Hacienda afronta devoluciones de hasta 11.000 millones de euros por cobros ilegales, según el economista José Ramón Riera

La Agencia Tributaria se enfrenta a una devolución masiva de entre 8.000 y 11.000 millones de euros tras varias sentencias del Tribunal Supremo que han declarado ilegales determinados cobros en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades. Así lo ha advertido el economista José Ramón Riera, quien señala que “Hacienda sigue cobrando de forma ilegal y cada vez que hay una sentencia tiene que devolver masivamente miles de millones de euros”.

El impacto económico de estas devoluciones supone un duro golpe para las cuentas públicas, en un momento en el que la recaudación acumulada hasta septiembre crece un 10,1%, impulsada por el IVA y los impuestos medioambientales, mientras que el IRPF registra una caída del 5% debido, precisamente, a la devolución de lo recaudado de forma indebida.

Doble tributación del IRPF y eliminación de deducciones en Sociedades

El primero de los casos afecta a cientos de miles de mutualistas jubilados, a quienes Hacienda negó durante años la posibilidad de desgravar las cotizaciones a mutualidades laborales anteriores a su integración en la Seguridad Social.

Tras varias sentencias favorables del Tribunal Supremo, la Agencia Tributaria ha tenido que reconocer la doble tributación y comenzar a devolver las cantidades cobradas indebidamente, estimadas en entre 3.000 y 5.000 euros por mutualista.

“Para evitar más juicios y más líos, Hacienda no ha tenido más remedio que devolver todo el dinero cobrado ilegalmente”, ha señalado Riera, que cifra en miles de millones las devoluciones iniciadas desde julio.

En paralelo, el Alto Tribunal ha declarado también ilegal parte del Real Decreto 3/2016, aprobado durante la etapa de Cristóbal Montoro, que eliminó deducciones en la base imponible del Impuesto de Sociedades. Las empresas afectadas recurrieron la norma y, tras un largo litigio, el Supremo les ha dado la razón.

“Hacienda sabía que iba a perder el juicio porque ya existían pronunciamientos europeos en contra, pero aún así siguió recaudando”, explicó Riera, quien asegura que la devolución a las compañías afectadas podría alcanzar los 11.000 millones de euros.

Caída en la recaudación y un nuevo foco judicial

Estas devoluciones han provocado un descenso de los ingresos fiscales. En septiembre, el Impuesto de Sociedades fue negativo en 400 millones, mientras que en el mismo mes del año anterior había aportado una cifra positiva equivalente.

Sin embargo, Riera advierte de que Hacienda podría repetir los mismos errores con los nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las grandes energéticas aprobados en 2023. “Van a ganar los recursos en la Audiencia Nacional y luego en el Supremo, y volverá a pasar lo mismo: Hacienda habrá cobrado de forma ilegal”, pronostica el economista.

Un modelo fiscal cuestionado

El experto considera que el Ministerio de Hacienda “no puede seguir aprobando leyes sabiendo que son ilegales solo para recaudar más”, y acusa a la administración tributaria de “tratar a todos los contribuyentes como delincuentes”.

“Hacienda tiene que ser justa, legal y perseguir a quienes defraudan, no castigar a quienes cumplen”, enfatiza Riera, quien denuncia que las continuas devoluciones reflejan una mala praxis recaudatoria que genera inseguridad jurídica y un elevado coste económico para el Estado.

Un impacto que compromete las cuentas públicas

La magnitud de las devoluciones —que podrían alcanzar los 11.000 millones de euros— representa un nuevo desafío para la estabilidad presupuestaria. A pesar de que la Agencia Tributaria ha logrado mantener un crecimiento de ingresos en los tres primeros trimestres del año, el efecto de las sentencias judiciales podría alterar las previsiones fiscales del cierre de ejercicio.

Según Riera, el problema es estructural: “Hacienda no puede seguir construyendo su recaudación sobre normas que sabe que los tribunales tumbarán. Lo que está haciendo es una locura”.

Las resoluciones judiciales y el reconocimiento de cobros indebidos obligan ahora a la Agencia Tributaria a revisar sus procedimientos y reforzar la seguridad jurídica, mientras los contribuyentes y empresas continúan reclamando un sistema fiscal más transparente, equitativo y predecible.