Junio negro en las cuentas del Estado: el agujero de 28.000 millones que reabre el debate sobre el gasto público
En solo un mes, la Administración General del Estado ha pasado de un modesto superávit a un déficit cercano a los 28.000 millones de euros. Un salto que, más allá del impacto contable, pone sobre la mesa la sostenibilidad del modelo de gasto, la escasa inversión productiva y la capacidad real de España para cumplir con las exigencias fiscales europeas.
La mañana del 1 de julio, la caja del Estado amaneció con un agujero que pocos podían imaginar un mes antes. Mayo había cerrado con un saldo positivo de 747 millones. Treinta días después, ese pequeño superávit se había transformado en un déficit cercano a los 28.000 millones de euros. Una cifra tan impactante que, aunque matizada por los datos oficiales, ha agitado de nuevo el debate sobre cómo y en qué se gasta el dinero público en España.
Del superávit al rojo: el salto que encendió las alarmas
Las cifras de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) confirman que, a cierre de junio, el déficit acumulado alcanza los 20.433 millones de euros, el 1,22 % del PIB. Este resultado incluye el impacto extraordinario de la DANA —unos 2.380 millones—, que, al descontarse, dejaría el saldo en el 0,91 % del PIB.
A pesar de ello, el ritmo de crecimiento del gasto ha superado con creces el de los ingresos, especialmente en:
- Transferencias corrientes (sobre todo a la Seguridad Social).
- Pago de intereses de la deuda.
- Pensiones de clases pasivas.
El saldo primario —ingresos menos gastos excluyendo intereses— sigue siendo positivo, con 3.026 millones, pero la tendencia apunta a que la brecha podría ensancharse en los próximos meses si no se corrigen desequilibrios.
Un patrón que preocupa: mucho gasto corriente, poca inversión
En el primer semestre de 2025, más del 95 % del gasto de la Administración General ha ido a partidas corrientes. La inversión productiva apenas ha representado el 3 % del total, con menos de 1.850 millones destinados a obra civil frente a más de 2.000 millones a defensa.
Este desequilibrio, alertan economistas, limita la capacidad del Estado para reforzar infraestructuras críticas y deja sectores como el ferroviario o el energético con déficits de mantenimiento que ya se están traduciendo en incidencias recurrentes.
España frente al espejo europeo
La Unión Europea ha recuperado las reglas fiscales que exigen déficits por debajo del 3 % y una deuda en senda descendente. Varios países —Francia, Bélgica— han recibido advertencias por incumplimiento, mientras que otros, como Portugal o Irlanda, han logrado cerrar ejercicios con superávit.
España, con una deuda pública en torno al 107 % del PIB, dispone de menos margen para acumular déficits elevados de forma reiterada. Un deterioro prolongado encarecería el coste de la deuda, justo cuando el Banco Central Europeo mantiene tipos aún altos y solo anticipa bajadas lentas.
Perspectivas y riesgos para lo que resta de año
El Gobierno prevé reducir el déficit público del 3,2 % del PIB en 2024 al 2,8 % en 2025. Sin el efecto de la DANA, quedaría en torno al 2,5 %. La recaudación tributaria crece por encima del 9 %, impulsada por IVA, IRPF e impuesto sobre sociedades.
Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte de que el aumento del gasto estructural —especialmente en defensa— podría tensionar la regla de gasto y obligar a compensar con recortes en otras áreas.
Más que una cifra: un síntoma estructural
El “junio negro” no es solo un episodio contable. Es la evidencia de que el modelo de gasto público español sigue atrapado en un patrón donde el grueso de los recursos se destina a cubrir compromisos corrientes, mientras la inversión queda relegada.
En un país que afronta retos como la transición energética, la digitalización de servicios y el mantenimiento de infraestructuras, destinar menos de un 5 % del presupuesto a inversión es un riesgo que compromete la competitividad futura.
Un debate político y social inevitable
En este escenario, la transparencia y la rendición de cuentas se vuelven esenciales. El ciudadano, que soporta una presión fiscal creciente, espera que cada euro recaudado se traduzca en servicios y mejoras tangibles, y no solo en el mantenimiento de estructuras administrativas y compromisos ineludibles.
La sostenibilidad fiscal no se mide solo en números rojos o verdes a final de mes. Se trata de decidir, con visión a medio y largo plazo, dónde y cómo se invierte cada euro de los contribuyentes. El agujero de junio no debería ser solo un titular llamativo: es una oportunidad para abrir un debate serio sobre prioridades, eficiencia y transparencia en la gestión del dinero público.