El acuerdo salarial con funcionarios compromete 20.000 millones hasta 2028 y carga el coste al próximo Gobierno
El pacto salarial prevé un 11 % de subida para empleados públicos entre 2025 y 2028, con impacto de 20.000 millones que se pagará en gran parte en los próximos años
El Gobierno ha cerrado con los sindicatos de la función pública un acuerdo de subida salarial plurianual que supondrá 20.000 millones de euros adicionales hasta 2028, según cálculos difundidos por analistas y economistas como José Ramón Riera. El incremento será del 11 % en cuatro años, aunque el grueso del gasto no recaerá en las cuentas actuales, sino en las del próximo Ejecutivo. La decisión ha reactivado el debate sobre el sostenimiento del gasto público, el déficit y la situación financiera del país.
La subida salarial pactada para los funcionarios ya acumula un 6,2 % en 2025, pero aún no se ha abonado un solo euro correspondiente al incremento previsto para este ejercicio, que se pagará con carácter retroactivo. Según la hoja de ruta negociada, en enero de 2026 se ejecutará un aumento del 4 % para compensar la congelación de 2025 y el propio incremento del 2026. El resto —un 7 % adicional— se distribuirá entre 2027 y 2028.
Subidas presentes con impacto futuro
Los cálculos económicos sitúan el coste adicional del plan en unos 7.000 millones solo en 2026, mientras que los otros 13.000 millones quedarían para 2027 y 2028, lo que traslada la mayor carga presupuestaria al próximo Gobierno. “Una auténtica jugada de trileros”, afirmó el analista José Ramón Riera, que denuncia que las decisiones firmadas hoy no están financiadas ni acompañadas de medidas de productividad.
España supera actualmente los 3,5 millones de empleados públicos y destina más del 12 % del PIB a gasto en personal, el mayor nivel registrado. La Seguridad Social continúa en números rojos y el déficit público coloca al país como el segundo peor de la UE, según diversos informes macroeconómicos. A esto se suma una deuda que roza los 1,7 billones de euros.
Tensiones presupuestarias y advertencias
Economistas y expertos alertan de que cada euro destinado a subidas salariales sin respaldo presupuestario es un euro que no se destina a pensiones, inversión, sanidad o rebajas fiscales. Riera resume el riesgo en una frase contundente: “El problema que lo pague el siguiente, no que me toque pagarlo a mí”. Según él, el pacto representa “una bomba fiscal activada bajo la alfombra” que dejará a quien gobierne a partir de 2026 con una herencia económica difícil de absorber sin recortes o subidas de impuestos.
Los sindicatos, por su parte, destacan que el acuerdo garantizará poder adquisitivo a los trabajadores públicos tras años de pérdida real frente a la inflación, y reclaman seguridad jurídica mediante la aprobación mediante decreto ley.
Un debate que marcará la próxima legislatura
El aumento salarial, aunque bien recibido por el colectivo funcionario, abre un frente político y financiero que podría intensificarse en los próximos meses, especialmente si el crecimiento económico continúa por debajo del 2 % y si no se aborda una reforma estructural del gasto público.
El escenario previsible sitúa las subidas comprometidas como uno de los principales retos presupuestarios a partir de 2026, con impacto directo en la capacidad de inversión y en el equilibrio fiscal del Estado.