El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulaba la Ordenanza de Terrazas de 2022, impulsada por el anterior equipo de Gobierno municipal. Esto significa que la normativa aprobada por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís queda definitivamente derogada, y la ciudad deberá regirse por la anterior normativa, la ordenanza de 2013, más permisiva en aspectos como horarios y número de terrazas.
Un revés judicial que genera inseguridad jurídica
La decisión del Supremo deja en “limbo administrativo” a las terrazas autorizadas bajo el marco de la norma de 2022, y genera una inseguridad jurídica de difícil gestión en plena cuenta atrás hacia el verano. Las licencias concedidas en los últimos dos años podrían ahora requerir revisión para adecuarse a la normativa anterior. “Esto puede conllevar incluso anulaciones o conflictos legales, especialmente si hay denuncias vecinales”, advierten desde el Grupo Municipal Socialista.
PSOE: “Una chapuza administrativa de Almeida”
Antonio Giraldo, responsable de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista, ha celebrado el fallo:
“Esta sentencia confirma la mala praxis del Gobierno de Almeida. Se trata de una ordenanza con deficiencias imperdonables, tramitada sin audiencia pública, sin evaluación ambiental y sin informe de impacto presupuestario. Una chapuza administrativa que ahora pagarán los madrileños en costas judiciales.”
El PSOE ya presentó en su momento el recurso que derivó en la anulación de la norma. Ahora, Giraldo reclama que el Ayuntamiento revise “una por una” las licencias otorgadas bajo el marco de la ordenanza de 2022, y acusa al Gobierno local de haber dilapidado recursos públicos en un recurso “sin viabilidad”, que ni siquiera fue admitido a trámite.
FRAVM: “Es el fracaso de una ordenanza sin consenso”
Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), también se han pronunciado con firmeza. Su presidente, Jorge Nacarino, ha calificado la sentencia como “la constatación del fracaso de una ordenanza sin espíritu de consenso”.
“El Ayuntamiento ignoró las 66 alegaciones de la FRAVM y de numerosas asociaciones de vecinos de distritos como Centro, Chamberí o Retiro. La norma priorizaba los intereses de la hostelería y desatendía las necesidades vecinales”.
La federación exige al Gobierno municipal que retome el desarrollo de una nueva ordenanza con verdadero diálogo y participación, que concilie ocio, hostelería y descanso vecinal.
El Ayuntamiento, obligado a aplicar la ordenanza de 2013
Tras el fallo, el Ayuntamiento está obligado a aplicar de inmediato la ordenanza de 2013. Sin embargo, fuentes municipales han admitido que se está trabajando en una nueva ordenanza, “muy similar a la anulada”, que estaría lista en diciembre.
Esto implica que las nuevas autorizaciones de terrazas se tramitarán con los criterios de 2013, mientras que las ya existentes podrían mantenerse, aunque sujetas a revisión. Un escenario que podría derivar en agravios comparativos entre establecimientos.
Multas, licencias y un escenario incierto
El cambio de normativa también abre interrogantes sobre posibles multas emitidas con base en la ordenanza de 2022, ahora inválida. Giraldo ha planteado que “habrá que analizar la validez de esas sanciones”, al igual que de las licencias concedidas desde entonces, cuya legalidad queda comprometida.
El Ayuntamiento no ha ofrecido, por el momento, una respuesta clara a qué sucederá con estas licencias. Todo apunta a que deberá revisarlas caso por caso, en función de si se ajustan o no a los parámetros de la ordenanza de 2013.
Un escenario complejo sin solución a corto plazo
En definitiva, la ciudad de Madrid entra en una etapa de inseguridad legal en la gestión del espacio público, justo en la antesala del buen tiempo, cuando las terrazas se multiplican en calles y plazas. El rechazo judicial a la ordenanza de 2022 fuerza al Consistorio a acelerar el diseño de una nueva norma, esta vez con mayor participación vecinal y con todas las garantías jurídicas.
