Diecisiete mercados y una sola economía: las autonomías deciden el futuro de la unidad de mercado en España
La fragmentación normativa en España frena la productividad y deja en manos autonómicas la integración real del mercado interior
La economía española opera hoy, en la práctica, como diecisiete mercados distintos, una realidad que limita su competitividad y frena su crecimiento. Así lo concluye el análisis de la economista Judith Arnal, que advierte de que el futuro de la unidad de mercado ya no depende tanto del Estado como de la acción de las propias Comunidades Autónomas.
España cuenta con más de 8.000 municipios, 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, una estructura que, si bien acerca la administración al ciudadano, ha generado una fragmentación regulatoria creciente. Esta dispersión normativa implica que una empresa que quiera operar en varios territorios deba enfrentarse a requisitos distintos, duplicidades administrativas y mayores costes.
El impacto económico no es menor. Estudios recientes sitúan el coste de esta fragmentación entre el 1,5% y el 2,5% del PIB, lo que equivale a unos 36.000 millones de euros. Además, un aumento del 10% en la complejidad regulatoria puede reducir el empleo sectorial en un 0,7%, afectando especialmente a pymes y emprendedores.
Un giro tras la sentencia del Constitucional
El punto de inflexión se produjo en 2017, cuando el Tribunal Constitucional anuló el principio de eficacia nacional de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM). Esta decisión impidió que una autorización en una comunidad sirviera automáticamente para todo el país.
Sin embargo, la sentencia dejó abierta una vía clave: las propias comunidades pueden reconocer de forma unilateral las autorizaciones de otras. Este mecanismo, conocido como reconocimiento mutuo, se ha convertido en el principal instrumento para avanzar hacia la unidad de mercado.
El papel protagonista de las Comunidades Autónomas
En este nuevo escenario, varias regiones han comenzado a actuar. Madrid fue pionera en 2022 al aprobar una ley de mercado abierto que permite a empresas autorizadas en otras comunidades operar sin repetir trámites. A este modelo se han sumado Murcia, Comunidad Valenciana y Cantabria, mientras otras regiones lo estudian.
Si todas las comunidades adoptaran este sistema, el resultado sería equivalente a recuperar el principio de eficacia nacional, pero “desde abajo” y sin conflicto constitucional. Esto permitiría reducir de forma significativa:
- Los costes de entrada al mercado
- Los tiempos de tramitación
- La inseguridad jurídica para las empresas
No obstante, este modelo no elimina la diversidad normativa. Aspectos como el urbanismo, el medio ambiente o los horarios comerciales seguirían dependiendo del territorio donde se ejerce la actividad.
Tres vías para reconstruir el mercado interior
El informe identifica tres estrategias complementarias para avanzar hacia una mayor integración económica:
- Leyes autonómicas de mercado abierto (LMA): la vía más rápida y eficaz, basada en el reconocimiento mutuo.
- Armonización estatal sectorial: jurídicamente sólida, pero más lenta y con mayor coste político.
- Régimen 20: un modelo de cooperación voluntaria entre administraciones para simplificar trámites.
La combinación de estas tres herramientas se perfila como la opción más realista. En este esquema, las comunidades lideran el proceso, el Estado actúa en sectores clave y la cooperación institucional facilita la convergencia.
Un problema estructural señalado por Europa
La fragmentación del mercado interior español no ha pasado desapercibida en Bruselas. La Comisión Europea la considera uno de los principales obstáculos estructurales a la productividad del país.
Además, casi la mitad de las empresas españolas (48%) identifica la regulación como un freno a la inversión, el doble que la media europea. Este dato refleja una percepción empresarial cada vez más crítica con la complejidad normativa.
Un modelo distinto al europeo
A diferencia de la Unión Europea, donde la fragmentación afecta a ámbitos como el derecho laboral o fiscal, en España estos sectores ya están unificados por la Constitución. El problema se concentra en la regulación administrativa, especialmente en licencias, autorizaciones y requisitos técnicos.
Esto implica que la solución no pasa por grandes reformas estructurales, sino por eliminar duplicidades y mejorar la coordinación entre administraciones.
Una decisión en manos autonómicas
El análisis concluye que España no necesita reinventar su sistema, sino activar los mecanismos que ya tiene disponibles. La clave está en transformar un mosaico regulatorio en un mercado funcionalmente integrado.
En este contexto, las Comunidades Autónomas se convierten en el actor decisivo. Su capacidad para adoptar medidas de apertura determinará si España logra reducir sus fricciones internas y mejorar su competitividad.
El reto no es menor: pasar de diecisiete mercados a uno solo sin alterar el equilibrio territorial. Pero, según el estudio, la solución ya está sobre la mesa y depende, en gran medida, de la voluntad política autonómica.