¿Dinero público?... Recordad de dónde viene el dinero
Hace unos días escuché, de boca de la vicepresidenta del Gobierno y de la portavoz de otra de las formaciones de extrema izquierda presentes en el Congreso de los Diputados, la siguiente afirmación -más o menos literal-, que expresa la frontal oposición de ambas ante el anuncio de una supuesta bonificación en el IRPF a los arrendadores particulares de viviendas en España: “Nunca apoyaremos una medida que significa regalar dinero público a los rentistas”.
Lo que me llama la atención no es que Sánchez se saque de la chistera una propuesta que parece venir del centro derecha o que sus socios de gobierno se opongan, que últimamente parece ser algo bastante común. Tampoco me extraña que la izquierda califique despectivamente de “rentistas” a los caseros. Es su naturaleza. Lo sorprendente es que alguien se atreva a definir una bonificación fiscal como “un regalo de dinero público”.
Y yo me pregunto: ¿qué es el dinero público? Margaret Thatcher lo definió bastante bien en una sola frase: “There is no such thing as public money; there is only taxpayers’ money.”; lo que traducido al castellano viejo viene a decir: “No existe el dinero público. Es el dinero de los contribuyentes”.
En el debate sobre las finanzas públicas deberíamos recordar más a menudo que todo “dinero público” es, en su origen, “dinero privado”. Y, especialmente nuestros políticos, deberían tener presente que el dinero que se gastan es dinero de los contribuyentes. No existe una caja mágica estatal generadora de riqueza. La riqueza nace de la actividad de personas y entidades privadas que producen, intercambian bienes y servicios, o directamente emprenden y asumen riesgos.
El Estado -como mucho- redistribuye lo que previamente ha sido generado por el sector productivo de la sociedad. Y si los gestores públicos no saben, no pueden -o no quieren- emplearlo bien, la solución no es pedir -o exigir- más dinero a los ciudadanos, sino cambiar de políticos. La responsabilidad siempre la tiene quien maneja la situación. Y ya sabemos quién maneja el dinero público. Esto no es ideología. Es puro dato.
Podemos discutir si las personas que obtienen una renta de una inversión juegan mayor o menor papel en la prosperidad de un país que quienes aran un campo o fabrican maquinaria pesada. Podemos entablar un sesudo debate sobre si han de contribuir más o menos a la solidaridad los caseros o los inquilinos. Podemos discutir también si los políticos que obtienen un salario por gestionar el dinero de los contribuyentes se ganan o no se ganan esa renta. Porque sus prebendas y su salario sí que son dinero público. Pero lo que no podemos discutir es que donde hay que poner el control más exhaustivo es en el gasto público.
El Estado debe administrar, impulsar políticas, proveer bienes y servicios. Y lo debe hacer con una exquisita escrupulosidad, porque todo su gasto se basa en recursos que han sido producidos y pagados, directa o indirectamente, por agentes privados. O dicho de otra manera: la contabilidad estatal se alimenta de la actividad económica real generada fuera de la esfera pública.
Esto no significa negar el papel del Estado como facilitador de condiciones favorables, como la estabilidad legal o la infraestructura básica; o como garante de servicios públicos.
Saber de dónde viene el dinero público significa tener presente que el Estado también puede hacer justamente lo contrario: dificultar las inversiones privadas y el ahorro, poner trabas a la actividad mercantil o no invertir lo necesario para que todo funcione. El terrible drama que estamos viviendo hoy en España, con unas infraestructuras ferroviarias cuyo mantenimiento no parece haber sido la prioridad, corrobora que no se puede gestionar el dinero público sin presupuestos, que son -precisamente- los que definen las prioridades. Un país no prospera porque su administración pública gaste más. Lo hace si gasta mejor y permite a sus trabajadores, empresas e instituciones productivas generar un valor que luego pueda ser utilizado por el sector público para fines sociales.
Lo más grave que ocurre hoy en España a nivel político es que haya un gobierno incapaz de aprobar unos presupuestos públicos, porque esto afecta a toda la maquinaria del Estado, y sus consecuencias llegan a todas las esferas de actividad.
Ignorar que los recursos que utiliza el sector público tienen un origen privado puede llevar a justificar políticas irresponsables, desconectadas de la realidad, porque los ingresos públicos no son una fuente autónoma de recursos, sino un reflejo de la salud financiera del sector privado. La pregunta clave no es “¿hay dinero público para esto?”, sino “¿este gasto público justifica el esfuerzo que van a hacer los contribuyentes?”.
Los impuestos no se pagan en abstracto: se pagan con salarios, beneficios, ahorro o inversión. Y lo mismo pasa con la deuda pública. Endeudarse no significa gastar dinero “del Estado”, sino comprometer la prosperidad de los españoles en el futuro. Cada euro de deuda recaerá sobre generaciones a las que nadie ha consultado. Solo pido a nuestros políticos: “recordad de dónde viene el dinero público”. Saber que viene de los contribuyentes, en definitiva de los ciudadanos, no debilita al Estado. Obliga a ser más responsables en el gasto público.
No llegaré tal lejos como De Gaulle, a quien se atribuye la siguiente frase: “He llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos”, que bien pudiera ser suya si tenemos en cuenta que acostumbraba a citar a su compatriota Clemenceau, que antes dijo algo similar respecto a la guerra y los generales. Yo sí creo que los políticos son necesarios, siempre que los ciudadanos mantengamos el control final y sepamos pedir responsabilidades cuando hay que hacerlo. “Cuando solo tienes una mano, es necesario mantenerla limpia”, afirmó Clemenceau. Y, desde luego, es mejor tener dos manos. La otra mano son los funcionarios, preparados e independientes, los únicos capaces de decir al político con criterio profesional -al margen de la ideología- hasta dónde puede llegar y hasta dónde no.
Y no, Señorías, las bonificaciones fiscales no son “un regalo de dinero público”. Un regalo no es devolver a alguien una parte de lo que se le quita. Lo que es un regalo es su sueldo si no nos demuestran qué han hecho de bueno para ganárselo.