Ayuso mantiene la batalla judicial contra el reparto desigual de menores migrantes
La Comunidad de Madrid mantiene su pulso con el Gobierno central por el reparto de menores migrantes. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, anunció este martes que el Ejecutivo regional volverá a acudir a los tribunales contra el acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros, al que tildó de “nefasto” y carente de transparencia.
Rodrigo recordó que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya presentó en marzo un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta fórmula de distribución, y aseguró que “se recurrirá por la vía judicial todo lo que afecte a este reparto injusto de menores migrantes”.
Críticas a la falta de transparencia
El consejero lamentó que en ningún momento se haya informado con claridad a las comunidades autónomas sobre los criterios de asignación. “El Gobierno central no ha explicado qué va a hacer ni ha garantizado un reparto equitativo. Estamos ante un Ejecutivo que oculta información y algo tendrá que esconder o, al menos, algo le tendrá que dar vergüenza”, señaló.
Asimismo, criticó que territorios como País Vasco y Cataluña no reciban menores migrantes, lo que, en su opinión, responde únicamente a la necesidad del presidente Pedro Sánchez de mantener sus pactos políticos. “No puede ser que algunas regiones estén exentas mientras otras tienen que asumir en solitario esta responsabilidad”, subrayó.
Estrategia judicial de la Comunidad de Madrid
Desde el Gobierno madrileño insisten en que continuarán “tomando todas las acciones necesarias, incluidas las judiciales, para garantizar un reparto igualitario y transparente”. Rodrigo defendió que la Comunidad de Madrid “no se opone a la acogida de menores”, pero exige un sistema que sea “claro, equitativo y sin favoritismos territoriales”.
El Ejecutivo autonómico considera que el actual modelo “sobrecarga” los recursos de Madrid y no permite planificar adecuadamente la atención de los menores, por lo que insiste en que la batalla judicial es la única vía para modificar el mecanismo aprobado por el Gobierno central.