La nueva Ley de Hacienda simplificará la administración autonómica y reformará la Ley de Subvenciones
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el texto, que será remitido a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria.
Un marco actualizado tras más de 30 años
La norma sustituirá a la actual Ley 9/1990, vigente desde hace más de tres décadas, y que había quedado obsoleta ante la aparición de nuevas figuras jurídicas y los cambios normativos europeos y estatales. Con esta actualización, se busca evitar duplicidades, eliminar normativa redundante y dar mayor seguridad jurídica al sector público autonómico.
Principales novedades de la nueva Ley de Hacienda
El proyecto introduce mejoras en la planificación presupuestaria, el control financiero y la transparencia con la Asamblea de Madrid. Además, establece un marco claro para la gestión económica y contable del sector público, incluyendo a sociedades mercantiles, fundaciones o consorcios dependientes de la Comunidad.
También se avanza en la programación plurianual a medio plazo, en la regulación de la estabilidad presupuestaria y en un régimen específico para la función interventora en materia de personal, evitando que deba reflejarse en cada ley anual de presupuestos.
Reforma de la Ley de Subvenciones y operaciones financieras
Uno de los aspectos más destacados es la reforma profunda de la Ley de Subvenciones, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la distribución de fondos públicos y garantizar un mayor control.
La norma también ordena de forma más precisa las operaciones financieras activas, que hasta ahora estaban recogidas únicamente en los presupuestos. Además, diferencia entre la Tesorería General, que englobará a todo el sector público salvo universidades, y la Tesorería Central, encargada de gestionar los recursos financieros de la Administración autonómica y de los entes que carecen de gestión propia en este ámbito.
Respeto a la autonomía universitaria
El texto excluye expresamente a las universidades públicas madrileñas y sus entes dependientes de los presupuestos generales de la Comunidad, con el fin de respetar su autonomía en la gestión económica.
Una norma más clara, sencilla y transparente
La nueva Ley también deroga la Ley 1/1989, del Control Parlamentario de la Administración Institucional, ya que ahora la remisión de información a la Asamblea queda integrada en este marco normativo. De este modo, se avanza en la simplificación administrativa, la eliminación de normas redundantes y la lucha contra la hiperregulación.