El Índice de Precios de Consumo (IPC) adelantado de España ha situado su tasa de variación anual en el 3,2% durante el mes de mayo, un registro que calca el comportamiento indexado el pasado mes de abril, según los datos oficiales publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De confirmarse esta métrica el próximo 12 de junio por el organismo estadístico, la economía nacional encadenaría dos meses consecutivos de estabilización macroeconómica tras el repunte inflacionario experimentado en el mes de marzo, cuando el indicador general se desbocó hasta el 3,4 %.

La evolución de la cesta de la compra y los servicios durante este último periodo mensual ha estado marcada por fuerzas contrapuestas en los diferentes sectores analizados. En el vector alcista, las presiones más significativas se han localizado en el sector del transporte, así como en las rúbricas asociadas a las actividades recreativas, el deporte y la cultura, cuyos precios agregados anotaron un descenso notablemente menos pronunciado que el registrado en el mismo ejercicio de 2025. Por el contrario, ejercieron un efecto corrector a la baja los segmentos de vestido y calzado, que recortaron sus tarifas frente al encarecimiento del año anterior, y el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que mantuvieron una trayectoria plana frente a las fuertes tensiones inflacionistas del pasado ejercicio.

Presión en la subyacente y el impacto de la crisis geopolítica en Irán

Pese a la estabilidad del índice general, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente, aquella que excluye de su metodología de cálculo el comportamiento de los alimentos no elaborados y de los productos energéticos por su alta volatilidad, experimentó un incremento de una décima, situándose en el 2,9%. En la comparativa estrictamente mensual, el IPC anotó un avance del 0,1% respecto al mes de abril. Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), utilizado para las comparaciones homogéneas dentro del marco de la Unión Europea, elevó su tasa anual una décima hasta alcanzar el 3,6%, mientras que su métrica subyacente se fijó en el 3,3%.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa se ha valorado positivamente la contención del indicador en el 3,2%. Fuentes de la cartera que dirige Carlos Cuerpo han atribuido este blindaje a la efectividad de las medidas regulatorias del Ejecutivo y al impacto del denominado 'escudo renovable', en un contexto internacional fuertemente tensionado por la volatilidad de los mercados energéticos derivada de la guerra en Irán. Según el análisis del departamento ministerial, la estrategia pública está logrando amortiguar los choques externos y salvaguardar el poder adquisitivo de los hogares, destacando la fortaleza que aporta la transición energética para mantener acotados los precios mayoristas de la electricidad, los cuales ya registraron caídas interanuales el mes previo.

Cronograma de desactivación de las ayudas fiscales y bonos sociales

La estabilización del escenario de precios ha llevado al Gobierno a ratificar el calendario para la desactivación gradual y progresiva de las medidas fiscales extraordinarias de apoyo energético. De este modo, a partir del próximo 1 de junio comenzará el repliegue de los tipos reducidos vinculados al Impuesto Especial sobre la Electricidad, así como del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que venía aplicándose de forma bonificada a los suministros de luz, gas natural, briquetas, pellets y leña.

Por otra parte, el Ejecutivo mantendrá bajo un régimen de prórroga estricta hasta el próximo 30 de junio otra serie de herramientas de contención económica. En este bloque se encuadran las medidas excepcionales sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y el paquete de bonificaciones fiscales directas sobre los carburantes, que comprende los tipos reducidos en el Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA al 10 % en gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y el mecanismo de devolución parcial del gasóleo profesional. Igualmente, las arcas públicas continuarán sosteniendo las ayudas sectoriales directas destinadas a los colectivos de agricultores y transportistas, junto con los descuentos reforzados del bono social eléctrico, que preservarán coberturas del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para aquellos calificados en situación de vulnerabilidad severa.