La Seguridad Social necesita más de 15.000 millones del Estado en solo cinco meses para pagar pensiones

La Seguridad Social española atraviesa uno de sus momentos más críticos. A pesar de que los ingresos por cotizaciones sociales han aumentado un 7,1 % interanual, alcanzando los 72.687 millones de euros hasta mayo de 2025, esta mejora ha resultado claramente insuficiente para cubrir el gasto real que suponen las pensiones, que sigue desbocado.

En lo que va de año, el sistema ha necesitado 15.452 millones de euros en transferencias del Estado para cubrir pagos, lo que representa un 30,8 % más que en el mismo periodo de 2024. Sin estas inyecciones de dinero público, las pensiones no se podrían haber abonado a los más de 10 millones de beneficiarios que hay en España.

Aún más alarmante es el déficit real acumulado, que ya asciende a -12.698 millones de euros a fecha de 31 de mayo, superando el déficit del mismo periodo del año pasado, que fue de -12.403 millones. Esto confirma que el sistema no solo sigue siendo deficitario, sino que la brecha entre ingresos y gastos se amplía a pesar del crecimiento de las cotizaciones.

Según los últimos cálculos, en el mes de junio la Seguridad Social habría necesitado pedir prestados cerca de 25.000 millones de euros más, entre el gasto mensual ordinario y el pago extraordinario de la paga extra de verano a los pensionistas. De seguir esta tendencia, el Gobierno podría verse obligado a transferir más de 62.000 millones de euros a lo largo de todo 2025 para poder cumplir con sus compromisos, doblando así las cifras del ejercicio anterior.

Este panorama pone en evidencia la fragilidad estructural del sistema de pensiones español, cuya viabilidad depende cada vez más del endeudamiento y del respaldo fiscal del Estado. A pesar del crecimiento del empleo y de las cotizaciones, los ingresos no alcanzan a cubrir el incremento de las prestaciones sociales, que han crecido un 26 % según los últimos informes, mientras que las transferencias corrientes del Estado aumentaron un 31 %.

Uno de los elementos que explican esta situación es la ausencia de una reforma de calado que aborde el problema de la sostenibilidad del sistema. La negativa a actualizar las bases de cotización según la inflación y el envejecimiento poblacional están provocando que cada mes se complique más pagar las pensiones sin recurrir a deuda pública.

La situación ha provocado la preocupación de expertos y economistas, aunque desde el ámbito político el silencio es casi absoluto. Ninguna de las principales formaciones ha planteado públicamente una estrategia urgente y realista para revertir la situación sin poner en riesgo el bienestar de los pensionistas actuales ni de las futuras generaciones.

Por ahora, el sistema se mantiene a flote gracias a inyecciones multimillonarias del Tesoro Público, pero los analistas advierten que este modelo no es sostenible a medio plazo. De mantenerse el ritmo de gasto y endeudamiento, el sistema podría llegar a un “punto de no retorno” en el que no baste con transferencias para cubrir el déficit estructural.

El futuro de las pensiones en España está en entredicho. La cifra de 15.000 millones transferidos en cinco meses, que puede duplicarse a final de año, es la prueba más contundente de que la reforma del sistema no puede seguir posponiéndose. Mientras tanto, millones de pensionistas y trabajadores cotizantes siguen a la espera de una respuesta clara y valiente por parte de los responsables políticos.