Embargan 482 millones de euros a Aena en Bélgica por impagos del Estado español
La justicia belga ha autorizado el embargo de 482 millones de euros que España debía percibir a través de Eurocontrol, correspondientes a tasas aéreas destinadas a Enaire, la empresa pública encargada de la navegación aérea y participada mayoritariamente por Aena. La decisión supone un duro golpe a la credibilidad financiera y jurídica de España en el exterior y reabre el debate sobre el coste real de no cumplir con los laudos arbitrales internacionales.
El embargo responde a la negativa del Estado español a pagar varios arbitrajes internacionales perdidos tras los recortes retroactivos a las energías renovables, decisiones adoptadas en la pasada década que afectaron a miles de inversores extranjeros. Tras años de litigios, los tribunales arbitrales fallaron contra España, pero el Gobierno ha venido retrasando o rechazando los pagos, amparándose en argumentos legales y comunitarios.
Ante esta situación, los demandantes han acudido a tribunales belgas para ejecutar las sentencias, obteniendo ahora luz verde para bloquear fondos estratégicos vinculados al tráfico aéreo. No se trata de una partida menor: son ingresos esenciales para el funcionamiento del sistema de navegación aérea español, lo que eleva la gravedad del precedente.
España acumula actualmente decenas de laudos arbitrales desfavorables, con un importe total reclamado que supera ya los 1.500 millones de euros, sin contar intereses de demora ni costas judiciales. Algunas estimaciones elevan el coste total por honorarios legales por encima de los 100 millones de euros, a lo que se suman centenares de millones adicionales en intereses.
El economista José Ramón Riera ha advertido en reiteradas ocasiones de las consecuencias de esta estrategia: “Cuando un país decide no cumplir con las sentencias internacionales, el problema deja de ser jurídico y pasa a ser financiero y reputacional”, subrayando que los embargos son el último recurso cuando falla la voluntad de pago. En otra de sus reflexiones, Riera alerta de que “no negociar a tiempo acaba saliendo mucho más caro que sentarse a cumplir o pactar”.
El impacto del embargo va más allá del daño económico inmediato. España proyecta una imagen de inseguridad jurídica, especialmente preocupante para los inversores internacionales, y se abre la puerta a que otros países repliquen esta vía judicial para bloquear activos españoles en sus jurisdicciones. De hecho, en los últimos años ya se han producido actuaciones similares en Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Bélgica, configurando un escenario de embargo tras embargo.
Expertos advierten de que, de mantenerse esta dinámica, ningún activo exterior estaría completamente a salvo, incluyendo infraestructuras, cuentas públicas o incluso sedes diplomáticas, si bien estos últimos casos presentarían una mayor complejidad legal.
En definitiva, España está pagando ahora, mediante embargos internacionales, el coste acumulado de decisiones políticas del pasado y de una estrategia basada en posponer soluciones. Como resume José Ramón Riera, “cuando no se paga voluntariamente, siempre acaba llegando alguien que cobra por la fuerza”.