales o especializados, reduciendo la oferta formativa e impidiendo el desarrollo de nuevas propuestas académicas vinculadas a la innovación territorial.
El sindicato advierte también de que el endurecimiento de las condiciones de creación de universidades podría derivar en un encarecimiento de los estudios. “España solo ha creado una universidad pública desde 1998; si se dificultan las iniciativas privadas, se corre el riesgo de convertir la educación universitaria en un bien elitista”, señalan desde la organización.
Un modelo homogéneo que ignora la diversidad
FSIE alerta del carácter uniformizador del nuevo modelo, que, según denuncia, no reconoce las singularidades autonómicas ni la capacidad de gestión de cada institución. “El Estado impone un esquema idéntico para todos, ignorando que la riqueza del sistema reside precisamente en su pluralidad”, apunta Ríos.
Además, el sindicato considera injustificada la exigencia de avales económicos ante hipotéticos cierres de universidades, “una medida sin precedentes que puede generar inseguridad entre familias y estudiantes y dañar la reputación de instituciones solventes”.
Control sobre universidades virtuales: un acierto sin medios suficientes
La federación valora positivamente el mayor control previsto sobre las universidades virtuales, en un momento de fuerte expansión de la educación online. No obstante, advierte que las agencias evaluadoras, como la ANECA o sus equivalentes autonómicas, carecen de recursos humanos y presupuestarios suficientes para ejercer una supervisión efectiva.
“El decreto aumenta las exigencias, pero no dota de medios para cumplirlas. Eso pone en riesgo su aplicación real”, señalan desde FSIE.
Regulación sí, pero con equilibrio y libertad
El sindicato reitera su apoyo a una regulación rigurosa y transparente del sistema universitario, pero reclama equilibrio entre el control público y la libertad de empresa.
“Defendemos la calidad, pero también el derecho de las universidades, públicas o privadas, a desarrollar su proyecto educativo sin trabas ideológicas ni burocráticas”, concluye Enrique Ríos.
Sobre FSIE
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) es el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada en España, con más del 44% de la representación sindical nacional y presencia en todas las comunidades autónomas.
Defiende los intereses de los trabajadores de la enseñanza privada y de la atención a la discapacidad, y la libertad de enseñanza como principio esencial del sistema educativo.
Cuenta con más de 6.000 representantes sindicales y mayoría absoluta en comunidades como Madrid, Castilla y León, Aragón o Murcia, siendo además la organización que representa al profesorado de la enseñanza privada en el Consejo Escolar del Estado y en numerosos consejos autonómicos y municipales.