El mapa oculto de las pensiones en España: Madrid y Baleares, únicas comunidades con superávit
El sistema público de pensiones vuelve a situarse en el centro del debate económico tras la difusión de un análisis del economista José Ramón Riera, basado en datos oficiales de la Seguridad Social hasta el 31 de octubre. Según estas cifras, solo la Comunidad de Madrid y Baleares presentan superávit en pensiones contributivas, mientras que el conjunto del sistema acumula un déficit superior a los 36.000 millones de euros en los diez primeros meses del año.
El diagnóstico coincide, en líneas generales, con las advertencias reiteradas de organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Banco de España, que vienen alertando del creciente desequilibrio entre ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones, agravado por el envejecimiento de la población y el aumento de las prestaciones medias.
Un déficit estructural que se agrava
De acuerdo con los datos agregados, los ingresos por cotizaciones sociales en todas las comunidades autónomas rondaron los 104.000 millones de euros, frente a 141.000 millones en gasto en pensiones contributivas, lo que arroja un déficit cercano a los 36.000 millones sin incluir otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o las pensiones no contributivas.
Este desfase no es nuevo. El propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoce que el sistema necesita transferencias crecientes del Estado para mantener su equilibrio, una tendencia que se ha intensificado desde la pandemia.
Madrid: empleo de mayor calidad y más cotizaciones
Uno de los datos más relevantes del análisis es el papel de la Comunidad de Madrid, que registra un superávit aproximado de 280 millones de euros en pensiones contributivas hasta octubre. Baleares, por su parte, presenta un saldo positivo de unos 118 millones.
La explicación, respaldada por estadísticas oficiales, se encuentra en la estructura del mercado laboral. Madrid concentra un mayor peso de empleo cualificado, salarios más altos y mayor productividad, lo que se traduce en cotizaciones sociales más elevadas. Con alrededor de un millón de habitantes menos que Cataluña, Madrid ingresa incluso más por cotizaciones que la comunidad catalana, según los últimos datos de la Seguridad Social.
Este patrón ya ha sido señalado en informes del Banco de España, que subrayan la fuerte correlación entre salarios medios, bases de cotización y sostenibilidad territorial del sistema.
Cataluña, Andalucía y País Vasco, los mayores déficits
En el extremo opuesto se sitúan Cataluña, con un déficit cercano a los 5.900 millones de euros, Andalucía, con unos 5.600 millones, y el País Vasco, que supera los 4.100 millones en apenas diez meses.
En el caso catalán y andaluz, el desequilibrio responde en gran medida a una combinación de mayor número de pensionistas, bases de cotización más bajas y una estructura demográfica menos favorable. Así lo recogen tanto la AIReF como los informes anuales del Ministerio.
El caso del País Vasco introduce, además, un elemento singular: su régimen foral. Aunque las pensiones son una competencia estatal y se pagan con cargo a la Seguridad Social, el sistema de financiación autonómica vasco —basado en el cupo— provoca que el déficit se cubra mediante transferencias del Estado, financiadas con impuestos generales y deuda pública.
¿Quién financia el déficit de las pensiones?
Tal y como explica Riera, cuando las cotizaciones no son suficientes, el sistema se sostiene mediante transferencias del Estado y endeudamiento, algo que confirma el propio Gobierno en los Presupuestos Generales.
Esto significa que el desequilibrio se cubre con impuestos pagados por el conjunto de los contribuyentes y con deuda que compromete recursos futuros. La AIReF ha advertido que, sin reformas adicionales, el gasto en pensiones podría superar el 15 % del PIB en las próximas décadas, tensionando las cuentas públicas.
El debate sobre el modelo territorial y el futuro del sistema
El análisis ha reabierto el debate sobre las asimetrías territoriales en la financiación del sistema y sobre las propuestas de algunos territorios para avanzar hacia modelos fiscales propios. Los expertos coinciden en que cualquier reforma debe preservar el principio de solidaridad interterritorial, uno de los pilares del sistema público de pensiones desde su creación.
Al mismo tiempo, organismos independientes subrayan que la sostenibilidad a largo plazo exigirá más empleo de calidad, aumento de la productividad, ajustes paramétricos y una reflexión profunda sobre el reparto de cargas entre generaciones.
Un problema que trasciende el corto plazo
Más allá de la polémica política, los datos apuntan a un problema estructural que no se resolverá con medidas coyunturales. El envejecimiento acelerado de la población, la jubilación de la generación del ‘baby boom’ y la evolución desigual del mercado laboral entre territorios obligan a abordar una reforma integral y consensuada.
Como advierten tanto la AIReF como el Banco de España, el tiempo es un factor clave: cuanto más se retrase la adopción de decisiones, mayor será el coste económico y social de los ajustes futuros.