Educación

El Consejo Escolar del Estado respalda igualar la carga lectiva en la enseñanza concertada

Profesora en el aula con los niños

El Pleno del Consejo Escolar del Estado ha aprobado hoy por unanimidad su Informe al Anteproyecto de Ley por la que se modifica la ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia.

En dicho documento, el órgano ratifica la propuesta defendida por la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) en la Comisión Permanente para que la carga lectiva máxima propuesta para la enseñanza pública se extienda también al profesorado de la enseñanza concertada.

FSIE valora positivamente que el Consejo Escolar del Estado apoye de forma tan contundente esta propuesta, que es de enorme importancia para los docentes del sector. Un trato discriminatorio e injusto Enrique Ríos, secretario general de FSIE, ha intervenido ante el Pleno para denunciar que el Gobierno perjudica injustamente a los docentes de centros concertados al excluirlos de esta mejora.

Foto de FSIE

El sindicato defiende que la carga lectiva para impartir el currículo oficial debe ser homogénea para ambas redes, ya que ambas forman parte del servicio público de educación tal y como establece la LOE en su artículo 108.4: "FSIE hará todo lo que esté en su mano para revertir la injusta exclusión y discriminación hacia el profesorado de la enseñanza concertada que se quiere llevar a cabo con esta futura Ley", ha expresado claramente Enrique Ríos ante el Consejo Escolar.

Falta de diálogo y asignaturas pendientes

El sindicato ha trasladado su queja por la falta de diálogo de un Ministerio que responde con silencio a las peticiones de mejora para el sector. FSIE exige respuesta sobre cuestiones críticas como la equiparación salarial establecida en la LODE o la constitución de la Comisión para el estudio del coste del puesto escolar.

Finalmente, FSIE reclama el cese de esta política de exclusión y exige que cualquier medida destinada a mejorar las condiciones docentes sea aplicada ya a todos los profesionales de centros sostenidos con fondos públicos.