Madrid cifra en más de 10.500 millones la deuda del Gobierno central con la región
La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno central más de 10.500 millones de euros correspondientes a servicios públicos comprometidos y no abonados desde el año 2019.
Así lo ha asegurado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, durante un desayuno informativo con medios de comunicación, en el que lamentó que la “lealtad institucional” entre administraciones “ha dejado de existir”.
Albert explicó que esta deuda acumulada “no perjudica al Gobierno regional, sino a los madrileños, porque son recursos que no llegan a los servicios públicos esenciales”, como la sanidad, la dependencia o el transporte.
Un millón de euros al día por la Ley de Dependencia
La mayor parte de la deuda —2.350 millones de euros— corresponde a la Ley de Dependencia, una norma que establecía que el Estado financiaría el 50 % del coste de las prestaciones.
“Esa cantidad no se ha transferido nunca”, denunció Albert, quien detalló que la Comunidad deja de percibir 365 millones al año, lo que equivale a un millón de euros diarios que el Gobierno de Pedro Sánchez “no abona” por esta materia.
“No pedimos más dinero, solo lo que se comprometieron a darnos. No es financiación adicional, es la que nos corresponde”, subrayó la consejera.
Inversiones incumplidas: agua, depuradoras y transporte
La responsable de Hacienda también enumeró otros compromisos incumplidos por parte del Ejecutivo central, entre los que destacó el Plan Hidrológico del Tajo, que contemplaba 221 actuaciones por valor de 1.580 millones de euros que “nunca se han ejecutado”.
A ello se suman 1.200 millones pendientes de transferir para inversiones en depuradoras, necesarias para cumplir con la normativa europea.
Albert advirtió que si España es sancionada por Bruselas por no realizar estas actuaciones, “la responsabilidad recaerá sobre el Gobierno central”.
Asimismo, señaló que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, adeuda 268 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes (CRTM), lo que afecta a la financiación del transporte público madrileño.
Justicia y sanidad penitenciaria: 71 millones sin abonar
La consejera añadió que la Comunidad tampoco ha recibido los 44 millones comprometidos por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encabezado por Félix Bolaños, dentro de la Ley de Eficiencia de la Justicia.
Además, el Ejecutivo central mantiene pendiente el pago de 27 millones de euros por la asistencia sanitaria que los servicios madrileños prestan a los presos en los centros penitenciarios ubicados en la región.
“Pueden querer ir contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero lo que no pueden es ir contra los madrileños”, afirmó Albert, advirtiendo que la falta de estos fondos “afecta directamente a la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos”.
“Madrid aporta más, pero recibe menos”
Durante su intervención, Rocío Albert insistió en que el modelo actual de financiación autonómica penaliza a la Comunidad de Madrid, que “es la región que más aporta a la caja común, pero una de las que menos recibe por habitante”.
La consejera pidió “igualdad y justicia” en la distribución de los recursos estatales y reiteró que su reclamación “no responde a intereses partidistas, sino a una cuestión de equidad hacia los madrileños”.
Albert concluyó afirmando que “ya no se trata solo de cifras, sino de principios”, y advirtió que la Comunidad “seguirá exigiendo que se cumplan los compromisos y se devuelva lo que legítimamente pertenece a Madrid”.