El Instituto Juan de Mariana denuncia el "círculo vicioso" del cine español: más subvenciones para menos espectadores
El Instituto Juan de Mariana (IJM) ha publicado un informe en el que analiza la deriva de la industria cinematográfica en España. El estudio concluye que el sector se encuentra en una dinámica de dependencia estatal que ha provocado una desconexión estructural con el público. Según los datos presentados, el incremento masivo de las ayudas públicas no solo no ha servido para atraer a los espectadores, sino que ha coincidido con un desplome histórico en la venta de entradas y la cuota de mercado.
Las cifras que maneja el IJM reflejan un cambio de hábito social profundo. Mientras que en 1966 los españoles compraban una media de 12,4 entradas al año, en 2024 esa cifra apenas llega a 1,5. El cine español ha pasado de vender 101,1 millones de entradas a tan solo 13,6 millones en el último ejercicio, lo que supone perder casi un 40% de su cuota de mercado respecto a sus mejores años.
A pesar de que los exhibidores han intentado sobrevivir mediante el modelo de multicines y el apoyo en los grandes estrenos de Hollywood, el cine nacional parece no encontrar su sitio. Por cada euro que recauda el cine español hoy en día, el cine extranjero recauda casi cinco, una brecha que ha crecido un 34% desde los años 60.
El coste para el contribuyente: ayudas que se multiplican
El informe pone el foco en el crecimiento exponencial del gasto público. Las subvenciones directas del Gobierno central han pasado de 19,1 millones de euros en 1994 a superar los 152,9 millones en 2023. Si se ajusta a la inflación, el apoyo estatal se ha multiplicado por 3,6 en solo 10 años.
A estas ayudas directas hay que sumar los privilegios fiscales y los mecanismos de financiación forzosa. A este entramado de subvenciones directas se suma un complejo esquema de privilegios fiscales que ha permitido al sector beneficiarse de más de 310 millones de euros en descuentos del Impuesto de Sociedades desde el año 2015. Esta tendencia no solo se mantiene, sino que se intensifica a nivel territorial con incentivos regionales que, solo en el caso del País Vasco, supondrán otros 40 millones de euros en deducciones a lo largo de 2026.
A este escenario hay que añadir lo que el informe denomina un impuesto audiovisual encubierto derivado de la Ley 13/2022, que obliga a los operadores televisivos a destinar el 5% de su facturación, y no de sus beneficios, a la producción de contenidos. En 2022, este mecanismo regulado inyectó 380,6 millones de euros al sistema, de los cuales una parte sustancial terminó financiando cine nacional de forma obligatoria.
El análisis del retorno fiscal de estas políticas arroja datos especialmente llamativos sobre la sostenibilidad del modelo. En el ejercicio 2022, el sector captó un total de 250,2 millones de euros a través de la suma de ayudas directas, deducciones y el citado canon televisivo, mientras que su aportación a las arcas públicas mediante el IVA por la venta de entradas apenas alcanzó los 7 millones de euros. Esta desproporción implica que, por cada euro que el cine español genera en concepto de IVA, el Estado canaliza 35 euros en diversas modalidades de apoyo público.
El fenómeno de las películas "fantasma"
Uno de los datos más llamativos del informe es la aparición de una sobreproducción artificial. En 2025 se estrenaron 364 películas españolas (frente a las 168 de 2016), pero la recaudación total cayó de 111 millones a 85 millones. El resultado es un mercado lleno de películas con repercusión comercial casi nula: el 87% de los estrenos de 2025 no superó los 100.000 euros en taquilla y un centenar de filmes no llegaron siquiera a los 1.000 euros de recaudación.
El estudio estadístico (correlación de Pearson) confirma que no existe ninguna relación entre dar más subvenciones y conseguir más público. De hecho, el IJM apunta a una "brecha cultural": mientras el poder político promueve un cine de tesis o ideológico, el espectador español vota con la cartera premiando mayoritariamente las comedias familiares y los thrillers.
Hacia un modelo de desintervención
Como solución a esta crisis de legitimidad y consumo, el Instituto Juan de Mariana propone una hoja de ruta para devolver al cine a las dinámicas de mercado. La propuesta incluye eliminar de forma gradual las ayudas directas (un 25% menos cada año) y reformar el impuesto audiovisual para que se calcule sobre beneficios y no sobre facturación. El objetivo final es un modelo autosuficiente donde la oferta se ajuste a la demanda real de los ciudadanos y el cine español recupere su competitividad sin depender del presupuesto público.
Puedes acceder al informe completo aquí.