El PSOE denuncia que el Plan Reside amenaza con expulsar a vecinos de barrios del centro de Madrid
El Grupo Municipal Socialista ha puesto el foco en los efectos que, a su juicio, puede tener el Plan Reside, la normativa urbanística impulsada por el Ayuntamiento de Madrid para regular las viviendas de uso turístico. Según los socialistas, el plan no solo no protege adecuadamente la vivienda residencial, sino que abre la puerta a que edificios completos sean convertidos en alojamientos turísticos por grandes fondos de inversión y promotores, con el consiguiente riesgo de que vecinos habituales tengan que abandonar sus hogares.
Los socialistas han advertido que este plan puede afectar de manera especialmente grave a barrios del centro histórico de Madrid, donde estiman que hasta el 73 % de los edificios podría transformarse en pisos turísticos bajo determinados supuestos, lo que —según su evaluación— intensificaría la presión sobre el mercado residencial y expulsaría a comunidades de vecinos tradicionales.
En respuesta a estas preocupaciones, el PSOE presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJM, que fue admitido a trámite. La formación sostiene que existen defectos de forma y de fondo en la normativa que justifican su revisión judicial y que no se garantiza igualdad de acceso a una vivienda asequible ni seguridad jurídica para los residentes en edificios potencialmente afectados.
El recurso socialista subraya que el plan, lejos de proteger el uso residencial, corre el riesgo de consolidar un modelo urbano orientado a la especulación inmobiliaria y a los intereses de grandes inversores, lo que, en su opinión, podría favorecer la expulsión de vecinos y modificar la fisonomía de barrios históricos con fuerte arraigo comunitario.
Las críticas al Plan Reside forman parte de un debate más amplio sobre la gestión de los pisos turísticos en Madrid, la vivienda asequible y la convivencia en zonas urbanas con alta presión turística. Mientras el Ayuntamiento defiende la normativa como una herramienta para ordenar el uso del suelo y frenar los alojamientos dispersos en edificios residenciales, la oposición y diversas asociaciones vecinales advierten de que la regulación podría tener consecuencias involuntarias para los residentes habituales de la capital.