Denuncian un recorte silencioso de 15.700 millones a los pensionistas por el nuevo cálculo del IPC energético
Un cambio metodológico del INE en 2023 habría reducido la revalorización de las pensiones y el poder adquisitivo real de millones de jubilados
Los pensionistas españoles habrían dejado de percibir hasta 15.700 millones de euros entre 2024 y 2026 como consecuencia de un cambio en el método de cálculo del IPC energético aplicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) desde enero de 2023. Así lo sostienen diversos análisis económicos que denuncian un recorte indirecto y no explícito en la actualización de las pensiones, al reducir artificialmente la inflación oficial utilizada como referencia para su revalorización.
El cambio afecta al subgrupo 045 del IPC, que incluye electricidad, gas y otros combustibles, y ha provocado una distorsión estadística sin precedentes en comparación con el resto de países europeos. Mientras que en Alemania la energía se ha encarecido un 53 % desde enero de 2021 y en el conjunto de la eurozona un 48 %, en España el IPC energético refleja una caída acumulada del 5,7 %, un dato que numerosos economistas consideran inverosímil.
El economista José Ramón Riera ha sido especialmente crítico con esta situación y ha advertido de que “no se ha bajado el precio real de la energía, lo que se ha bajado es el índice que mide su impacto en la inflación, y eso tiene consecuencias directas sobre las pensiones y los salarios públicos”. Según Riera, el efecto práctico de esta metodología es claro: “si el IPC es menor, el gasto en pensiones se contiene, pero el pensionista pierde poder adquisitivo real”.
De acuerdo con estas estimaciones, el menor IPC habría supuesto un “ahorro” presupuestario de 5.100 millones de euros en 2024, 5.250 millones en 2025 y una previsión de 5.400 millones en 2026, cantidades que no se habrían trasladado a la actualización de las pensiones. En total, 15.700 millones de euros que no han llegado a los bolsillos de los jubilados, pese a que formalmente sus pensiones han subido conforme al índice oficial.
Los críticos con el nuevo sistema subrayan que España es el único país de la Unión Europea donde la inflación energética aparece como inferior a la de 2021, pese al fuerte encarecimiento real de la factura de la luz y el gas durante los últimos años. “Esto no es un error técnico ni una anomalía puntual, es una decisión estadística con efectos políticos y presupuestarios muy concretos”, señala Riera, que insiste en que el ajuste se ha realizado “sin aprobar recortes, pero logrando el mismo resultado”.
El impacto no se limita a los pensionistas. Según estos análisis, el mismo mecanismo habría reducido también la actualización salarial de los empleados públicos, elevando el ahorro total del Estado a cerca de 30.000 millones de euros. “El Estado es el único beneficiado de esta operación, mientras pensionistas y trabajadores públicos ven erosionado su poder adquisitivo”, concluye el economista.