"Salí del hospital con una cesárea y me fui a trabajar": el malestar de los autónomos llega al Defensor del Pueblo
La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N que agrupa a decenas de miles de trabajadores por cuenta propia ha acudido al Defensor del Pueblo para denunciar su "desamparo total". Exigen una legislación propia, el fin de los embargos al patrimonio familiar y convocan un paro para el próximo 30 de noviembre.
El descontento del trabajo autónomo en España ha dejado de canalizarse exclusivamente a través de los despachos de las asociaciones tradicionales. Una plataforma ciudadana, nacida de forma espontánea en las calles y que carece de siglas o estructuras societarias registradas, ha acudido al Defensor del Pueblo para exigir amparo ante lo que califican como un "maltrato" institucional sistemático. Los portavoces de este movimiento, que asegura coordinar a más de 100.000 profesionales activos en 22 provincias, trasladaron un dossier con casos que ilustran la desprotección social que padece el colectivo.
"Ahora mismo no tenemos derecho a enfermar, no tenemos derecho a llorar a nuestros muertos, no tenemos derecho a que nuestros hijos se enfermen, no tenemos derecho a nada porque tenemos que seguir pagando", relata a El Diario de Madrid una de las portavoces de la plataforma a la salida del encuentro.
La realidad diaria descrita por los afectados se aleja de las métricas oficiales del autoempleo y se adentra en la vulnerabilidad extrema. Historias de profesionales que acuden a sus puestos de trabajo arrastrando tratamientos oncológicos o sesiones de diálisis se entrelazan con testimonios de precariedad de conciliación: "Muchísimos de nosotros lo vivimos así. Mi caso personal: sales del hospital con una cesárea y directamente te vas con tu hijo a trabajar porque no puedes permitirte estar de baja; lo que te dan no te permite sobrevivir ni a ti ni a tu familia".
Línea directa institucional y el blindaje de la vivienda
A pesar de conocer las limitaciones legales de la institución para legislar o modificar normativas, los portavoces valoraron positivamente el encuentro. El Defensor del Pueblo se ha comprometido a estudiar la documentación aportada para incluir sus reivindicaciones viables en el informe anual y les ha abierto una línea directa de seguimiento para los "casos graves" de abuso de poder o quiebra económica.
Una de las peticiones centrales del manifiesto de la plataforma es la desvinculación total del patrimonio familiar y la vivienda habitual del riesgo del pequeño negocio. A diferencia de lo que ocurre con las sociedades limitadas, el autónomo persona física responde legalmente con todos sus bienes presentes y futuros, lo que está provocando auténticos dramas familiares en situaciones de impago o tras el fallecimiento del titular. "Conozco el caso de una mujer autónoma que se quedó en quiebra total y le embargaron la cuenta a su padre. Al familiar directo, a su padre", denuncia un miembro de la coordinadora para ejemplificar el alcance del desamparo jurídico.
Guerra a la "presunción de culpabilidad" fiscal
La crítica de la plataforma no se limita a la falta de coberturas por enfermedad, sino que apunta de manera directa a los criterios de inspección del Ministerio de Hacienda y a la pérdida de derechos fundamentales en los procesos administrativos. "No tenemos el derecho a la presunción de inocencia ante Hacienda. Primero eres culpable, paga la multa y luego demuestra a Hacienda con las facturas que ya tiene", lamentan los portavoces, censurando la arbitrariedad y la falta de unidad de criterio entre los diferentes inspectores a la hora de aceptar o rechazar gastos deducibles tan básicos para un agente comercial como el kilometraje o los peajes.
Asimismo, alertan del impacto económico que supondrán las nuevas obligaciones burocráticas, como el sistema de facturación Verifactu o la trasposición de las normativas europeas sobre planes de prevención de salud mental para los empleados, unos costes añadidos que las estructuras de un solo trabajador o de un pequeño taller de reformas no tienen capacidad de absorber. En este sentido, denunciaron el reciente bloqueo en la Cámara Baja de una enmienda que pretendía aplicar de forma interna la directiva europea para eximir de pagar el IVA a aquellos autónomos que no alcancen los 85.000 euros de facturación anual.
Hacia un paro patronal el 30 de noviembre
La desconfianza del movimiento hacia los agentes sociales tradicionales es absoluta. Uno de los portavoces opina que las grandes asociaciones integradas en el diálogo social, como ATA o UPTA, actúan como "contenedores de la revuelta social" debido a su dependencia de las subvenciones públicas. "Si hubiesen hecho su trabajo correctamente no hubiese nacido este movimiento, que es un movimiento del pueblo", sentencian, recordando que su primera gran movilización logró sacar a cerca de 80.000 personas a las calles de Madrid de forma completamente orgánica.
Tras iniciar contactos políticos con formaciones como el Partido Popular, que les ha ofrecido trasladar sus demandas al Senado a través de Juan Bravo, o el Frente Obrero, la plataforma ya diseña su calendario de presión de cara al próximo ciclo electoral municipal. Su objetivo final no es un parche normativo, sino una reforma integral del Estatuto del Trabajo Autónomo en colaboración con el colectivo de abogados CEPA, buscando una "legislación propia" que diferencie nítidamente su figura de la del gran empresario y del asalariado por cuenta ajena.
Como medida de fuerza inmediata, el colectivo ya prepara una gran manifestación nacional y la convocatoria de un paro patronal generalizado para el lunes 30 de noviembre. "Si se viese el impacto real de lo que es que cierren los autónomos, se darían cuenta de que pagamos el estado de bienestar", concluye una de las portavoces.