Ejecución de fondos europeos en España: críticas por el ritmo de gasto y la respuesta del Gobierno

La gestión de los fondos europeos del plan de recuperación ha vuelto al centro del debate público tras la publicación de un vídeo del economista José Ramón Riera en el que critica con dureza el ritmo de ejecución de distintas carteras del Ejecutivo. Sus declaraciones, en las que acusa a varios ministros de “incompetencia”, han generado polémica política y reabierto la discusión sobre cómo se están desplegando en España los recursos procedentes del instrumento europeo de recuperación.

España es uno de los principales beneficiarios del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el programa creado por la Unión Europea tras la pandemia para impulsar inversiones y reformas. Según datos de la Comisión Europea, el país ha recibido decenas de miles de millones en transferencias y préstamos vinculados al cumplimiento de hitos y objetivos previamente acordados.

Las críticas: ejecución real frente a fondos asignados

En su análisis, Riera sostiene que, de unos 35.000 millones de euros disponibles en un periodo determinado, solo una pequeña parte habría llegado “al mercado”, cuestionando especialmente la gestión de cinco ministerios. Entre los señalados menciona al titular de Transportes, Óscar Puente; la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Agricultura, Luis Planas; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El economista argumenta que el bajo nivel de ejecución reflejaría ineficiencias administrativas y falta de capacidad de gestión, una crítica recurrente desde sectores empresariales y de la oposición política en los últimos años.

Qué dicen los datos oficiales

Sin embargo, la interpretación de las cifras no es uniforme. Expertos en política económica subrayan que existe una diferencia relevante entre:

• Fondos asignados o presupuestados
• Fondos comprometidos (adjudicados en convocatorias o contratos)
• Fondos efectivamente pagados y ejecutados en proyectos

El Gobierno de España ha defendido en varias ocasiones que España se sitúa entre los países de la UE con mayor volumen de fondos comprometidos y convocados, aunque reconoce que los pagos finales suelen producirse con retraso por la complejidad administrativa de los proyectos, especialmente en infraestructuras, vivienda o transición energética.

Fuentes comunitarias también han destacado que el sistema de desembolsos europeo no se basa únicamente en el gasto directo anual, sino en el cumplimiento de reformas estructurales y objetivos intermedios, lo que complica las comparaciones simplificadas entre dinero “recibido” y dinero “gastado”.

Factores que explican los retrasos

Economistas y gestores públicos coinciden en varios elementos que ralentizan la ejecución:

• Complejidad burocrática de convocatorias y licitaciones.
• Capacidad administrativa desigual entre administraciones central, autonómica y local.
• Escasez de proyectos maduros en algunos sectores al inicio del programa.
• Incremento de costes por inflación, que obliga a redefinir presupuestos.

En áreas como transporte o vivienda, además, los proyectos suelen tener plazos plurianuales, lo que significa que el gasto real se distribuye durante varios ejercicios.

Impacto político y económico

El ritmo de ejecución de los fondos europeos es un asunto clave porque se considera uno de los principales motores del crecimiento económico español en los próximos años. Organismos internacionales han señalado que una implementación eficaz podría elevar la productividad y acelerar la transición digital y ecológica.

Al mismo tiempo, la controversia refleja un debate más amplio sobre la capacidad del Estado para gestionar grandes programas de inversión en un contexto de elevada demanda social y empresarial.

Un debate que continuará

La confrontación entre críticas independientes y cifras oficiales previsiblemente continuará a medida que avance el calendario europeo de inversiones. Con nuevos desembolsos condicionados a reformas pendientes y proyectos en marcha, el grado real de ejecución seguirá siendo uno de los indicadores más observados de la política económica española.

En este contexto, más allá del tono político de algunas declaraciones, el consenso entre analistas es que la cuestión clave no será solo cuánto dinero se moviliza, sino qué impacto económico y social generan finalmente las inversiones financiadas con fondos europeos.