Los asesores fiscales urgen a unificar la facturación electrónica antes de 2028 para evitar la improvisación ante los cambios europeos
La Asociación Española de Asesores Fiscales ha presentado una hoja de ruta que urge al diseño de un sistema estandarizado de facturación electrónica en España antes de octubre de 2028. La propuesta busca garantizar una transición ordenada de las empresas nacionales hacia la aplicación de la nueva directiva europea del IVA digital en 2030.
La Asociación Española de Asesores Fiscales, conocida por sus siglas Aedaf, ha defendido de forma pública la necesidad imperiosa de implantar un sistema estandarizado y unificado de facturación electrónica en el territorio nacional antes de que venza el plazo de octubre de 2028. Esta medida tiene como propósito estructural asegurar una transición progresiva y exenta de distorsiones operativas de cara a la entrada en vigor de la directiva comunitaria ViDA, relativa al IVA en la era digital, cuyo despliegue de obligado cumplimiento por parte de la Unión Europea está programado de cara al ejercicio de 2030.
A través de un comunicado emitido por la entidad ayer, el gabinete de expertos en imposición indirecta de la organización ha confeccionado un documento que define los hitos clave para converger los actuales mecanismos españoles de registro y reporte con las exigencias de Bruselas. La normativa europea obligará a todas las delegaciones estatales a unificar y adaptar sus ecosistemas digitales de facturación. En el escenario actual español coexisten dos estructuras diferenciadas de control fiscal como son el Sistema de Suministro Inmediato de Información, de aplicación en grandes corporaciones, y el reglamento Verifactu, enfocado en pymes y autónomos.
Desde el colectivo de asesores advierten que ambos esquemas se verán obligados a evolucionar y fundirse en una arquitectura única si se pretende cumplir con el mandato europeo, reduciendo costes de gestión y mitigando duplicidades normativas.
Críticas a la falta de coordinación y costes derivados de la precipitación legislativa
El presidente de la asociación, Bernardo Bande, ha aprovechado la presentación del informe ante los medios de comunicación para analizar el reciente aplazamiento de la entrada en funcionamiento del sistema Verifactu hasta las postrimerías del año 2026. Bande ha sido tajante al manifestar que el tejido productivo y las empresas de España disponen de la capacidad necesaria para asimilar las inversiones económicas asociadas a la digitalización, pero ha recalcado que no resulta de recibo que el sector privado deba sufragar las ineficiencias y los costes indirectos derivados de la improvisación de las administraciones. La patronal de los asesores fiscales reclama por ello un marco de mayor coherencia técnica, planificación anticipada, coordinación entre los agentes públicos y un profundo respeto hacia el esfuerzo inversor que realizan las empresas de todos los tamaños.
En este sentido, el coordinador de la comisión técnica y autor principal de la hoja de ruta, Fernando Matesanz, ha detallado la necesidad de establecer un cronograma de hitos perfectamente delimitado donde el ejercicio de 2027 se perfile de manera exclusiva como un año de análisis, reflexión y adaptación interna de software. Según el análisis de Matesanz, cualquier aceleración de plazos o implantación ejecutiva que se pretenda desarrollar antes de 2028 resultará a todas luces precipitada, recordando asimismo que la directiva del IVA digital afectará de manera integral al conjunto de las compañías de la Unión Europea con total independencia de cuál sea su volumen de negocio o nivel de facturación anual.
Seguridad jurídica y diseño de una arquitectura digital compatible
La postura técnica de los fiscalistas aclara que el objetivo de esta propuesta no se fundamenta en solicitar nuevas prórrogas o demoras respecto a la vigencia del calendario de Verifactu, un matiz que ha introducido el analista del grupo, Albert Folguera. El propósito prioritario radica en aprovechar los plazos disponibles para erigir una infraestructura informática completa, armonizada y robusta que sea nativa y compatible con los requerimientos finales de la directiva ViDA.
Desde la organización se concluye que el diseño de una convergencia guiada, progresiva y compatible con los estándares que se dicten desde los organismos europeos se convertirá en un factor indispensable para dotar de una mayor estabilidad y seguridad jurídica al modelo tributario de España, previniendo alteraciones en la actividad diaria de los contribuyentes.