El Supremo respalda un límite del 2 % en la subida de alquileres y Vivienda celebra la sentencia
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que avala el tope del 2 % en las actualizaciones de alquileres instaurado por el Gobierno en 2022, como parte de las medidas urgentes para mitigar los efectos económicos derivados de la guerra en Ucrania y la elevada inflación.
El fallo rechaza los recursos presentados por Societat de Arrendaments 2007, que alegaban que la limitación vulneraba derechos como el de propiedad y exigían indemnizaciones millonarias al Estado. El alto tribunal concluyó que la medida no supuso una expropiación ni vació de contenido los derechos de los propietarios, y que perseguía proteger a los arrendatarios vulnerables frente a un mercado marcado por alzas de precios.
Fuentes del Ministerio de Vivienda han expresado su satisfacción por la sentencia, destacando que respalda “la actuación del Gobierno para proteger a las personas inquilinas” y poniendo en valor que la limitación permitió importantes ahorros para quienes alquilan, al frenar subidas que de otro modo se habrían disparado con la inflación de esos años.
La limitación del 2 % formó parte de un paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo en marzo de 2022, que vinculó la actualización de las rentas al Índice de Garantía de Competitividad (IGC) en lugar del Índice de Precios al Consumo (IPC), que en ese momento registraba tasas anuales muy altas.
Aunque esta restricción específica se aplicó a 2022 y 2023, posteriormente se introdujeron otras fórmulas para moderar las subidas, como el tope del 3 % en 2024 y, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, un Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) para contratos nuevos, que marca subidas máximas ligeramente superiores según los datos estadísticos.
La decisión del Supremo pone fin por ahora a la posibilidad de que los arrendadores reclamen indemnizaciones al Estado por la limitación de las subidas en esos años, consolidando la jurisprudencia en torno a la intervención legislativa en precios de alquiler en situaciones de urgencia económica.