El Ayuntamiento eleva al 4 % la reserva de contratos públicos inclusivos para 2026
La medida supondrá una inversión mínima de 6,6 millones de euros destinada a centros especiales de empleo y empresas de inserción, fomentando la contratación socialmente responsable
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves ampliar al 4 % la reserva de contratos públicos socialmente responsables para el año 2026, una medida que busca impulsar la contratación pública inclusiva y favorecer el empleo de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
El acuerdo, anunciado por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, supone una reserva mínima de 6,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 0,25 % respecto a 2025 y 400.000 euros más en recursos reservados. “Esta medida reafirma el compromiso de Madrid con la inclusión y la igualdad de oportunidades, y promueve un modelo económico que pone a las personas en el centro”, destacó Sanz.
Una reserva en crecimiento constante desde 2019
Desde que el Ayuntamiento inició esta política en 2019, el porcentaje mínimo de reserva ha pasado del 2 % al 4 %, y la dotación económica ha crecido de 2,4 millones de euros a 6,6 millones. Este avance refleja una apuesta sostenida por la contratación pública con impacto social, destinada a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.
Estos contratos se destinan a actividades diversas, como servicios de limpieza, jardinería, reciclaje, hostelería, lavandería, imprenta, reparto o apoyo administrativo, entre otros.
En total, desde 2019, estas entidades han ejecutado 324 contratos municipales con un valor conjunto superior a 54,6 millones de euros, según los informes de seguimiento del área económica municipal.
Más oportunidades para la inserción y la economía social
El acuerdo establece que, antes de finalizar el año, el Área de Economía, Innovación y Hacienda, dirigida por Engracia Hidalgo, aprobará las directrices y el plan anual de contratos reservados para 2026, determinando las adjudicaciones concretas que se realizarán bajo este modelo.
Los centros especiales de empleo de iniciativa social, regulados por el Real Decreto Legislativo 1/2013, deben tener al menos un 70 % de trabajadores con discapacidad y estar promovidos por entidades sin ánimo de lucro. Además, están obligados a reinvertir íntegramente sus beneficios en crear más empleo y fortalecer la economía social.
Por su parte, las empresas de inserción, reguladas por la Ley 44/2007, buscan la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, destinando al menos el 80 % de sus resultados a mejorar sus estructuras productivas y formativas.
Un compromiso real con la inclusión laboral
Durante 2025, el Ayuntamiento ya superó las previsiones marcadas, con más de 10,1 millones de euros en contratos inclusivos, lo que garantiza que el porcentaje mínimo fijado se cumple sobradamente.
“Queremos seguir liderando desde Madrid una política de contratación que transforme vidas, generando empleo estable, inclusivo y digno para quienes más lo necesitan”, subrayó Sanz.
Con esta nueva ampliación, el Ayuntamiento consolida su liderazgo en contratación pública inclusiva, fortaleciendo la colaboración con las entidades sociales y reforzando su papel como motor de igualdad, integración y desarrollo sostenible en la ciudad.