Bono social eléctrico y térmico: así afectará a los hogares madrileños en 2026
El Gobierno restringe el bono social a familias con mayores necesidades económicas
El Consejo de Ministros aprobó este martes la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, con el objetivo de que los bonos sociales eléctrico y térmico lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan, restringiendo su acceso a hogares con rentas elevadas.
La medida busca mejorar la eficiencia del sistema y consolidar los avances alcanzados desde la primera estrategia nacional, vigente entre 2019 y 2024.
Adaptación de los bonos sociales a la renta de los hogares
Según el Gobierno, los criterios actuales permiten que hogares con altos ingresos puedan acceder al bono social, mientras que algunos hogares necesitados quedan fuera. Con la nueva estrategia, se pretende que el acceso a estas ayudas esté estrictamente vinculado a la situación económica de las familias, garantizando que solo las más vulnerables reciban el beneficio.
Desde 2018, el coste medio de la electricidad ha descendido en España, pasando de estar por encima de la media europea a situarse por debajo. La carga energética media por hogar ha bajado un 3,5%, mientras que en los deciles de renta más bajos la reducción alcanza el 24,7%.
Cuatro ejes de actuación para combatir la pobreza energética
La estrategia se articula sobre cuatro ejes principales:
Caracterización de la pobreza energética
Se creará un Observatorio de la pobreza energética que centralice información y facilite el intercambio técnico entre expertos, mejorando la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas.
Protección de los consumidores
Entre sus medidas destacan: garantizar el suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes, ampliar la cobertura del bono social (que ha pasado de 1,07 millones de hogares en 2018 a 1,72 millones actualmente), y suprimir prácticas comerciales que dificultan el acceso, como penalizaciones por permanencia en PVPC con bono social.
Mejora estructural de las condiciones energéticas
Se fomentará la rehabilitación energética de viviendas de familias vulnerables, la inclusión de estos consumidores en comunidades energéticas, y la protección frente a olas de calor y frío mediante refugios climáticos y planes de refrigeración. El Plan Social para el Clima aportará 9.000 millones de euros durante la vigencia de la estrategia.
Comunicación, coordinación y sensibilización
Se impulsarán puntos de asesoramiento energético, se mejorará la coordinación entre administraciones y se fomentará la detección de situaciones de pobreza energética en atención primaria y servicios sociales.
Apoyo económico y normativa
Además del presupuesto ordinario de los ministerios implicados, se aprovecharán los Certificados de Ahorro Energético (CAE) para fomentar actuaciones de eficiencia energética en consumidores vulnerables. Varias de estas medidas ya se incluyen en el Real Decreto 88/2026, que regula el suministro, la comercialización y la agregación de energía eléctrica, reforzando la protección de todos los consumidores.
El Gobierno destaca que estas medidas no solo buscan reducir la pobreza energética, sino también fomentar una mayor eficiencia y sostenibilidad en el uso de la energía, asegurando que los recursos públicos se dirijan a quienes realmente lo necesitan.