Hacienda pagó 44 millones en intereses por retrasar el IRPF a 3,1 millones de contribuyentes
Más de tres millones de personas esperaron meses su devolución entre 2015 y 2023 mientras la Agencia Tributaria incumplía el plazo legal y cargaba el sobrecoste al conjunto de los ciudadanos
Entre 2015 y 2023, un total de 3.086.749 contribuyentes sufrieron retrasos en la devolución de su IRPF. Como consecuencia de esas demoras, la Agencia Tributaria tuvo que abonar más de 44 millones de euros en intereses de demora, una cantidad que, en última instancia, ha salido del erario público y, por tanto, de todos los ciudadanos.
Los datos revelan un patrón sistemático: mientras el contribuyente debe cumplir escrupulosamente con los plazos cuando Hacienda reclama pagos, la Administración no ha aplicado la misma diligencia cuando ha tenido que devolver dinero. La ley establece un plazo máximo de seis meses para efectuar las devoluciones desde el final de la campaña de la renta; una vez superado, Hacienda está obligada a pagar intereses. En estos casi diez años analizados, ese límite se ha rebasado de forma reiterada.
El impacto no ha sido marginal ni excepcional. Afecta a trabajadores por cuenta ajena, autónomos, pensionistas y familias que vieron bloqueados recursos que ya les pertenecían. En muchos casos, esas devoluciones retrasadas coincidieron con momentos de especial tensión económica para los hogares.
Desde el ámbito económico, voces críticas han subrayado el coste de oportunidad de esta práctica. El economista José Ramón Riera ha advertido que “cada euro retenido de forma indebida es un euro que deja de circular en la economía real y empobrece al contribuyente medio”, una idea que sintetiza el daño más allá de la mera cifra contable.
El pago de los 44 millones en intereses plantea además un debate sobre la responsabilidad administrativa. Mientras los contribuyentes afrontan recargos y sanciones por retrasos mínimos, no existe un mecanismo equivalente que penalice directamente a los responsables de las demoras en la Agencia Tributaria. Las críticas apuntan a deficiencias en los sistemas de comprobación, falta de personal o prioridades de gestión que no han favorecido la rapidez en las devoluciones.
Organizaciones de consumidores y asesores fiscales reclaman cambios estructurales: automatización real de los procesos, refuerzo de medios humanos y un sistema que priorice la devolución inmediata cuando no existan indicios de irregularidad, dejando las comprobaciones más complejas para revisiones posteriores.
El episodio también alimenta la desconfianza hacia la Administración fiscal en un contexto de creciente complejidad tributaria. Para millones de contribuyentes, la experiencia se resume en una paradoja repetida: cuando deben pagar, el reloj corre rápido; cuando deben cobrar, se detiene.