Ejecución presupuestaria a junio de 2025: el Gobierno solo ha contabilizado dos tercios del gasto autorizado
A mitad de año, la Administración central ha ejecutado 165.173 millones de euros en gasto no financiero, un 66 % de lo previsto. Economistas como José Ramón Riera cuestionan la transparencia de los datos, pero las cifras oficiales desmienten un posible fraude contable.
Presupuestos prorrogados y ampliaciones de crédito
Por tercer ejercicio consecutivo, el Gobierno de Pedro Sánchez gestiona las cuentas públicas con los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025. Ante la falta de apoyos parlamentarios, el Ministerio de Hacienda ha recurrido a ampliaciones de crédito en Consejo de Ministros, una fórmula legal pero polémica por la falta de transparencia en su justificación.
El techo de gasto no financiero fijado inicialmente en 249.000 millones de euros se ha visto incrementado hasta superar los 265.000 millones, según fuentes oficiales.
La polémica: ¿ejecución real o desfase contable?
El economista José Ramón Riera ha denunciado en un reciente análisis la posibilidad de un “fraude contable oculto”:
“Tenemos autorizado un gasto de 265.000 millones, pero a junio solo se han contabilizado 105.000 millones, el 39 %. Faltan 27.000 millones por reconocer. ¿Para qué ampliar créditos si luego no se ejecutan?”
Sin embargo, los datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) rebaten esa cifra. A 30 de junio, el gasto no financiero ejecutado asciende a 165.173 millones de euros, lo que equivale al 66 % de lo autorizado y supone un aumento del 7,9 % respecto al mismo periodo de 2024.
Cifras clave a junio de 2025
| Concepto
|
Autorizado (M€) |
Ejecutado (M€) |
% Ejecución |
| Gasto no financiero total | 249.000–265.000 | 165.173 | 66% |
| Transferencias corrientes | 152.167 | 69.350 | 45,5% |
| Gastos de personal | 21.673 | 10.879 | 50,2% |
| Inversiones reales | 16.860 | 3.066 | 18,2% |
| Intereses de la deuda | 32.500 | 11.000* | 34%* |
* Datos aproximados a cierre de junio. (Fuente: IGAE, Ministerio de Hacienda)
Déficit bajo control, pero con sombras de gestión
La ejecución parcial del gasto no impide que la situación fiscal muestre cierta estabilidad. En mayo, el déficit del Estado se situaba en el 0,60 % del PIB, mientras que el superávit primario alcanzaba los 4.116 millones de euros (0,25 % del PIB).
Funcas prevé que el déficit público cierre 2025 en torno al 2,8 % del PIB, apoyado en el crecimiento económico y el fin de medidas fiscales temporales.
Lo que sí genera dudas es el bajo ritmo de inversión real, con apenas un 18 % ejecutado a mitad de año. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para transformar gasto en infraestructuras y proyectos estratégicos.
¿Fraude contable o desfase administrativo?
Las acusaciones de fraude contable encuentran poco respaldo en los datos disponibles. Expertos consultados subrayan que los retrasos en la contabilización son habituales en la administración, y que los ajustes se corrigen en los meses siguientes.
No obstante, la falta de comunicación clara sobre el uso de las ampliaciones de crédito alimenta la desconfianza. La diferencia entre lo que se autoriza en Consejo de Ministros y lo que efectivamente se ejecuta sigue siendo un punto débil en términos de transparencia.
Preguntas clave para entender la ejecución presupuestaria
¿Qué significa que los Presupuestos estén prorrogados?
Implica que se mantienen las partidas aprobadas en 2023, con posibilidad de modificarlas mediante ampliaciones de crédito.
¿Qué pasa si no se ejecuta todo el gasto?
El presupuesto no gastado puede reconducirse, pero refleja ineficiencia en la gestión y menor impacto económico.
¿Se puede hablar de fraude contable?
Los organismos de control como la IGAE y el Tribunal de Cuentas garantizan la contabilidad oficial. Hablar de fraude requiere pruebas más allá de simples desfases temporales.
La transparencia y optimización del gasto
Más allá de la polémica, los datos muestran que el Estado ejecuta el gasto a un ritmo acorde a la media histórica, aunque con importantes retrasos en inversión. El verdadero reto no es tanto la contabilidad, sino la transparencia y eficacia en el uso del dinero público.
En un escenario de presupuestos prorrogados y ampliaciones sucesivas, la confianza ciudadana exige claridad: qué se autoriza, qué se gasta y qué resultados se obtienen. La economía española no solo necesita cifras que cuadren, sino una gestión que convenza.