España destina más del 12 % de su PIB a pensiones y afronta un reto demográfico sin precedentes
El gasto en pensiones se dispara en España, superando el 12 % del PIB. El envejecimiento poblacional y la baja natalidad plantean un desafío de sostenibilidad para el sistema
El sistema público de pensiones en España se enfrenta a uno de los mayores desafíos de su historia. Según los últimos datos, el gasto en pensiones supera ya el 12 % del PIB, una cifra que ha crecido de manera constante en las últimas décadas y que continuará aumentando en los próximos años debido al envejecimiento de la población.
Actualmente, España cuenta con más de 10 millones de pensionistas, de los cuales cerca del 70 % son beneficiarios de jubilación. La pensión media se sitúa en torno a los 1.400 euros mensuales, aunque con fuertes diferencias entre las nuevas altas —más elevadas— y las pensiones más antiguas.
Uno de los principales problemas es el desequilibrio entre cotizantes y pensionistas. Mientras en los años ochenta había casi 3 trabajadores por cada pensionista, en la actualidad la ratio se aproxima peligrosamente a los 2 cotizantes por beneficiario, una tendencia que seguirá cayendo si no se revierte la baja natalidad y la salida de jóvenes al extranjero.
La esperanza de vida en España, una de las más altas del mundo, se suma al reto: se prevé que en 2050 casi el 30 % de la población supere los 65 años. Esto implica que el gasto en pensiones seguirá incrementándose incluso si se mantiene la actual política de reformas y ajustes.
El sistema ya ha necesitado medidas adicionales para sostenerse, como el uso del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ha quedado prácticamente agotado, y las transferencias extraordinarias del Estado para cubrir el déficit.
Los expertos coinciden en que la solución pasa por una combinación de reformas estructurales, impulso del empleo de calidad, fomento de la natalidad, atracción de inmigración cualificada y el desarrollo de sistemas complementarios de ahorro privado.
En definitiva, España encara un futuro en el que será necesario equilibrar la sostenibilidad financiera del sistema con la garantía de pensiones dignas, un desafío que marcará la política económica y social de las próximas décadas.