Los asesores fiscales alertan de que la nueva ley de IA dejará a los ciudadanos indefensos ante los algoritmos de Hacienda

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha manifestado de forma pública su absoluto rechazo al "blindaje" que el Gobierno pretende otorgar a las administraciones tributarias dentro del proyecto de Ley Orgánica para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, un texto que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 12 de junio. Con el objetivo de frenar lo que consideran un atropello legal, la asociación ha remitido un documento técnico con propuestas de enmiendas a todos los grupos parlamentarios de las Cortes para su estudio y defensa en la fase de tramitación legislativa.

Desde el colectivo de expertos fiscales califican de "inadmisible" que en el seno de una ley orgánica que tiene como misión constitucional velar por los derechos fundamentales se haya introducido, según denuncian, una enmienda a última hora. Esta maniobra normativa habría servido para sortear los dictámenes de los principales órganos consultivos del Estado, entre los que se encuentran la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los asesores critican la profunda asimetría de la norma, argumentando que mientras el proyecto impone un exhaustivo régimen de cumplimiento y severas sanciones al sector privado, consagra simultáneamente un régimen de opacidad, inmunidad y excepcionalidad injustificada para la Administración Pública y, de forma muy particular, para la Agencia Tributaria.

Riesgo de exclusión judicial e indefensión ciudadana

La postura técnica de Aedaf sostiene que, bajo el legítimo pretexto de la prevención del fraude fiscal y la búsqueda de la eficiencia del sistema, el Ejecutivo pretende instituir un blindaje casi absoluto en favor de las arcas públicas. La gravedad de esta excepción radica, según los fiscalistas, en que podría llegar a expulsar de facto a los jueces y tribunales de su potestad constitucional de control sobre los actos administrativos. Esta situación abocaría a los contribuyentes a una situación de indefensión material absoluta frente a las liquidaciones o inspecciones automatizadas mediante algoritmos ocultos.

Los expertos recuerdan que fomentar una falsa apariencia de transparencia choca frontalmente con los objetivos de gobernanza fijados por la Unión Europea en su Reglamento de Inteligencia Artificial 2024/1689, norma que exige una IA fiable, ética y centrada en el ser humano.

En su análisis de riesgos, Aedaf advierte que esta falta de claridad en los criterios algorítmicos aplicados por Hacienda vulnera derechos fundamentales básicos de los ciudadanos como el derecho a la igualdad, a la intimidad, a la protección de datos personales, a la tutela judicial efectiva y a gozar de un juicio con todas las garantías.

A pesar de la contundencia de sus críticas al texto articulado, la asociación sectorial ha querido dejar claro que comparte la necesidad de abrazar la modernización tecnológica del Estado. En este sentido, los asesores fiscales reiteraron su conformidad con la utilidad de los medios informáticos y las herramientas de tratamiento masivo de información de cara a mejorar la eficiencia de la maquinaria administrativa y avanzar en la persecución del fraude fiscal, siempre y cuando se respeten los límites democráticos y las garantías de los administrados.