El IEE estima que las Obligaciones de Servicio Público cuestan alrededor de 3 900 millones de euros al año en España
Las Obligaciones de Servicio Público (OSP) son prestaciones que el Estado impone a operadores —tanto públicos como privados— para garantizar el acceso y funcionamiento de servicios considerados de interés general. Estas obligaciones pueden abarcar desde accesibilidad universal hasta la prestación continua de un servicio esencial en condiciones que no siempre son rentables desde una perspectiva estrictamente comercial.
Según el informe del IEE, el coste anual estimado de estas obligaciones ronda los 3 900 millones de euros, una cifra que refleja los desembolsos que deben realizarse o compensarse para que algunos operadores puedan cumplir con estas exigencias sin poner en riesgo su viabilidad económica. El cálculo incluye compensaciones y ajustes derivados de la normativa vigente, así como estimaciones sobre el valor económico de los servicios considerados de interés general en sectores clave.
Aunque la cifra no especifica desgloses sectoriales en el resumen disponible, las OSP suelen aplicarse en ámbitos como el transporte público, servicios postales y telecomunicaciones, entre otros, donde la lógica de garantizar cobertura amplia y equitativa conlleva costes adicionales que deben ser asumidos por los operadores o compensados por mecanismos públicos.
El debate sobre el coste y la financiación de las Obligaciones de Servicio Público ha estado presente en las discusiones sobre la eficiencia del gasto público y la distribución de cargas entre sectores, especialmente en un contexto en el que se busca equilibrar la sostenibilidad de los servicios básicos con la competitividad de las empresas implicadas. Expertos económicos sostienen que evaluar con precisión estos costes permite mejorar la transparencia en la gestión pública y diseñar políticas más eficaces para garantizar servicios universales sin desequilibrios financieros.