La gran estafa del bienestar: el análisis que sacude las cuentas públicas

Un Estado cada vez más caro

Cada mes, millones de españoles vuelven a mirar sus nóminas con la misma sensación: pagan más impuestos, pero no sienten que su vida mejore. Esa brecha entre lo que se ingresa y lo que se recibe se ha convertido en uno de los grandes temas del debate económico. El economista José Ramón Riera, conocido por su tono directo en redes, ha puesto el dedo en la llaga: “Nos hablan del Estado del bienestar, pero lo que de verdad crece es el aparato político. Es una gran estafa fiscal.”

Sus palabras, más propias de una tribuna política que de una clase de macroeconomía, han encendido un debate incómodo: ¿se está utilizando el discurso del bienestar para justificar un Estado que crece sobre sí mismo?

Los números detrás del discurso

Según Riera, desde 2018 el PIB nominal per cápita ha pasado de 26.000 a 32.630 euros —un crecimiento cercano al 26%—, mientras que la recaudación de impuestos ha aumentado en torno al 37%. “Pagamos más de lo que crece la economía”, resume el economista, que sostiene que, al ajustar por inflación y subida de precios, el poder adquisitivo real de los españoles se habría reducido alrededor de un 2%.

Para ilustrarlo, compara dos magnitudes que cualquier familia entiende: el salario medio y la cesta de la compra. Mientras los sueldos apenas han subido un 20% en seis años, los precios de los alimentos se han disparado cerca del 35%. “Nuestro dinero vale menos, aunque el Gobierno diga lo contrario”, sentencia.

Lo que confirman los datos oficiales

El diagnóstico de Riera no parte de la nada. Según el Instituto Nacional de Estadística, el PIB real creció un 3,5% en 2024, pero el gasto público total alcanzó el 45% del PIB —cinco puntos más que antes de la pandemia—. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte en su último informe que España “mantiene un nivel de gasto estructural elevado” y pide “contención y eficiencia” en el uso de recursos.

El Banco de España, por su parte, reconoce que el aumento de gasto se ha concentrado en sanidad, educación y pensiones, aunque señala que “las mejoras de eficiencia son limitadas y la inversión en vivienda o infraestructuras continúa rezagada”. En otras palabras: el Estado gasta más, pero no necesariamente mejor.

“Gasto político”: un concepto polémico

Riera denomina gasto político a todo aquel destinado a mantener estructuras administrativas, asesores, cargos de confianza, duplicidades entre administraciones y subvenciones no vinculadas a servicios esenciales. No existe oficialmente esa categoría presupuestaria. En los informes públicos, esas partidas se diluyen entre “servicios generales del Estado”, “transferencias a comunidades” o “gasto corriente en bienes y servicios”.

Sin embargo, la idea no es nueva. La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca) ha advertido en varias ocasiones de “una tendencia a engrosar el número de estructuras sin que se traduzca en una mejora proporcional de los servicios públicos”.

Para el catedrático de Hacienda Pública Santiago Lago Peñas, “no se trata de demonizar el gasto, sino de medir su retorno social. España no gasta demasiado, pero sí mal en algunas áreas: hay solapamientos y poca evaluación de resultados”.

Más impuestos, menos alivio

Los ingresos públicos alcanzaron en 2024 los 294.734 millones de euros, un 8,4% más que el año anterior, según la Agencia Tributaria. La presión fiscal se sitúa en torno al 37% del PIB, ligeramente por encima de la media de la década anterior. A la vez, el déficit público ronda el 3,6%, y la deuda supera el 108% del PIB.

Los economistas consultados coinciden en que la subida de la recaudación no se ha traducido todavía en un alivio visible para el ciudadano. “Tenemos más gasto público, pero también más deuda y más impuestos. El círculo no se está cerrando con bienestar”, explica la analista económica Marta Benavides.

El ciudadano, entre la carga y la desconfianza

El sentimiento ciudadano parece moverse entre el cansancio y la incredulidad. En Madrid, donde los precios de vivienda y servicios básicos crecen a doble dígito, la idea de que el Estado “recauda más pero ofrece lo mismo” gana terreno. “Pagas más por la luz, por la gasolina, por el IRPF… y los colegios siguen saturados y la sanidad con listas de espera”, comenta Luis Aranda, autónomo del distrito de Chamberí. “¿Dónde está ese bienestar del que hablan?”.

Esa percepción —aunque no siempre respaldada por los indicadores globales— está erosionando la confianza en el propio modelo de bienestar. Y es ahí donde el mensaje de Riera conecta con una parte creciente de la sociedad: la que siente que la clase política vive mejor que quienes la sostienen.

Lo que está en juego

Detrás del ruido mediático hay una cuestión más profunda: la eficiencia del Estado.
La AIReF lleva años reclamando un sistema de evaluación sistemática del gasto público, al estilo del spending review británico, para medir el impacto real de cada euro gastado. “España no necesita gastar menos, sino gastar con sentido. Cada administración debe justificar el retorno social de su presupuesto”, señalan desde el organismo.

El Banco de España insiste en la misma línea: invertir más en vivienda pública, innovación e infraestructuras productivas, y menos en gasto corriente sin retorno.
Porque el Estado del bienestar, si quiere sobrevivir, necesita ser también un Estado eficiente.

Epílogo: la factura de la política

En su vídeo, Riera termina con una frase tan provocadora como reveladora: “Aquí quienes viven bien tienen nombre y apellidos, y están todos en política.”
Puede sonar excesivo, pero encierra una advertencia: cuando el Estado crece más rápido que la economía, y la ciudadanía percibe que su esfuerzo no revierte en bienestar, el contrato social se resquebraja.

España no sufre por gastar, sino —quizá— por gastar mal.
Y si el Estado del bienestar se transforma en Estado del poder, perderemos ambos: el bienestar y la confianza.

Recuadro: Qué es el “gasto político” según Riera

Riera define el gasto político como “la suma de todas las partidas destinadas al sostenimiento de la clase política y sus estructuras: asesores, altos cargos, empresas públicas innecesarias, subvenciones discrecionales y duplicidades entre administraciones”.

El economista estima que estas partidas suponen alrededor del 23% del crecimiento del gasto público desde 2018.
No obstante, esta clasificación no existe en la contabilidad oficial del Estado y debe entenderse como una interpretación crítica.